Aragonès apunta al CNI por el caso Pegasus: "Desclasificar la información es una obligación ética y moral"

BarcelonaEn la última década varias de las máximas autoridades del Govern han tenido que pasar por los juzgados por causas relacionadas con el Proceso, pero lo han hecho siempre como investigados o acusados. Este miércoles el presidente del Govern Pere Aragonès ha declarado ante el juzgado de instrucción 29 de Barcelona como víctima del espionaje al independentismo en el marco del caso Pegasus. Aragonés ha señalado expresamente ante el juez al CNI como los responsables del espionaje que, según la querella del president, se habría alargado unos 20 meses, entre julio de 2018 y marzo de 2020, un período clave para la política catalana y española. A la salida de los juzgados, tras declarar durante unos 45 minutos, Aragonès insistió en la necesidad de desclasificar la información relativa al espionaje con el software Pegasus: "El gobierno español tiene la obligación ética y moral de desclasificar la información", ha dicho.

Aragonés era uno de los 65 dirigentes independentistas espiados con el software Pegasus, que infectó su teléfono a partir de "mensajes trampa", según reveló un informe sobre el programa de la entidad canadiense Citizen Lab. Le espiaron cuando era vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía del Govern de Quim Torra, otro de los espiados en el marco del Catalangate. Aragonès se querelló contra la empresa propietaria del software, la israelí NSO Group, y contra el CNI, que posteriormente admitió que una veintena de independentistas habían sido víctimas del rastreo con Pegasus, pero con autorización judicial. Este mismo miércoles también debía declarar como investigada a la exdirectora de Inteligencia Paz Esteban, pero finalmente su declaración se ha aplazado hasta finales de enero.

La de Aragonès no fue la primera querella contra el uso de Pegasus. En el 2020 también denunciaron su uso el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, y el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. La causa, sin embargo, acabó archivada provisionalmente en mayo del 2022, después de que Israel no respondiera a las peticiones de información que hizo el juez.

Llegar hasta el fondo

Aragonès ha llegado a la Ciudad de la Justicia acompañado de su abogado, Andreu Van den Eynde, y su jefe de gabinete, Helena Ricomà. El presidente contestará a todas las cuestiones que el magistrado le plantee, dado que "su interés es que se esclarezcan todos los hechos", apuntan fuentes de Presidencia. Aragonés defiende llegar hasta el fondo para saber quién autorizó el espionaje, por qué y qué se ha hecho de la información hurtada, una cuestión que supuso un enfriamiento de las relaciones con la Moncloa en la primavera del 2022.

En Palau se espera "la máxima colaboración de todas las partes", un aviso para navegantes en el gobierno español, a quien el juez ya ha requerido que desclasifique documentos sobre el espionaje. A principios de semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se abría a atender esta petición siempre que el gobierno español entendiera que era "razonable, oportuno y conforme a la ley". Ahora bien, de momento esto no ha ocurrido y, según informa la Agencia Efe, el Tribunal Supremo se ha negado a facilitar al juzgado que investiga el caso de Aragonès las actuaciones que autorizó al CNI en el marco del espionaje. El argumento del alto tribunal es que el gobierno español sigue manteniendo la información bajo secreto. Aunque existe una petición expresa para desclasificar la información, de momento el gobierno español no la ha atendido –tampoco la justicia– y la exdirectora del CNI, a través de la Abogacía del Estado que lleva su defensa, ya ha recorrido en contra de la desclasificación de los documentos. La Fiscalía del Estado también se ha adherido a varios recursos para impedir que determinada información, como la compra y uso de Pegasus, llegue a ver la luz.