Aragonés ya tiene oficina de expresidente. ¿Dónde están y cuánto cuestan las demás?

BarcelonaLa elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat le convierte en el 133º, y hace a la vez que Aragonés sea el séptimo expresidente vivo. La semana pasada Pere Aragonès anunció la creación de su oficina de expresidente, que instalará en un edificio anexo al Palacio de Pedralbes de Barcelona, ​​titularidad de la Generalitat. Todos los expresidentes que mantienen oficina la tienen en Barcelona, ​​excepto Quim Torra.

Carles Puigdemont la instaló en el Palau Centelles, pese a estar en el exilio desde el 2017, y Artur Mas en el Palau Robert. La de Montilla está en un despacho privado –como las de Jordi Pujol y Pasqual Maragall– en la avenida Diagonal, y Torra la instaló en Casa Solterra, en Girona. Pujol renunció a su oficina cuando confesó la deja del abuelo Florenci y pactó que se le quitaran los derechos económicos y protocolarios, aunque estos últimos nunca se le han retirado.

¿Pero a qué se dedican los expresidentes? Lo explicitan las memorias que deben presentar las oficinas con el reflejo de su actividad. Básicamente, atender a las obligaciones protocolarias, con la participación en actos y visitas, la acogida de reuniones, la publicación de artículos, libros o comunicados, la concesión de entrevistas y la recepción de estudiantes, viajes e incluso el impulso de un podcast. Algunos expresidentes vinculan su actividad a cuestiones como la lengua o la independencia, y existen expresidentes con otras prioridades. El mantenimiento y actividad de las oficinas tiene un coste, que también reflejan las memorias. Ahora bien, ningún expresidente de la Generalitat ha agotado la dotación de 60.000 euros anuales.

En 2023, Torra gastó 21.028 euros, la mayor parte en gastos de seguridad y comunicación; Puigdemont, 18.665, sobre todo en alojamiento y desplazamientos; Mas, 44.873, mayoritariamente en seguridad y en la creación de un podcast, y Montilla, 34.537, principalmente por el mantenimiento de la web y para prensa. Maragall ya no mantiene la oficina, pero el Govern acordó que su dotación se le siguiera transfiriendo para atender las necesidades de la enfermedad que padece, el Alzheimer. En 2023 fue de 42.350,40 euros.

Las oficinas tienen como trabajadores a un jefe de la oficina, un responsable de comunicación y un responsable de secretaría. Los sueldos del personal de la oficina no se incluyen en los gastos que presentan las memorias, pero asciende a 194.727,04 euros al año en total para cada oficina, es decir, cerca de 800.000 euros entre las cuatro que tienen personal. El objetivo de todo ello es, según la ley, que “puedan atender a sus necesidades personales y políticas con la dignidad y el decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas”, y desde las oficinas valoran el simbolismo que tiene la figura del presidente de la Generalitat y dicen que garantizar estos elementos dignifica a la institución y al autogobierno catalán.

Asignaciones y pensiones

Más allá de la oficina, la ley establece que un expresidente tiene derecho a dos tipos de asignaciones retributivas: una temporal y una vitalicia. La temporal la reciben durante la mitad del tiempo que han estado en el cargo –con al menos cuatro años– y corresponde al 80% del sueldo que cobran los presidentes. Aragonés percibirá 9.078,50 euros al mes durante cuatro años, unos 435.744 euros en total.

Pujol recibió 1.288.000 euros hasta el 2014. Es quien más ha cobrado de asignación –también es quien más años había ejercido de president–, seguido de Maragall (534.000 euros), Mas (476.000 euros), Torra (ha recibido 397.000 euros, más lo que le corresponde en este 2024), y Montilla (179.000 euros, porque dejó de percibirla cuando fue senador). A esto se le suma la pensión vitalicia a partir de los 65 años, del 60% de la retribución del presidente e incompatible con la asignación de expresidente. En el 2023 sólo la recibían Mas y Maragall, de 91.941,22 euros al año. Desde 2003, el erario público ha pagado 4.331.203,04 euros en concepto de asignaciones y pensiones vitalicias a los expresidentes de la Generalitat.

Todo esto es incompatible con tener ningún cargo público. Los únicos presidentes que lo han tenido después de serlo han sido Montilla, que fue senador, y Puigdemont, que es diputado en el Parlament y fue eurodiputado, pero que renunció a las prerrogativas (económicas, no protocolarias ni en la oficina) reconocidas a los expresidentes apenas fue destituido por el 155 por considerarse todavía presidente legítimo. Tampoco se percibe si se trabaja en el ámbito privado o se participa en consejos de administración de empresas, pero sí se mantiene la oficina. Montilla no recibe la pensión vitalicia por ser conseller de Enagás.

La ley que regula el estatuto de los expresidentes se aprobó en el 2003, justo antes de que la Generalitat tuviera un primer expresidente –Pujol– y tuvo que reformarse en el 2015 para dar encaje a la renuncia que había formalizado. Entonces es cuando se reguló la posibilidad de retirar el estatuto de expresidente y obligar a quienes lo son a presentar la memoria anual, con la descripción de las actividades y los gastos de su oficina.

¿Cómo lo regula el resto de comunidades?

Cataluña es de las comunidades autónomas del estado español que más medios pone a disposición de los expresidentes. Tan sólo Extremadura tiene un régimen casi igual al de la Generalitat, y en otras comunidades como Navarra, Galicia y Andalucía tienen derecho oa asignación temporal oa pensión, y en Castilla-La Mancha y en el País Valenciano, y también en Andalucía, tienen oficina de expresidente.

Por otra parte, los expresidentes del gobierno español pueden disponer de una oficina dotada de un presupuesto anual de 74.508 euros al año (2023), y además pueden cobrar una asignación del 80% del sueldo de presidente (103.498,22 euros) anuales, actualmente) durante dos años, siempre que no tengan otro cargo público, ocupación privada o cobren una pensión. Este mismo régimen se aplicará también a los ministros y altos cargos del Estado. En la mayoría de países europeos y en Estados Unidos, los expresidentes tienen derecho a una oficina con personal y seguridad, y en muchos casos pueden recibir asignaciones vitalicias.