La Comisión Europea muestra "satisfacción" porque el conflicto catalán se está "encarrilando"

BruselasLa etapa de diálogo que se han propuesto abrir los gobiernos de Pere Aragonès y Pedro Sánchez es vista con buenos ojos desde Bruselas. Durante la elaboración del informe sobre la salud de los sistemas judiciales de cada estado de la UE, los técnicos de la Comisión Europea se han topado con menos quejas y observaciones relacionadas con el conflicto entre Catalunya y el Estado que el año pasado, y fuentes comunitarias interpretan el descenso como "normal" después de observar "con satisfacción" cómo el conflicto "al menos se está encarrilando". Bruselas continúa repitiendo por activa y por pasiva que este es un "asunto interno español" pero constata la distensión, sobre todo a raíz del indulto a los presos políticos y que también quiere venir desde Catalunya. El Govern de Aragonès tiene como una de sus prioridades rehacer puentes en Bruselas, restablecer el diálogo perdido desde el inicio del Procés y recuperar el contacto con las instituciones.

El año pasado fueron varias voces implicadas en el conflicto catalán las que quisieron enviar sus observaciones a Bruselas durante el proceso de evaluación. Lo hicieron voces de todo tipo, como la Oficina Antifraude de Catalunya, la Asamblea Nacional Catalana, el Síndic de Greuges, Òmnium y el mismo Govern. En la mayoría de casos se denunciaba la judicialización del Procés y la situación de los presos. Fuentes europeas aseguran que este año se han recibido menos observaciones relacionadas con Catalunya, e insisten que el análisis no incluye casos individuales sino "sistémicos" para justificar así que el informe final no haga referencia a este caso en particular.

Renovación del poder judicial

Sin embargo, la principal preocupación del ejecutivo comunitario hacia el sistema judicial español es la renovación del poder judicial. En la edición previa de este informe, la Comisión ya avisó el gobierno español que tenía que actualizar el órgano de gobierno de los jueces. Un año después, el aviso se mantiene intacto y por eso Bruselas lamenta que no haya habido ningún adelanto. "La preocupación se mantiene. Desgraciadamente no podemos observar ningún progreso porque no lo hay", remachan fuentes europeas. El comisario de Justicia, Didier Reynders, se pudo conocer la semana pasada con Pilar Llop, la nueva ministra española del ramo, y reitera que el diálogo entre Madrid y Bruselas para resolver la cuestión es constante.

La Comisión celebra que se retirara la propuesta del PSOE para conseguir esquivar el veto del Partido Popular a la hora de renovar el gobierno de los jueces, porque considera que "habría aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización". De hecho, cuando se presentó la propuesta, Bruselas ya torció el morro, pero ahora tampoco puede mostrar satisfacción porque el problema continúa sin solución y por eso recuerda que hace falta que sean los mismos jueces los que elijan como mínimo la mitad los miembros del consejo "de acuerdo con las normas europeas", en referencia a las recomendaciones del Consejo de Europa.

Sobre la actuación del gobierno ante el coronavirus, Bruselas constata que el Defensor del Pueblo, también en funciones desde 2017, ha recibido un "aumento exponencial del número de quejas sobre las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia", pero no se hace ninguna referencia a la sentencia reciente del Tribunal Constitucional que pone en cuestión el estado de alarma. De hecho, Reynders ha aclarado que en varios países los tribunales están revisando las medidas y lo ha enmarcado dentro de la normalidad de la separación de poderes.

En cuanto al resto de "retos" que los técnicos de la Comisión detectan este 2021 para la justicia española, son muy parecidos a los del año pasado. Muestran "preocupaciones" respecto a "la autonomía" de la Fiscalía y también por la cuestión de los aforos o el régimen de incompatibilidades entre miembros del ejecutivo o legislativo y el judicial; es decir: que no se exija un tiempo mínimo entre el que un miembro del gobierno o de un parlamento pueda asumir un cargo en la fiscalía o en el ámbito judicial.

Y después de lamentar la "lentitud" de los tribunales el año pasado, esta vez Bruselas destaca que ha habido "esfuerzos para resolver atrasos" a pesar de que el número de jueces por habitante se mantiene bajo. Finalmente, se repite el toque de atención en relación con la transparencia de la propiedad de los medios, sobre el impacto "negativo" de la ley de seguridad ciudadana puede tener sobre reporteros y fotoperiodistas y también el acoso a periodistas por parte de algunos partidos ya sea a través de las redes sociales o a través de vetos.

Justamente en otro estudio sobre la situación de los sistemas judiciales en toda la Unión Europea, la misma Comisión detectaba hace unas semanas que España ha retrocedido en la percepción que sus ciudadanos tienen de la independencia de los tribunales, mayoritariamente por interferencias de intereses políticos o económicos.