MadridEl 30 de enero el rostro de los diputados de Junts que votaron en contra de la amnistía era un poema. Eran plenamente conscientes de que se entraba en una dimensión desconocida, en un túnel en el que habría que encontrar a un descorazonador, una clave que permitiera salir airosos ante la negativa radical del PSOE a sacar la excepción de terrorismo y traición, como pretendía Gonzalo Boye. El abogado forzó el giro juntero después de una explosiva entrevista en Vilaweb donde advertía que había un agujero en la ley por donde los jueces españoles podrían hacer pasar decenas de personas. "Caerá mucha gente", advirtió. Y es él mismo el que ha pilotado las negociaciones con PSOE y ERC para encontrar una solución jurídica que permitiera, al mismo tiempo, una explicación política.
La decisión política de votar a favor de la amnistía ya estaba tomada antes por Carles Puigdemont, pero mira por dónde que la filtración el pasado viernes del borrador del informe de la Comisión de Venecia ha facilitado una cobertura perfecta tanto en Juntos como en el PSOE. Ha sido la clave para resolver el lío. A los socialistas les ha permitido justificar los cambios acordados (tras haber dicho que no tocaría la ley) en virtud de unas recomendaciones que vienen directamente de Europa. Y a Junts también le permite justificar el retraso de un mes en la aprobación de acuerdo con un informe que, paradójicamente, reclamó el PP, para afinar más un texto que tarde o temprano tendrá que pasar el filtro europeo. Ahora bien, ni siquiera en Junts están convencidos de que con el nuevo redactado Carles Puigdemont podrá volver en verano a Catalunya y admiten en privado que, por mucho que se afine el texto, al final los jueces pueden retorcer la ley a su gusto.
Lo importante aquí es que Junts da otro paso en el sentido de entrar a formar parte de la mayoría parlamentaria que apoya a Pedro Sánchez. La única incógnita es saber cuál será el proyecto de ley del gobierno español que Junts elegirá para tumbarlo y lanzar el mensaje a su electorado de que ellos no son ERC. Los republicanos también lo hicieron la pasada legislatura: votaron en contra de la reforma laboral, por ejemplo, para intentar fingir que no eran socios de Sánchez. Pero al final la realidad se impone. Y aquí lo sustancial es que ERC y Junts han apostado por la negociación con el gobierno español, y esta negociación, para dar frutos, necesita tiempo y confianza. Y eso significa, de entrada, presupuestos y no poner en peligro a Sánchez.
Un mal trago
El PSOE pretendía de inicio que la amnistía fuera un mal trago al principio de la legislatura y que después se fuera disipando. Ahora, sin embargo, viendo el calvario judicial y político que se espera para su aplicación, también piensa que esto le va bien porque a nadie de los implicados le interesará derribar este gobierno mientras la amnistía no se acabe de aplicar y cumpla todos los trámites. Y esto, según los cálculos del Tribunal Supremo, significará al menos 10 meses después de su aprobación definitiva en mayo, que es el tiempo que el TJUE suele tardar en responder a las prejudiciales. Por tanto, la serie de la amnistía acaba de empezar. El siguiente capítulo lo viviremos en el Senado. Y después ya entrará en juego la otra gran estrella invitada: Manuel Marchena.
Por su parte, el PP confía cada vez menos en la amnistía para desgastar al gobierno y asume que la medida se acabará aplicando. Y la prueba es que incluso el día que tocaba poner el grito en el cielo, no sólo no había nadie manifestándose en la puerta del Congreso, sino que Cuca Gamarra ha dedicado casi más tiempo al caso Koldo que al olvido judicial. Los populares tienen cada vez más claro que lo único que puede derribar a este gobierno es la corrupción o una gran crisis económica, como ocurrió con Felipe González en el primer caso y con Zapatero en el segundo. Pero no Cataluña.
