Sánchez pide más crédito a la mayoría de los presupuestos para agotar la legislatura

MadridCasi en tiempo de descuento, pero el gobierno español ha conseguido aprobar los presupuestos del Estado a tiempo para que entren en vigor el 1 de enero de 2022. El Congreso ha validado este martes de forma definitiva las cuentas, que empezaron a tramitarse ya hace más de un mes y que en las últimas semanas han sufrido ciertas turbulencias. El presidente español, Pedro Sánchez, consolida así la mayoría de la investidura y se asegura la gobernabilidad del Estado justo en el ecuador del mandato de la mano de ERC, el PNV y también de EH Bildu. Un balón de oxígeno para el ejecutivo justo el día que el consejo de ministros ha dado luz verde al otro gran proyecto de la legislatura: la reforma laboral, pactada con los agentes sociales, pero que a estas alturas no cuenta con los apoyos parlamentarios. "Espero que los acuerdos presupuestario y laboral con los que cerramos el año sean el prólogo de los que vengan en 2022", ha afirmado Sánchez, que ha querido intervenir al final del pleno.

Y es que la aprobación de los presupuestos no garantiza al gobierno español tener un final de legislatura plácido. El líder socialista es consciente de ello, y por eso el mensaje que ha intentado enviar este martes a sus socios de gobierno es el de mantenerles las puertas abiertas para negociar y llegar a pactos "amplios" que den estabilidad a un mandato al que todavía le quedan dos años. "Necesitamos acuerdos, todos los posibles y tan amplios como sea posible", ha afirmado el jefe del ejecutivo español. Entre líneas se podía entender que sus palabras se referían al paquete legislativo más inmediato que le queda por aprobar al ejecutivo: la reforma laboral. ERC, EH Bildu y también el PNV ya han advertido de que, si no hay cambios, no convalidarán en el Congreso el texto pactado con los agentes sociales. Un texto que, según ha querido remarcar con toda la intención la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, "nace con toda la fortaleza y legitimidad".

Sea como sea, después del complicado parto de la ley del audiovisual –que los republicanos pactaron a cambio de su sí a las cuentas–, el gobierno español y ERC tendrán que abrir ahora una nueva negociación. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ya ha recriminado al ejecutivo que haya destinado "muchas horas" a hablar con la patronal CEOE pero que todavía no haya llamado a su partido. En la misma línea se ha expresado EH Bildu, por boca de su portavoz, Mertxe Aizpurua. "Esperamos que el gobierno tenga una actitud constructiva para incorporar temas que han quedado fuera. Por el bien de los trabajadores, le parezca bien o mal a la patronal. La patronal no ha defendido nunca los derechos de los trabajadores y no lo hará nunca. Piensen para quién quieren gobernar".

No son pocos los frentes abiertos que tiene Pedro Sánchez de aquí al final de la legislatura, porque, además de la reforma laboral, el ejecutivo también tiene encallada la ley de memoria democrática, tiene en trámite la reforma de la ley mordaza y tiene que conseguir suficientes apoyos para convalidar el decreto que obliga a seguir llevando mascarilla en el exterior. La Generalitat, además, presiona para que, después de dos reuniones oficiales de la mesa de diálogo, se empiecen a ver los primeros resultados "tangibles". "Con tanto equilibrio, quizás no serán los últimos presupuestos de la legislatura, sino que serán los últimos con ustedes en la Moncloa. Y la alternativa es terrible. Así que dejen de hacer tanto equilibrio", ha advertido Rufián, mientras que el portavoz del PDECat, Ferran Bel, ha sumado al tejado del ejecutivo estatal la responsabilidad de cumplir con la ejecución presupuestaria.

El debate lingüístico

Si con una mano el gobierno español tendrá que lidiar con sus socios para consolidar la gobernabilidad, con la otra tendrá que hacer frente a una oposición cada vez más crispada. Desde que el Tribunal Supremo sentenció a favor de un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas, PP, Ciudadanos y Vox han hecho de la lengua otra de sus armas contra el ejecutivo de coalición. Y este martes el debate lingüístico ha vuelto a entrar en el hemiciclo del Congreso, donde el gobierno ha acabado incorporando en los presupuestos estatales una partida de 1,6 millones de euros para proteger las lenguas minoritarias del Estado. Se trata de una enmienda de Compromís que la semana pasada se aprobó en el Senado con los votos de los partidos soberanistas y, sorprendentemente, también del PP. El único objetivo de los populares era retrasar la votación de las cuentas una semana y que el gobierno no cumpliera con su hito de que los números no tuvieran que volver a la cámara alta, tal como admitieron los propios conservadores la semana pasada.

"Ustedes no hacen política, ustedes hacen el trol", les ha espetado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Se han sumado los portavoces del PDECat, Ferran Bel, y también el del PNV, Aitor Esteban, que han bromeado explicando que se habían jugado una comida sobre el sentido del voto del PP en el Congreso. Los populares han votado a favor. "Gracias por obsequiarnos con 1,6 millones de euros que el gobierno no quería incluir", ha ironizado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. "Siempre hemos defendido la inmersión lingüística", ha argumentado la diputada del PSOE Montse Mínguez, para justificar su voto favorable a la enmienda de Compromís. "Si, las lenguas que hablamos millones de ciudadanos necesitan protección y recursos, y sobre todo, empatía, no políticos hipócritas", ha añadido el diputado de Compromís, Joan Baldoví. La diputada de Unidas Podemos y portavoz adjunta del grupo, Sofía Castañón, ha acusado al PP de tratar la pluralidad lingüística del Estado con "beligerancia" y ha aprovechado su turno de palabra para reclamar al PSOE que ponga manos a la obra y acelere la reforma del Estatuto de Asturias para incluir la cooficialidad del asturiano.

"No estamos a favor de la imposición lingüística, pero tampoco del reduccionismo", se ha limitado a decir el diputado del PP Mario Garcés, al principio de su intervención. Lo hacía en respuesta al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que ha hurgado en el hecho de que los populares votaran junto a partidos independentistas catalanes y vascos. El resto del discurso lo ha centrado en cargar contra el gobierno español por "mentir" sobre las previsiones económicas. También el líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en ello una vez acabado el pleno: "Si la previsión de crecimiento no se cumple, el resto de presupuestos son un fraude". Los populares no aflojarán lo que queda de legislatura y, de hecho, harán de las elecciones en Castilla y León del 13 de febrero su nuevo altavoz contra Sánchez. El gobierno de coalición intentará resistir los embates aferrándose a los socios de investidura.