Los debates incómodos del soberanismo valenciano y balear
Varios movimientos políticos reclaman abordar las transformaciones que genera la inmigración, pero marcan distancias con Aliança Catalana
ValenciaDos preguntas por marcar el debate. ¿El soberanismo progresista rehuye debatir sobre la gestión de los flujos migratorios y su impacto en la cohesión social, la disponibilidad de vivienda o la minorización del catalán? O, por el contrario, ¿el nacionalismo conservador lo que se hace sumarse –intencionadamente o no– a la criminalización de las personas extranjeras? Formaciones como Aliança Catalana o Vox suben a las encuestas con un discurso excluyente que prioriza a los catalanes oa los españoles ya menudo criminaliza a los inmigrantes. Se benefician además de altavoces tan potentes como el trumpismo y todo su eco mediático.
Un ejemplo muy reciente de esta polémica se ha producido en el País Valenciano a raíz de unas declaraciones de un exconcejal de Compromís en la localidad de Burriana, en la demarcación de Castellón, en las que el político valencianista ha afirmado que "admira" a la líder de Aliança Catalana, Sílvia. En conversación con el ARA, Jorge Alarcón se queja de que sus palabras han sido "un poco manipuladas" y, sobre todo, "malinterpretadas". Además, mantiene que considera que la política de Ripoll muestra "coherencia" entre lo que dice y lo que hace, pero entre ello y que tenga que "imitar o reproducir" su discurso en la Comunidad Valenciana "hay un pedazo muy grande".
El político de Burriana, que se dio de baja de la formación porque considera que Compromís ha subordinado la defensa de los intereses de los valencianos a mantener la estabilidad del gobierno español sacrificando reivindicaciones históricas como conseguir una mejora de la financiación autonómica, se queja de que las formaciones progresistas no abordan las problemáticas más incómodas y que demagogia", que en la Comunidad Valenciana afirma que representa a Vox. "Tenemos atacada la identidad, tenemos atacada la lengua, la cultura y cuando tú no hablas de ello desde la cordura y la moderación, ese vacío la llena la demagogia", reitera.
Entre estas problemáticas no abordadas, Alarcón –que militaba en Més, la formación soberanista de Compromís y que mantiene el acta de concejal pese a darse de baja– cita las políticas de vivienda y la gestión migratoria. "En los países nórdicos nadie huye de este debate porque se han dado cuenta de que tiene un impacto real. Yo estoy a favor de que la gente pueda vivir donde desee, pero lo que hay que debatir es si económica y socialmente estamos preparados para recibir a estas personas, así como si tenemos los servicios básicos para hacerlo", subraya. También reclama analizar la integración y el impacto en la seguridad de los recién llegados. "Yo defiendo un modelo de gestión de convivencia ordenada. Se trata de hacer las cosas de forma planificada y rigurosa", concluye.
Una fusión de centroderecha
Al igual que en la Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares el discurso antiinmigración sigue siendo patrimonio de Vox y del PP. Sin embargo, en los últimos meses se han hecho movimientos para disputar este espacio desde el mallorquinismo político de centroderecha. El pasado noviembre se presentó en Palma la formación Por Mallorca con un mensaje claro: "En Mallorca no hay más gente", informó Anna Mascaró. Así lo expresó, también, uno de sus impulsores y coordinadores, Joan Serra, quien insistió en que "la mallorquinidad no se regala y no se hereda, se gana respetando nuestra identidad, idiosincrasia e intereses".
El partido es una coalición entre El Pi (creado en el 2012 a partir del ala más regionalista del PP) y Som, formación liderada por Joan Lladó, exlíder de ERC en las Islas, que ha denunciado el "buenismo irresponsable de la izquierda". Aunque Somos reivindica propuestas coincidentes con las de Aliança Catalana –por ejemplo, plantean dar prioridad en el acceso a la vivienda y las ayudas sociales a los residentes que hayan vivido al menos quince años en Mallorca–, marca distancias con Sílvia Orriols. El motivo es, aseguran sus dirigentes, que el eje de su proyecto implica la transformación del modelo económico y no un rechazo etnicista de los inmigrantes.
Y si en la Comunidad Valenciana y en Baleares la preocupación por el fenómeno de la inmigración hace aflorar debates incómodos, Catalunya no solo no es ajena, sino que tiene un componente que, de momento, no ha aflorado en los otros dos territorios: la existencia de una extrema derecha soberanista. Aliança Catalana, y no sólo Vox, ha hecho de la antiinmigración un concepto fundamental de sus propuestas. De momento, el partido de Sílvia Orriols es el único que habla abiertamente del tema, aunque a nivel municipal, alcaldes de Junts, del PSC e incluso de ERC reclaman a las direcciones que se articulen propuestas para responder al reto migratorio. Juntos es quien más ha avanzado en esta cuestión y mientras espera que el PSOE cumpla con el compromiso de delegar las competencias de inmigración a la Generalitat –Podemos lo tiene bloqueado en el Congreso–, hace tiempo que encargó internamente la elaboración de un plan que está prácticamente a punto de salir a la luz. Los junteros son precisamente los más amenazados electoralmente por la extrema derecha soberanista, que plantea soluciones fáciles –con la expulsión de los inmigrantes irregulares como bandera– a difíciles problemas.