El caos ferroviario deja al descubierto las costuras del gobierno de Illa con Rodalies

BarcelonaPor segundo día consecutivo, Cataluña sigue sin servicio de Cercanías a raíz del descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención. El Gobierno anunció el miércoles por la noche que el jueves por la mañana se reanudaría el servicio, pero unas horas después los usuarios que se dirigieron a las estaciones se encontraron con que, un día más, los trenes seguían sin funcionar. Mientras la oposición se abalanza sobre el ejecutivo, comandado durante la convalecencia médica del presidente por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, el Gobierno se defiende: señala a los maquinistas como responsables y ya ha anunciado un expediente a Renfe por no prestar el servicio. "La seguridad es innegociable, pero tampoco podemos jugar con la movilidad de los ciudadanos de esta forma", ha dicho el comisionado para el traspaso de Cercanías, Pere Macias. Por otro lado, los sindicatos claman contra el estado de una red que acumula décadas de desinversión e incidentes cada semana, con el fantasma del accidente en Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 45 personas como precedente.

Ahora bien, ¿por qué anunció el Gobierno la reanudación del servicio, si no lo tenía garantizado? Fuentes del ejecutivo aseguran que lo hicieron porque había un documento de Adif que constataba que la red está en condiciones de seguridad como para que los trenes vuelvan a circular por ella. Con todo, Dalmau ya apuntó, en una comparecencia junto a la consejera de Territorio, Silvia Paneque, que la situación podría ser "compleja", también desde un punto de vista de las "relaciones laborales", dejando entrever que los maquinistas podrían rebelarse y montar una huelga encubierta. "Pero no teníamos ninguna confirmación de huelga alguna", apuntan fuentes de Presidencia. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido la negativa a reanudar el servicio al "'estado anímico" de los maquinistas tras los accidentes mortales, y no a las condiciones de la infraestructura.

La disputa entre maquinistas y Govern pone de manifiesto las limitaciones de la Generalitat para controlar el servicio de Cercanías, de la que es titular desde el 2010, cuando se firmó el traspaso parcial. Entonces, la Generalitat asumió su gestión, regulación y planificación, es decir, su capacidad para gestionar horarios y precios. En cambio, quedaron en manos del Estado dos de los elementos que más quebraderos de cabeza dan todavía al Gobierno en la gestión del caos ferroviario: las infraestructuras de la red viaria –lo que incluye las vías y las catenarias– y el personal.

El futuro del traspaso

La empresa mixta de nueva creación que debe completar el traspaso de Cercanías se presentó hace unos días. Participada por Renfe (50,1%) y la Generalitat (49,9%) será, cuando se complete el traspaso, quien se encargue de la totalidad del servicio, empezando por la R1. Ahora bien, no cambiará la situación de los maquinistas, con quien se acordó que siguieran dependiendo de Renfe. Una decisión que generó mucha polémica, pero a la que acabaron dando el visto bueno tanto el Govern, como los sindicatos y también ERC, con los que el PSOE ha pactado el traspaso de Cercanías.

En todo caso, el paso adelante en la gobernanza de Cercanías que dará la Generalitat con esta operación no asumirá su control total —al menos, según el ministerio de Transportes. Puente ha mantenido este jueves que la red de Cercanías es "intransferible", dado que buena parte se integra en la llamada red ferroviaria de interés general. "Estaría troceando algo que interconecta a todos, y que sirve a todos", ha advertido en otra entrevista en la Cope. El ministro se refiere a que por las vías por las que circulan los trenes de Cercanías pasan también trenes de mercancías, regionales y de larga distancia.

Un caos que se repite

No es la primera vez que el Gobierno de Salvador Illa debe enfrentarse a las críticas por el mal funcionamiento de los trenes. En marzo del año pasado, Isla acabó debiendo comparecer ante el Parlament a raíz deuna semana horribilis al servicio, con usuarios caminando por las vías por trenes averiados entre Gavà y Bellvitge-Gornal, cortes en varias líneas y un apagón general al servicio de información en las estaciones. El presidente se disculpó y, desde el Gobierno, apuntaron a la falta de inversión en las infraestructuras ya desde la época en que gobernaba el PP, pero también Junts, en la Generalitat. Es una causa que admite incluso Puente, aunque defiende que, desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno español (presionado por los partidos catalanes en el Congreso) se ha tratado de remediarlo. "Cercanías arrastra infrafinanciación y deterioro de las infraestructuras, y además tiene un trazado muy singular que transcurre por lugares muy complejos", reconoció este miércoles.

Todos los partidos del arco parlamentario han exigido al Gobierno explicaciones por este nuevo episodio de desbarajuste en las Cercanías. Especialmente contundente ha sido el líder de Junts, Carles Puigdemont, quien en un vídeo en X ha asegurado que Catalunya vive un "colapso por la incompetencia, dependencia y falta de liderazgo". "La propaganda del Gobierno no ha aguantado la realidad del país. Y ha llegado el momento de decir 'basta", ha dicho. Puigdemont ataca así la línea de flotación de lo que ha sido la estrategia del gobierno de Illa desde que llegó a la Generalitat: presumir de buena gestión y estar centrado en la mejora de los servicios públicos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el líder de ERC, Oriol Junqueras: "El gobierno de quienes dan lecciones de gestión queda ahora retratado. Avanzar hacia la gobernanza de Cercanías es imprescindible", ha añadido, sobre el traspaso pactado por ERC en la investidura de Pedro Sánchez. Desde los Comunes, Jéssica Albiach ha reclamado una auditoría de las vías cada seis meses, haciendo públicos los resultados sobre el estado de la red.

Sánchez, también en la diana

Si la Generalitat está siendo foco de las críticas por el caos ferroviario, tampoco se libra el gobierno español. "No es un accidente que haya ocurrido de golpe. No ha sido por casualidad", ha criticado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, señalando a Puente como responsable. En opinión de los populares, es un "insulto a la inteligencia" que el gobierno español esgrima que se ha incrementado la inversión cuando, al mismo tiempo, ha aumentado la explotación de las vías con la entrada de nuevos operadores como Iryo. Los populares ya han reclamado que Sánchez comparezca de forma urgente en el Congreso, junto a Puente —informa Andrea Zamorano.

Desde Vox, Santiago Abascal sigue apuntando al gobierno español no sólo como responsable del desbarajuste, sino también de los fallecidos en Adamuz: "Hay un silencio cómplice con una tragedia, que no es natural y que tiene motivaciones, que ha pasado por algo, había alertas de maquinistas sobre lo que estaba pasando y no se quiso escuchar", sostuvo.