Ayuso mezcla la financiación con la prostitución: "Hoy los independentistas son los proxenetas del presidente. Él pone la cama y los españoles pagan"

MadridTal y como hicieron contra la ley de amnistía, algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han avanzado que también plantarán batalla judicial contra la nueva financiación catalana. Una de ellas es Madrid. "Pedro Sánchez da la llave de la caja de todos los españoles a los independentistas", denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien advirtió de que "luchará todas las batallas" contra este acuerdo. La presidenta madrileña tildó el pacto entre el Estado y la Generalitat de "sentencia de muerte en España" y adelantó que, cuando haya un texto definitivo, la Comunidad de Madrid le llevará a la Audiencia Nacional y también lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. No es la única autonomía gobernada por el PP que dará el paso, ya que Extremadura y Castilla y León también han anunciado un recurso y Aragón y Andalucía han dicho que lo estudian.

"No descartamos ninguna de las vías que nos permiten nuestro ordenamiento jurídico y nuestra capacidad política", ha advertido este lunes el portavoz popular, Borja Sémper, en una rueda de prensa en Génova en la que ha rechazado que la reforma se pacte de forma bilateral entre el Estado y la Generalitat. El PP y sus ejecutivos autonómicos llevan meses reclamando que este asunto debe abordarse conjuntamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que, de hecho, el gobierno español ha dicho que tiene la intención de convocar después del verano. Al PP no le vale que posteriormente pueda extenderse la misma fórmula al resto de territorios, y sus comunidades quieren negociar multilateralmente una reforma general del sistema de financiación. "Los recursos de todos no pueden ser repartidos por una minoría. El dinero de los españoles no está para financiar el tiempo en el gobierno de ningún presidente", remachó el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto este lunes por la noche.

Ante el acuerdo Estado-Generalitat, Ayuso, que ha sido siempre la más beligerante contra la financiación singular, ha convocado una rueda de prensa monográfica sobre la cuestión. La presidenta madrileña ha afirmado que el presidente del gobierno español "regala casi 25.000 millones de euros al independentismo catalán para seguir financiando la corrupción de esta comunidad autónoma" y ha advertido de que no se va a quedar aquí, ya que "aspira a 57.000 millones de euros". "No son socios ni cómplices. Han subido de categoría. Hoy los independentistas son los proxenetas del presidente. Él pone la cama y los españoles pagan", ha dicho, utilizando un lenguaje relacionado con la prostitución porque, según Ayuso, "en la Moncloa le entienden como en ningún otro lugar", por los supuestos negocios del suegro de Sán.

Ayuso ha reivindicado "la autonomía fiscal" de Madrid y ha recriminado a los independentistas que pretendan impedirle rebajar impuestos cuando, con este acuerdo, Catalunya "tiene plena autonomía". "No queremos para Madrid el expolio al que la izquierda y los independentistas someten a Catalunya, que ha llevado a la decadencia la que era la región más próspera de España. Es llevar los males de la política catalana en toda España", ha afirmado. Ayuso vaticinó que el siguiente paso será el referendo de autodeterminación. Horas antes ha sido el líder de Vox quien ha hecho el mismo vaticinio. Según Santiago Abascal, mientras la "mafia" de Sánchez siga gobernando con los independentistas "chantajistas", se puede "ver cualquier cosa, incluso un referendo de secesión de Catalunya".

Más comunidades del PP

Por su parte, la presidenta extremeña, María Guardiola, tildó el pacto de "saqueo" y denunció que el gobierno de Sánchez "rompe la igualdad, la solidaridad y el equilibrio entre regiones". Según Guardiola, su comunidad perdería en torno a 200 millones de euros cada año por la reforma y ha exigido una "propuesta rigurosa del sistema de financiación" de todas las comunidades. "No puede que las urgencias políticas de Sánchez sean las que hipotecan el futuro de nuestro país", ha dicho. El cálculo de Ayuso es que la nueva financiación catalana costará "más de 2.000 euros extraordinarios a cada madrileño", y la presidenta madrileña ha explicado que las comunidades populares se coordinarán entre ellas para detener esta "atrocidad", pese a que, de respetarse la ordinalidad, la Comunidad de Madrid, como Cataluña, también saldría ganando.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha advertido que irá a los tribunales, y Andalucía y Aragón también han anunciado que estudian recurrir a la vía judicial contra la nueva financiación catalana. En el caso de Aragón, el ejecutivo de Jorge Azcón adelantó que prepara medidas judiciales y parlamentarias. Más allá de un posible recurso a los tribunales, el presidente aragonés hizo un llamamiento a "una rebelión cívica". "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no se rompan la igualdad y la solidaridad en España", ha dicho. El ejecutivo andaluz ha advertido de que plantará "batalla política, social y jurídica". Esto incluye un posible recurso de inconstitucionalidad. "Asistimos a un antes y un después en la concepción de España como país", ha denunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien ha explicado que contactará con los presidentes de comunidades socialistas para que hagan filas contra el acuerdo.

Críticas al PSOE

Ambas comunidades de régimen común gobernadas por el PSOE no han ido tan lejos como el PP, pero también han criticado el acuerdo. "Que no nos tomen por tontos", ha reaccionado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha puesto en duda que el acuerdo de financiación no rompa la igualdad entre autonomías. El consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, por su parte, ha reivindicado una negociación de la financiación "entre todas". Además, el secretario general del PSOE de Extremadura ha anunciado que pedirá que se convoque de urgencia al Consejo de Política Federal del partido tras mostrarse "radicalmente en contra" del acuerdo.