Poder judicial

El bloque conservador del CGPJ fuerza que se debata llevar a Europa la reforma de PSOE y Podemos

La petición llega después de que tres de las cuatro asociaciones judiciales advirtieran a Bruselas del "riesgo de violación grave del estado de derecho en España"

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Ot Serra
3 min
Pleno del Consejo  General del Poder Judicial para discutir la respuesta a la reforma de la ley impulsada por PSOE y Podemos

MadridCinco vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han forzado que este jueves el pleno debata llevar a Europa la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos que recorta sus competencias. El cambio principal es que el órgano de gobierno de los jueces en funciones no puede seguir haciendo nombramientos en plazas vacantes. El movimiento de estos integrantes del CGPJ llega una semana después de que tres de las cuatro asociaciones judiciales enviaran un escrito a la Comisión Europea advirtiendo de la posibilidad de que se produzca una "violación grave del estado de derecho en España".

Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya han introducido a la orden del día del pleno que se debata dirigirse a Bruselas para abordar las siguientes cuestiones: pedir colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que se pronuncien sobre la reforma, dirigirse a la Comisión Europea de cara a la preparación del informe sobre el estado de derecho del 2021 y examinar "los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente al CGPJ".

La ofensiva de la derecha judicial contra el ejecutivo de Sánchez sigue mientras las negociaciones de PSOE y PP para renovar el CGPJ se encuentran encharcadas. Desde que el presidente español empezó a explorar vías alternativas para intervenir en el órgano presidido por Carlos Lesmes, no han cesado los debates y comunicados sobre las iniciativas parlamentarias de los dos socios de gobierno. La propuesta de reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ conllevó un toque de alerta desde Europa y el pleno optó mayoritariamente por no valorarla, a pesar de que en un comunicado que dividió a los vocales expresó que seguía con "preocupación" los adelantos de la iniciativa. Temían que pudiera vulnerar la independencia judicial.

Más tarde, la propuesta light de reforma llevó al CGPJ a reabrir el debate. De manera más mayoritaria, el pleno acordó instar al Congreso a pedir a Europa, a las asociaciones de jueces y fiscales y al propio CGPJ su papel sobre la nueva ley. La cámara baja sacó adelante la tramitación y ahora la derecha judicial está dispuesta a librar batalla contra el ejecutivo, aunque esto suponga que Bruselas pueda poner en entredicho el estado de derecho español. En cualquier caso, no sería una novedad porque los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ya han avisado de los riesgos de politización de la justicia en España los últimos años.

Hacer "una interpretación restrictiva" de las nuevas limitaciones

Aparte de la intención de los cinco vocales conservadores, el pleno del CGPJ también tendrá el jueves sobre la mesa un informe sobre la reforma de la LOPJ solicitado por Lesmes. El gabinete técnico concluye que la prohibición de hacer nombramientos también tiene que afectar a los cargos de la jurisdicción militar y que el órgano de gobierno de los jueces no podrá aprobar convocatorias para ocupar cargos de carácter discrecional ni hacer ninguna actuación destinada a facilitar la resolución de un procedimiento para cubrir vacantes.

En el informe también se subraya que, más allá de la reforma de la ley, el CGPJ tiene que seguir actuando de la manera más parecida posible a cómo lo haría si tuviera el mandato vigente. "Las limitaciones están justificadas en la medida que afecten a decisiones que condicionen o comprometan las decisiones del nuevo CGPJ o dificulten o impidan su revocación", dice el texto. El resto de funciones se tendrían que seguir ejerciendo y, por lo tanto, habría que hacer "una interpretación restrictiva" de las reformas aplicadas con la nueva ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.

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