Cerdeña vuelve a arbitrar el duelo entre Puigdemont y Llarena

BarcelonaLa primera vez que Carles Puigdemont declaró ante la juez de Sassari Plinia Azzena fue telemáticamente y desde la prisión de Bancali. Este lunes el ex president de la Generalitat llegará desde Bélgica y, si no hay giros de guion, su equipo jurídico prevé que pueda volver a marcharse tal como habrá llegado a Italia, en libertad y sin medidas cautelares. Diez días después de ser detenido en el aeropuerto del Alguer y encarcelado durante una noche, hoy a partir de las 11.30 h el eurodiputado de Juntos tiene otra cita ante el Tribunal de Apelación de Sassari para batirse de nuevo en duelo con la euroorden de Pablo Llarena.

El juez instructor del Tribunal Supremo, a pesar de lo que dijo la Abogacía del Estado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), mantiene que la euroorden contra el ex president es vigente y que la cuestión prejudicial enviada a Luxemburgo el 9 de marzo no paraliza su búsqueda y captura. Es decir, el Supremo sigue pidiendo que se entregue a Puigdemont a España aunque haya casos pendientes de resolver sobre su inmunidad y el alcance de las euroórdenes.

A lo largo de este fin de semana el entorno de Puigdemont se mostraba optimista de cara a la vista. Cuando fue detenido no las tenían todas y no se descartaba la posibilidad de que pasara como en Alemania -que tuviera medidas cautelares y que el proceso se alargara durante meses-. No fue así y salió de la prisión sin ninguna limitación de movimiento. Ahora se prevé lo mismo. El sábado en el FAQS el abogado italiano del ex president Agustin Angelo Marras descartó que pueda haber medidas cautelares. Puigdemont declarará después de que el viernes sus abogados movieran ficha: volvieron a pedir medidas cautelares al TGUE para que le devuelva la inmunidad parlamentaria que le retiró el 30 de julio valorando que no había riesgo de ser detenido ni de que se ejecutaran las euroórdenes.

El abogado del ex president, Gonzalo Boye, explicó que no solo lo había pedido para Puigdemont sino también para los ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín, que están en Cerdeña para acompañar al ex president después de entrar este domingo en territorio italiano sin problemas. Luxemburgo ya había previsto que esto pasara si había problemas para la libre circulación de Puigdemont al quitarle la inmunidad. En todo caso, según Boye esta petición es “independiente” de la declaración en Italia. Remarca que no han pedido medidas cautelarísimas sino cautelares y que, por lo tanto, todavía se tienen que pronunciar sobre el retorno de la inmunidad tanto el Parlamento Europeo como el Reino de España. Una jugada que no es casualidad: Boye quiere hacer pronunciar otra vez al Estado después de que Llarena haya contradicho hasta dos veces a la Abogacía del Estado sobre la vigencia de las euroórdenes.

Laberinto jurídico

Ahora mismo Luxemburgo tiene dos carpetas abiertas que afectan al futuro del ex president, exiliado en Bélgica desde hace cuatro años. Por un lado, el recurso ante el Tribunal General contra la decisión de la Eurocámara de retirarle la inmunidad -a la cual han añadido ahora la petición de medidas cautelares- y, por el otro, las cuestiones prejudiciales que presentó el propio Llarena ante el Tribunal de Justicia de la UE. La interpretación sobre lo que implica este último pleito, en el que el magistrado pide que se pronuncie sobre el alcance de las euroórdenes después de que Bélgica denegara la extradición del ex conseller Lluís Puig, es lo que ha generado la división entre el Supremo y la Abogacía del Estado. Llarena afirma que la petición no suspende la orden de búsqueda y captura y, en cambio, la abogada del Estado ante Luxemburgo, Sonsoles Centeno, cree que sí. Para el Supremo, la posición de Centeno es errónea y la hace responsable de que el Tribunal General de la Unión asumiera esta tesis el 30 de julio.

En la primera resolución que emitió sobre el caso de Puigdemont, la jueza italiana dejaba constancia de que el ex president está protegido como eurodiputado para desplazarse en reuniones vinculadas al Parlamento Europeo -los parlamentarios no pueden ser detenidos si no es que están cometiendo un delito flagrante- y lo dejó libre. Hay que ver si ahora mantiene la misma posición y, al cabo de pocas horas o días, rechaza tramitar la euroorden en Italia. “Solo hay este escenario: el archivamiento del expediente”, aseguran fuentes del equipo jurídico de Puigdemont. Así los letrados descartan que se pueda producir lo que pide Llarena: que se deje abierto el proceso de extradición en Italia al menos hasta que Luxemburgo se pronuncie sobre las prejudiciales y que, entonces, sea Cerdeña quien recoja el caso de Puigdemont.

Como ya pasó el fin de semana de la detención, el ex president no estará solo en Italia. Más allá de su equipo más cercano -el jefe de la oficina, Josep Lluís Alay- y de los abogados -Boye y Marras-, también se desplazarán desde Catalunya el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y los miembros de la dirección Josep Rius y Míriam Nogueras. Del Govern estará la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, y por parte de ERC la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, la ex consellera Meritxell Serret y el diputado Chakir el Homrani. Después de declarar, Puigdemont se encontrará con las dos delegaciones y ofrecerá una rueda de prensa en el Alguer en la que cree que se podrá volver a proclamar ganador del enésimo duelo con Llarena.