El caos ferroviario deja al descubierto las costuras del gobierno de Illa con Rodalies

BarcelonaPor segundo día consecutivo, Cataluña no ha tenido servicio de Cercanías a raíz del descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención. El Gobierno anunció el miércoles por la noche que el jueves por la mañana se reanudaría el servicio, pero unas horas después los usuarios que se dirigieron a las estaciones se encontraron con que los trenes no circulaban. Mientras la oposición se abalanza sobre el ejecutivo, comandado durante la convalecencia médica del presidente por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, el Gobierno se defiende: sostiene que si el servicio no se ha reanudado ha sido porque "no ha sido posible" reactivarlo con sólo seis maquinistas (de 140) que no se han presentado a trabajar. Por otro lado, los maquinistas claman contra el estado de una infraestructura que acumula décadas de desinversión, con el fantasma del accidente en Adamuz (Córdoba) donde fallecieron 45 personas como precedente, y mantienen que ya avisaron de que, sin garantías, no volverían a los convoyes.

¿Por qué anunció el Gobierno la reanudación del servicio, si no la tenía garantizada? En rueda de prensa, la consellera de Territori, Silvia Paneque, ha explicado que lo hicieron una vez Adif les hizo llegar un certificado "de garantía del sistema" que lo avalaba, documento que se trasladó a los trabajadores. A primera hora, el comisionado para el traspaso de Cercanías, Pere Macias, ha anunciado un expediente a Renfe por la situación "intolerable" de no garantizar la movilidad de la ciudadanía. Paneque ha mantenido un tono más suave y, de hecho, ha evitado hablar de huelga encubierta o señalar a los sindicatos, con los que la Generalitat ha firmado un acuerdo para la reanudación que, sin embargo, no pone fecha al restablecimiento total del servicio y le condiciona a "revisiones extraordinarias" pendientes.

La posibilidad de que los trabajadores se resistieran a volver al trabajo ya era una amenaza desde este miércoles por la noche, por lo que Dalmau apuntó que la situación este jueves podría ser "compleja". Sin embargo, fuentes del ejecutivo catalán aseguran que en ningún caso se esperaban una plantada en bloque, y añaden que Renfe tampoco se lo vio venir. Lo que trasladan desde el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, es otra versión: "Cuando supimos que se restablecía el servicio, ya comunicamos a todos los responsables de la Generalitat y de Renfe que necesitábamos el informe [de las revisiones] que no se había elaborado. Ya sabían que el servicio no se había podido," criticado el secretario general de Semaf, Diego Martín, en declaraciones al 3CatInfo. Fuentes de Territori niegan que se les trasladara esta posición y aseguran que su interlocución es con Renfe. Este jueves, Paneque se ha reafirmado en que la actuación del Gobierno "ha sido la adecuada".

El futuro del traspaso

La disputa entre maquinistas y Govern pone de manifiesto las limitaciones de la Generalitat para controlar el servicio de Cercanías, de la que es titular desde el 2010, cuando se firmó el traspaso parcial. Entonces, la Generalitat asumió su gestión, regulación y planificación, es decir, su capacidad para gestionar horarios y precios —pero no la infraestructura ni el personal.

La empresa mixta que debe completar el traspaso de Cercanías se presentó hace unos días. Participada por Renfe (50,1%) y la Generalitat (49,9%) será, cuando se complete el traspaso, quien se encargue de la totalidad del servicio, empezando por la R1. Ahora bien, no cambiará la situación de los maquinistas, con quien se acordó que siguieran dependiendo de Renfe. Una decisión que generó mucha polémica, pero a la que acabaron dando el visto bueno tanto el Govern como los sindicatos y también ERC, con los que el PSOE ha pactado el traspaso de Cercanías. De hecho, el traspaso no será "integral" como se había apuntado en un inicio, y este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encargó de recordarlo, y aseguró que la red de Cercanías es "intransferible", dado que buena parte se integra en la llamada red ferroviaria de interés general. Por las vías por las que circulan los trenes de Cercanías pasan también trenes de mercancías, regionales y de larga distancia.

Un caos que se repite

No es la primera vez que el Gobierno de Salvador Illa debe enfrentarse a las críticas por el mal funcionamiento de los trenes. En marzo del año pasado, Isla acabó debiendo comparecer en el Parlament a raíz deuna semana horribilis al servicio, con usuarios caminando por las vías por trenes averiados entre Gavà y Bellvitge-Gornal, cortes en varias líneas y un apagón general al servicio de información en las estaciones. El presidente se disculpó y, desde el Gobierno, apuntaron a la falta de inversión en las infraestructuras ya desde la época en la que en Madrid gobernaba el PP y Juntos en la Generalitat. Es una causa que admite incluso Puente, aunque defiende que, desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno español (presionado por los partidos catalanes en el Congreso) se ha tratado de remediarlo. El Estado invierte en Cataluña sólo uno de cada dos euros presupuestados en ferrocarril.

Todos los partidos del arco parlamentario han exigido al Govern explicaciones por este nuevo episodio de desbarajuste en Cercanías. Especialmente contundente ha sido el líder de Junts, Carles Puigdemont, quien en un vídeo en X ha asegurado que Catalunya vive un "colapso por la incompetencia, dependencia y falta de liderazgo". Puigdemont ataca así la línea de flotación de lo que ha sido la estrategia del gobierno de Illa desde que llegó a la Generalitat: presumir de buena gestión y estar centrado en la mejora de los servicios públicos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el líder de ERC, Oriol Junqueras: "El gobierno de quienes dan lecciones de gestión queda ahora retratado. Avanzar hacia la gobernanza de Cercanías es imprescindible", ha añadido. Ahora bien, también ha lanzado una advertencia a Isla: si el Govern no aporta "soluciones", ha dicho, desde ERC exigirán "dimisiones". Los Comunes han pedido una auditoría de las vías cada seis meses, mientras que la CUP reclama a Territori que también expediente a Adif. El PP y Vox han instado al Gobierno a asumir "responsabilidades".

Si la Generalitat es foco de las críticas por el caos ferroviario, tampoco se libra el gobierno español, al que el PP señala como responsable de los últimos accidentes. Según la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, es un "insulto a la inteligencia" que esgriman que se ha incrementado la inversión cuando, al mismo tiempo, ha aumentado la explotación de las vías con la entrada de nuevos operadores como Iryo. Los populares ya han reclamado que Sánchez comparezca de forma urgente en el Congreso —informa Andrea Zamorano. Desde Vox, Santiago Abascal sigue apuntando al gobierno español no sólo como responsable del desbarajuste, sino también de los fallecidos en Adamuz, y le acusa de mantener "un silencio cómplice con una tragedia que no es natural y que tiene motivaciones".