Boye pide al juez que deje estar al fallecido de Tsunami y lamenta "el acoso" a la familia

BarcelonaLa muerte de un ciudadano francés por problemas cardíacos durante las protestas de Tsunami Democrático en el aeropuerto de Barcelona sigue trayendo cola. Ante los intentos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por situar este suceso en los hechos investigados por terrorismo, el abogado Gonzalo Boye ha pedido que se dejen estar el difunto y la familia. El letrado, que ejerce la representación de Josep Lluís Alay, lamenta que el instructor quiera "transformar una muerte fortuita en un asesinato terrorista" y se pregunta qué va a pensar Francia de una causa que, según argumenta, criminaliza el derecho a protesta ejercido por los manifestantes ante la sentencia del Proceso.

En un escrito consultado por el ARA, Boye se hace eco de un artículo publicado por El Español donde la hija del ciudadano francés fallecido lamentaba que nadie se hubiera puesto en contacto con ellos durante cuatro años en cuanto al fallecimiento de su padre. "Alguien les está intentando utilizar con fines políticos, y los órganos jurisdiccionales no pueden estar de acuerdo", dice el letrado, que condena "el acoso" que ha denunciado a la familia del fallecido.

Si el caso hubiera tenido vínculos con delitos de terrorismo, argumenta Boye, deberían haberse activado todos los mecanismos de información y acompañamiento que asisten familiares y víctimas de acuerdo con el derecho europeo. Esto no se hizo, porque en ningún momento durante los últimos cuatro años (hasta el inicio de las negociaciones de investidura) el terrorismo estuvo sobre la mesa. El letrado reprocha al juez haber hecho públicos los datos personales del fallecido, lo que "solo ha servido, hasta ahora, para conseguir que se acose mediáticamente a una familia que ya había empezado a superar el dolor de una muerte fortuita".- _BK_COD_ La inclusión de la muerte del ciudadano francés en la investigación de la causa de Tsunami sacudió las negociaciones de investidura sobre la ley de amnistía por la dificultad de incluir un posible delito de sangre por terrorismo, un punto que todavía puede abrir debates en su tramitación parlamentaria. La Fiscalía rehusó de lleno que esta muerte pueda atribuirse a las protestas oa sus organizadores, y hace unas semanas los Mossos d'Esquadra informaron al juez de que el fallecimiento ni siquiera figuraba en sus informes. Por todo ello, Boye pide que se abandone esta "línea de actuación" y se enmiende lo que considera una "desviación de poder".

Marta Rovira se persona en la causa

Quien también ha dado un paso adelante en la causa de Tsunami Democrático es la secretaría general de ERC, Marta Rovira. Considerada por los investigadores una de las coordinadoras de la plataforma, con el seudónimo de Matagalls. La Audiencia Nacional había pedido a las autoridades suizas que la localizaran con una comisión rogatoria, pero la defensa de Rovira, que ejerce el letrado Iñigo Iruin, ya ha avisado de que no hace falta que la busquen más: se ha personado en la causa y ha pedido acceso a las diligencias para poder defenderse. El juzgado le replicó que no aportó una dirección donde se la pueda localizar, y pidió a la Fiscalía que se posicione sobre la petición.

La causa continúa a la espera de la tramitación de la ley de amnistía y la incógnita sobre si el redactado final superará todos los filtros para dejarla sin efectos, tal y como defienden los partidos independentistas. Por ahora, quienes sí se han salvado del juicio sin intermediación de esta ley han sido 27 policías investigados en Girona por cargas durante el 1-O. El juzgado de instrucción ha archivado definitivamente la investigación.