Cuatro de cada diez independentistas todavía no han sido amnistiados
La ley acelera su aplicación con Marta Rovira como reciente beneficiada
BarcelonaPasos adelante para la ley de amnistía, a pesar de que dos años después todavía no haya beneficiado a cuatro de cada diez independentistas encausados. Si en el mes de junio la norma se había estancado en la mitad, en las últimas semanas –después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)– la cosa se está acelerando, según datos recopilados por Alerta Solidària. En concreto, el 62% de los independentistas ya han sido amnistiados, aunque, curiosamente, la lista todavía no incluye ni a la treintena de encausados en el Tribunal de Cuentas ni a los doce miembros de los CDR acusados de terrorismo, los dos casos en los que el TJUE validó explícitamente la medida de gracia. La semana que viene se espera que el Tribunal Constitucional (TC) dé también un paso decisivo para que queden amnistiados Carles Puigdemont y los consejeros de su Gobierno perseguidos por malversación.
El caso más reciente es el de la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, a quien la Audiencia de Barcelona ha amnistiado este martes de la causa abierta por parte del Tribunal Supremo, que la llevó al exilio en Suiza –de donde volvió en julio de 2024 una vez quedó archivada la causa por terrorismo de Tsunami Democràtic. Este jueves hará nueve años desde la celebración del referéndum de 2017 y dos años y cuatro meses desde la aprobación definitiva en el Congreso de la ley de amnistía.
Si nos ceñimos a los datos, 185 manifestantes y activistas soberanistas de los 267 encausados ya han sido amnistiados, lo cual supone un 69,28% del total. Los tribunales han rechazado la amnistía en el caso de 69 activistas y hay trece que han sido derivados a otros tribunales. A estas alturas, en el caso de políticos y cargos públicos el porcentaje continúa siendo sustancialmente menor que en la base independentista: un total de 80 personas han sido amnistiadas de las 160 que podrían serlo, lo que limita su aplicación a solo la mitad de casos. Sea como sea, se aprecia un incremento importante dado que hace cerca de cuatro meses que los políticos amnistiados eran 64. En el caso de los manifestantes, el aumento ha sido más tímido, con solo cuatro amnistiados más –eran 181–. Donde se mantienen estables las cifras es en los policías, un colectivo con un 97% de amnistiados y solo seis casos en los que ha sido denegada –por la gravedad de su actuación.
Uno de estos casos es el de los agentes juzgados por el caso de el activista Roger Español, a quien la policía española vació un ojo el 1-O disparando pelotas de goma a muy corta distancia –motivo por el cual denuncia intencionalidad y ensañamiento. Precisamente este próximo jueves, 1 de octubre, se celebrará la última sesión de este juicio en el cual la acusación de Español –sin la Fiscalía– pide trece años de prisión para los cuatro acusados, entre los cuales el escopetero que disparó.
Los otros casos recientes
A finales de julio fueron amnistiados los miembros de la Mesa del Parlament liderada por Roger Torrent y con integrantes como Eusebi Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado, además del exalcalde de Sabadell Maties Serracant. También en julio fue amnistiada la exconsejera de Exterior Meritxell Serret, la primera integrante del gobierno del 1-O que recibió el olvido penal –además, por parte del Supremo– y los miembros independentistas de la Mesa del Parlament de 2017: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantuvo suspendida la causa contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los responsables como altos cargos del gobierno del 1-O, y se negó aún a aplicar la amnistía pese a la resolución del TJUE.
Ahora, la amnistía que debe marcar el camino al resto de encausados por malversación es la de la exconsejera de Derechos Sociales Dolors Bassa. Su recurso se debatirá el próximo martes en el Tribunal Constitucional, que la avalará a partir del informe de su presidente, Cándido Conde-Pumpido. El TC obligará, entre otros, al Supremo a aplicar la ley completamente.