La justicia española rechaza ayudar a Andorra en la investigación contra Rajoy por la operación Catalunya

BarcelonaLos tribunales españoles no colaborarán con la justicia andorrana en la investigación al expresidente Mariano Rajoy y otros miembros de su gobierno, todos ellos imputados en Andorra en la llamada operación Catalunya. La resolución de la Audiencia de Madrid, que se ha hecho pública este martes, deniega la solicitud de ayuda asegurando que no detalla suficientemente los hechos ni tampoco los individualiza, hechos por los que acepta los recursos de los imputados y deniega la comisión rogatoria que había aceptado un juzgado de primera instancia.

La justicia andorrana había pedido colaboración para que se hiciera llegar las imputaciones a Rajoy, a sus ministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, ya otros sospechosos habituales de las cloacas del Estado como Francisco Martínez , ex secretario de estado de Seguridad; Ignacio Cosidó, ex director de la Policía Nacional; el comisario Eugenio Pino y el inspector Bonifacio Díez. Los tribunales andorranos pretenden citarlos a declarar, entre otros por las presiones sobre la familia Cierco (Banca Privada de Andorra, BPA) para conseguir información sobre la familia Pujol.

Según la Audiencia de Madrid, si se tratara simplemente de la notificación de que se haya presentado una querella contra ellos, no habría habido problema para aceptar la comisión rogatoria, ya que cumpliría con lo que prevén los protocolos internacionales ayuda judicial. Ahora bien, rechaza la colaboración porque las querellas ya han sido aceptadas y se trata de comunicar las imputaciones: los jueces españoles entienden que debería haberse hecho llegar la exposición sumaria de los hechos y su descripción individualizada. Así pues, ni Rajoy ni el resto de imputados en Andorra tendrán que declarar, al menos de momento, ante la justicia andorrana.

El origen de las querellas

La investigación deriva de una querella presentada en 2020 por la entidad Drets y el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, a la que se acabaron sumando el expresidente de la BPA Higini Cierco y también la familia Pujol como perjudicados. Los demandantes señalan que se habrían cometido los delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, y acusan a Rajoy y Fernández Díaz de enviar policías a presionar a los responsables de la BPA para conseguir información de las cuentas bancarias de políticos catalanes, entre los cuales los de Artur Mas, Oriol Junqueras o la familia Pujol.

En 2022 la juez de instrucción número 2 de Andorra, Stéphanie García, admitió a trámite la querella y emitió las comisiones rogatorias para notificarla a los denunciados, pero nadie se ha acabado presentando nunca ante ella y la justicia española, que en primera instancia parecía aceptar colaborar con ella, parece que ahora tampoco le va a ayudar a conseguirlo. La Fiscalía se ha posicionado junto a Rajoy y el resto de demandados durante el procedimiento.