Imputan por primera vez a dos guardias civiles por el caso Pegasus
La jueza también cita a declarar como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban
BarcelonaUna jueza de Barcelona ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, por el espionaje al independentismo con Pegasus, según informa la agencia Efe. Todo nace a raíz de una querella que presentaron cinco de los afectados por este espionaje, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala. El pasado mes de septiembre la juez admitió esta querella por considerar que los hechos denunciados podían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
La jueza también ha citado a declarar como investigada a la exdirectora del CNI Paz Esteban, además de directivos de la empresa israelí NSO, que es la que comercializa el software Pegasus, y también, por primera vez en España, directivos de Candiru, software de espionaje del que hasta ahora el gobierno español no. La querella se presentó el 30 de abril del pasado año contra Azón –que fue director del instituto armado entre el 2018 y el 2020– y Gámez –que dirigió la Guardia Civil hasta el 2023–, pero también contra Esteban, que ya está imputada en otras cuatro causas relacionadas con este caso, y también.
Esta querella es la primera que se presenta por el uso del software espía Candiru. Se trata de un software que los querellantes aseguran que fue utilizado por la Guardia Civil para infectar a sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democrático, que convocó las protestas contra la sentencia del Proceso. Los querellantes mantienen que esta infección fue acreditada por análisis realizados por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo.
De hecho, los querellantes –empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance– presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.
En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes –Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives–, todos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional. Según este grupo, durante dos años, desde el 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru –software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y activar remotamente el micrófono y la cámara–, y cifra en 78 los ataques contra los que él.
