Tribunales
Política 03/06/2022

Borràs pidió a la ILC que pagara una factura pendiente a Isaías Herrero: "Si conviene, ya se lo pagaré yo"

El TSJC ordena volcar las conversaciones entre la presidenta del Parlament y un funcionario de la institución, y pide más informes a los interventores de la Generalitat

ARA
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La presidenta del Parlamento , Laura Borràs, en una imagen de archivo

BarcelonaEl junio de 2018, cuando ya era consellera de Cultura, Laura Borràs envió un audio de WhatsApp a un funcionario de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), el organismo que había dirigido hasta unos meses antes, pidiéndole que pagara a Isaías Herrero, amigo suyo, un trabajo que había hecho para la ILC. “Me dice que no se le pagó la factura de diciembre”, le dijo al funcionario en un mensaje de voz avanzado por El Nacional y el contenido del cual ha podido verificar el ARA. En el mismo audio, la ahora presidenta del Parlament se ofreció a pagar el trabajo: "Yo ya le he dicho [a Herrero] que, si conviene, ya se lo pagaré yo".

Este funcionario, igual que Borràs, está investigado en la causa que tiene abierta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la presunta contratación a dedo de varios proyectos a Herrero mientras ella estaba al frente del organismo. La semana pasada, el trabajador declaró ante el juez y expuso el contenido de este mensaje y de otro anterior, de febrero de 2018, en el que la futura presidenta de Junts le explicaba que se había enterado de que un agente de los Mossos d'Esquadra se había presentado a la entidad pidiendo por los contratos con este amigo de Borràs. “Si vuelve a venir, avísame enseguida”, le pidió.

El magistrado ha ordenado que la semana que viene se vuelque el contenido entero de las conversaciones entre el funcionario y Borràs, tal como ha pedido el abogado de la ahora presidenta del Parlament, Gonzalo Boye. Según fuentes judiciales consultadas por el ARA, el juez también ha pedido que los interventores de la Generalitat le remitan todos los informes que hicieron sobre Borràs mientras era directora de la ILC. Según consta en la causa, en al menos una ocasión la intervención de la Generalitat la advirtió que estaba abusando de los contratos menores, que se adjudican a dedo, a la ILC. Borràs presentó alegaciones asegurando que este tipo de contratos eran legales y dio instrucciones a sus subordinados para que continuaran utilizándolos, según aseguró el funcionario investigado, que señaló Borràs como la única responsable de la contratación bajo sospecha.

La Fiscalía acusa Borràs de haberse aprovechado de su cargo a la ILC para favorecer a su amigo. Ella siempre lo ha negado y ha cuestionado al ministerio público de crear una causa política en su contra. La instrucción está en la recta final y una vez se haga el volcado del móvil del funcionario -que pedirá que se archive su investigación- y llegue la documentación de los interventores de la Generalitat se podría dar por cerrada. Entonces la Fiscalía tendrá que decidir si pide que se envíe a juicio a Borràs y al resto de los investigados. 

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