Cs acentúa su declive acosado por fugas y recortes
El partido cerrará la mayoría de las sedes en Catalunya y en el Estado
BarcelonaEl declive de Ciudadanos está siendo tan rápido e inexorable como lo fue su auge, y el partido arranca el año previendo dos derrotas en las autonómicas de Castilla y León y Andalucía. En este escenario, la dirección catalana ha intensificado en las últimas semanas las reuniones con concejales y cargos orgánicos para empezar a encarar las municipales de 2023. Con solo 6 diputados, el partido es consciente de que necesita el apoyo de sus concejales, pero la situación a escala local tampoco es buena: la crisis interna y las fugas al PP, PSC y Valents -el nuevo partido de Eva Parera- han dejado un panorama delicado. Todos las cabezas de lista en capitales de demarcación en 2019 están hoy fuera del partido. Y, en paralelo, la cúpula estatal impone recortes que implicarán el cierre de la mayoría de las sedes en Catalunya.
El presupuesto que ha elaborado la dirección de Inés Arrimadas para el 2022 prevé bajar la persiana de un número importante de locales del partido en el conjunto del Estado con el objetivo de reducir más de un 40% el gasto en alquileres, como avanzó The Objective y ha confirmado el ARA después de acceder al documento de las cuentas naranjas. En Catalunya todavía se está estudiando cómo se hará la racionalización, pero fuentes del partido apuntan que implicará el cierre de la mayoría de sedes: lo más probable es que desaparezcan las de l'Hospitalet de Llobregat y Cornellà, y posiblemente las tres que hay en Lleida, Girona y Tarragona, aunque se está valorando si mantener alguna abierta en función de las necesidades del territorio. Por otro lado, algunos grupos municipales tienen despachos propios que se mantendrían abiertos al menos hasta las elecciones. “En general sale mucho más a cuenta alquilar un espacio el día que tengamos que hacer un acto concreto”, señalan voces del partido. Por otro lado, Cs todavía no ha abierto su nueva sede en Barcelona después de cerrar la de la calle Balmes. Se situará en el barrio de Sant Antoni -en la Ronda de Sant Pau-, y el partido quiere que sea el centro neurálgico de la actividad de la formación en Catalunya.
El salvavidas de las diputaciones
La dirección del partido también ha previsto una reducción de más de un 42,6% de gasto en personal este año. En Catalunya, sin embargo, este recorte ya se hizo después del batacazo del 14-F, explican voces internas. Cs también intentó entonces recolocar a numerosos exdiputados y cargos orgánicos en lugares técnicos, ya fuera como asesores en el Parlamento -como en el caso de José María Cano- o en diputaciones provinciales. En la de Barcelona, por ejemplo, aterrizaron los exdiputados catalanes Carlos Sánchez, Noemí de la Calle y Héctor Amelló, y Laura Vílchez es ahora asesora técnica en la diputación de Málaga. Otros exdiputados han pasado a las filas del PP -David Mejía y Alfonso Sánchez- y otros a Valents, como Jorge Soler, Jean Castel y Manu Rodríguez.
Con todo, después de las elecciones en Castilla y León del 13 de febrero el partido prevé celebrar una convención municipal para reforzar el sentimiento de pertenencia a las siglas de los concejales. “Esta vez queremos preparar la campaña con tiempo”, señalan voces de la formación, que explican que a principios de febrero empezarán a trabajar para “consolidar liderazgos”. Por ahora no se esperan los fichajes estrella que en épocas de vacas gordas -bajo el liderazgo de Albert Rivera- había practicado Cs.
La experiencia con Manuel Valls en Barcelona, que acabó rompiendo el grupo municipal y marchándose a media legislatura, no dejó al partido buen sabor de boca y solo hará primarias en Barcelona. Desde la dirección catalana, la apuesta es la actual líder del grupo municipal, Mari Luz Guilarte, si bien la cúpula española de Cs tendrá la última palabra. Sea como sea, la votación servirá para tener una idea de la magnitud de la pérdida de afiliados en Barcelona, puesto que el partido hace años que no da estos datos. En el presupuesto para 2022 la dirección prevé una pérdida de más de un millón de euros de cuotas de los afiliados -el 47,6%- en todo el Estado. Una cifra que habla por sí sola.
