La batalla ideológica de PP-Vox y el PSOE sobre el franquismo llega al TC

MadridLa batalla del gobierno español contra las llamadas leyes de "concordia" impulsadas por el PP y por Vox ya se ha trasladado al Tribunal Constitucional (TC) después de meses de advertencias. El ejecutivo de Pedro Sánchez, con el aval de la ONU, de la mayoría plurinacional en el Congreso y de entidades memorialistas, hace frente a lo que todos ellos denuncian como un intento de blanquear la dictadura franquista e invisibilizar a las personas que la van sufrir. "Las leyes antimemoria son un ataque al derecho internacional ya nuestra democracia", afirmó el presidente español a principios de mes en un acto de homenaje a las víctimas del exilio republicano, donde reiteró el aviso de que utilizará "todos los medios" para proteger los pasos dados desde la Transición y que la llegada de la extrema derecha a las instituciones de la mano de los populares está poniendo en cuestión.

La cruzada ideológica de Vox, que el PP ha adoptado impulsando estas controvertidas iniciativas en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana a cambio de conseguir gobernar en estas comunidades autónomas, "podría afectar a la obligación de la estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”. Es lo que afirmaron tres relatores de la ONU en un informe emitido después de que el gobierno español les elevara la problemática y en el que instaban a Sánchez a "adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos". Amparándose en esta instrucción de la ONU y en un informe del Consejo de Estado favorable a acudir al TC, Ángel Victor Torres anunció este martes la luz verde del consejo de ministros en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la única iniciativa aprobada hasta ahora, la de Aragón. Una vez que la admita a trámite el TC, la ley impugnada quedará suspendida.

Fue a mediados de febrero cuando las Cortes aragonesas derogaron la ley de memoria democrática que había estado vigente hasta ese momento en cumplimiento del acuerdo de coalición. El objetivo es sustituirla por un "plan de concordia" todavía en redacción que tanto la izquierda como las asociaciones de defensa de la memoria histórica consideran que atacará la dignidad de las víctimas del franquismo por mucho que PP y Vox aseguren que el que pretende es "reconocerlas todas sin distinción". Se trata del mismo argumentario utilizado en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde han registrado leyes todavía en tramitación que suprimen la palabra dictadura y recortan las posibilidades de reparación de sus víctimas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática avisó de que si los textos no se modifican, también terminarán en el TC.

¿Qué ha derogado Aragón?

La derogación de la ley de memoria aragonesa implica la retirada de placas de señalización de campos de concentración y otros sitios de memoria, así como del mapa de fosas comunes, según destacó Torres en rueda de prensa. La norma también establece la supresión del registro de entidades de memoria democrática, del portal web institucional del gobierno de la autonomía y de las actuaciones en las escuelas para difundir las consecuencias de la represión franquista. "Invisibilizan" a las víctimas y dificultan el trabajo de las entidades, criticó el ministro, quien argumentó que todo ello incumple el deber de la autonomía de colaborar con el Estado, que desde el 2022 tiene en vigor la ley de memoria democrática, que amplió la de memoria histórica impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una constatación que también recoge el informe de la ONU, que ve esta "invisibilización" en que la derogación aprobada por Aragón "no haga referencia explícita ni condene al régimen, su carácter dictatorial, o la su responsabilidad por los crímenes cometidos en este período". De hecho, la exposición de motivos de la ley aragonesa, aparte de obviar todo esto, replica que la norma que deroga hacía una "idealización extrema de la Segunda República" y le atribuye una "visión partidista de la historia", en a su juicio, por haber "excluido" a las víctimas de la violencia política republicana, que el PP y Vox equiparan con la franquista.

El contragolpe del PP

La dirección del PP ha mirado hacia otro lado ante ese intento de destruir la recuperación de la memoria histórica y del relato negacionista que adoptan estas normas. Alberto Núñez Feijóo argumentó que los populares no tienen "ningún inconveniente" en decir que "el franquismo fue una dictadura", si bien estas leyes lo obvian y defienden como "concordia" un relato que minimiza los crímenes franquistas. La decisión del gobierno español de ir al TC se produce en plena campaña de las europeas, cuando vencen sus tres meses de margen para llegar a un acuerdo con Aragón que no se ha producido por la negativa de la autonomía a negociar.

Los populares han dejado para tras el 9-J seguir impulsando las leyes de "concordia" a las otras dos autonomías y contraatacan poniendo el foco en la ley de amnistía, que justamente Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León han confirmado esta misma semana que llevarán al TC en el marco de la ofensiva de los populares contra la norma que, a su juicio, sí supone un ataque a la democracia y no es "en defensa de la concordia entre españoles", cómo ha argumentado el PSOE.