Aragonès defiende un acuerdo con el Estado para una nueva financiación de Catalunya este 2024

BarcelonaEl jueves de la semana pasada, Pere Aragonès se reunía con Pedro Sánchez en el Palau de la Generalitat para oficializar el inicio de la nueva etapa de diálogo con el Estado. Una nueva fase que el Govern quiere que sirva para poner en el centro la negociación de un referéndum pactado, pero también para ganar soberanía para gestionar el día a día. Y la reforma de la financiación autonómica está entre las medidas que el ejecutivo ve como primordiales para mejorar el autogobierno. De hecho, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encargado a la conselleria de Economía que presente una propuesta de "financiación singular", es decir, un nuevo pacto fiscal, en los próximos tres meses. El objetivo del presidente es llegar a un acuerdo con el Estado sobre esta cuestión el próximo año. "El 2024 debe ser el año en el que acordemos una financiación singular con el Estado que ponga fin a un déficit fiscal insoportable", ha afirmado Aragonès en su tercer discurso de Sant Esteve.

El presidente de la Generalitat quiere poner fin a un déficit fiscal que ha calificado de "insoportable" y conseguir que sea la Generalitat quien recaude todos los impuestos, además de definir una cuota de solidaridad. Una propuesta de la que recelan en el gobierno español. Pedro Sánchez, de hecho, apostaba la semana pasada por desarrollar las competencias de la Agencia Tributaria de Catalunya que establece el Estatut. Una tesis que también ha defendido este martes el líder del PSC, Salvador Illa, en una entrevista en el ACN: "Es un camino que se puede transitar".

Nueva etapa de diálogo y amnistía

Aparte de esta cuestión, Aragonès ha reivindicado algunos de los frutos de la negociación con el Estado como el traspaso de Rodalies o también la gestión del ingreso mínimo vital. Esta última cuestión es una de las que pactó Aragonès con Sánchez el pasado jueves, donde también acordaron que la primera reunión de la mesa de diálogo para abordar el conflicto político sea antes del próximo mes de abril. "El 2024 debe ser el año en el que abordemos la segunda fase del proceso de negociación con el Estado, donde Catalunya debe poder decidir libremente su futuro", ha reiterado Aragonès. El Govern quiere poner sobre la mesa del gobierno español el acuerdo de claridad elaborado por un grupo de expertos que presentaron este otoño.

Esta nueva fase de diálogo con el Estado debe ir en paralelo con la materialización de la ley de amnistía para los encausados del Procés, ha subrayado Aragonès: "El 2024 debe ser el año en que la ley de amnistía se aprueba, se aplica plenamente y permite recuperar la libertad y el regreso a Catalunya de las personas represaliadas por su compromiso con el referéndum. La normativa ha comenzado hace unas semanas su tramitación en el Congreso.

Una "mayoría" por las cuentas

El Govern cierra el año sin nuevos presupuestos para el próximo año. Por eso Aragonès también ha aprovechado su discurso institucional para pedir "responsabilidad y compromiso" a los grupos parlamentarios, especialmente al PSC y a los comunes –que ya avalaron las cuentas del año pasado– aunque el Govern también está explorando el apoyo de Junts y la CUP. Aragonès ha asegurado estar dispuesto a "construir" una mayoría en el Parlament para hacer posibles las cuentas. "Así lo pido a los grupos parlamentarios y tengo el convencimiento de que todos estaremos a la altura", ha remarcado.

Este año, Aragonès ha pronunciado su discurso desde el depósito del Rey Martí -el año pasado lo hizo desde la Biblioteca de Catalunya y hace dos años en la escuela Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma de Gramenet–. Este depósito fue restaurado en 2016 y está situado en Sant Gervasi, cerca de la torre Bellesguard de Antoni Gaudí, edificada sobre la última fortaleza de Martí L'Humà. El presidente ha querido transmitir, así, su "compromiso" para afrontar la grave crisis de sequía que vive Catalunya. Una crisis que Aragonès ha reiterado que "requerirá un esfuerzo" de toda la sociedad, el mismo esfuerzo que será necesario para afrontar la crisis educativa derivada de los resultados de el último informe PISA.