Las decisiones de Junts para combatir Aliança Catalana en el flanco de la inmigración

BarcelonaLa irrupción de Alianza Catalana (AC) en el Parlament y el crecimiento que le pronostica la demoscopia han llevado a Junts a moverse para intentar taponar la fuga de votos que las encuestas prevén hacia el partido de Sílvia Orriols. Y lo ha hecho principalmente en materia de inmigración. Aunque la formación de Carles Puigdemont todavía no ha presentado su plan de inmigración —se ha retrasado sin ninguna explicación pública, pero coincide con el hecho de que una parte del partido considera que no se debe poner el foco en el marco de Alianza—, sí que ha hecho movimientos tanto en el Parlament como en el Congreso, así como también en los municipios. ¿Qué pasos ha dado?

No hay que ir muy atrás para encontrar un primer ejemplo. Ha sido recientemente con la ley de nietos del gobierno español, que permite la nacionalización –y, por tanto, el voto– de los descendientes de los exiliados del franquismo. Los juntaires han expresado sus reticencias y han registrado una batería de preguntas cuestionando "el impacto demográfico" en Cataluña. Pero no es la única iniciativa a la que se han opuesto. El partido también criticó la regularización de inmigrantes –en Cataluña afecta a unas 200.000 personas– y la denunció, aduciendo que el conocimiento del catalán estaba "marginado" en el procedimiento.

La más llamativa fue en mayo del año pasado, cuando Alianza llevó al Parlament una moción contra el velo islámico en los espacios públicos y Junts se posicionó a favor de la prohibición del velo islámico en las escuelas, y el burca y el nicab en el espacio público, además del burkini en las piscinas. Lo hizo tras activar diversas reuniones con alcaldes que comandó el portavoz, Salvador Vergés. Pese a no validar la propuesta de AC, esto sacudió al partido, entre otras cosas por el hecho de ir a remolque de la extrema derecha en un debate como este.

Fue el mismo mes de mayo del año pasado cuando el partido hizo otro movimiento: propuso excluir del padrón a los okupas, después de que en abril alcaldes de la formación presionaran para endurecer el empadronamiento. Los juntaires también defendieron un "padrón social" para las personas vulnerables que dependiera de la Generalitat y puntualizaron que se necesitaba "título habilitante o una verificación de residencia", lo que excluía del padrón a las personas que notifican que viven en equipamientos municipales. El secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó que no era lógico que se empadronara "una persona que diga que vive en el río" porque era "hacer trampas". La cuestión del padrón se vehiculó con propuestas en diversos ayuntamientos: en Figueres, fue con la baja del padrón de 872 personas al detectar fraude; y en ciudades como Martorell o Sant Cugat, fue con el endurecimiento del padrón –a pesar de que ayuntamientos de todos los colores, del PP a la CUP, dificultan el acceso al padrón, según un estudio de entidades sociales.

En paralelo, el año pasado el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, de Junts, impulsó una novedad en vivienda protegida: que los vecinos de toda la vida fueran priorizados por delante de los recién llegados, gracias a un mínimo de diez años de empadronamiento en la ciudad. Esta fórmula ha sido copiada por Vox en la concreción de la prioridad nacional en vivienda protegida en los últimos acuerdos autonómicos.

Ahora bien, antes de que Aliança entrara en el Parlament, a pesar de que Sílvia Orriols ya era alcaldesa de Ripoll, Junts ya había hecho algún movimiento en inmigración. En concreto, en enero de 2024 pactó con el PSOE la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat a cambio de dar vía libre a un decreto anticrisis y uno ómnibus. Los juntaires pidieron que fuera la Generalitat la que fijara las condiciones para expulsar a los inmigrantes con delitos multirreincidentes. Esta delegación, sin embargo, Podemos la acabó tumbando junto con PP y Vox en septiembre del año pasado. Esta legislatura el Congreso también aprobó la ley de los juntaires contra la multirreincidencia con los votos del PSOE y el PP, a pesar de que Junts no lo ha vinculado a la cuestión migratoria.

La Cataluña de los 10 millones

Todos estos movimientos han ido en paralelo a un relato contrario a la "Cataluña de los 10 millones. Junts ha presentado batalla frontal argumentando que no es viable y que los servicios públicos no están preparados. De hecho, la formación ha puesto los esfuerzos en "integrar" lingüística y culturalmente a esta nueva inmigración. En este sentido, la formación quiere que el catalán sea "un requisito" para obtener el permiso de trabajo, tal como el año pasado verbalizaron los diferentes portavoces, capitaneados por la líder en Madrid, Miriam Nogueras. Una lógica de "derechos y deberes" que se ha seguido retóricamente con la defensa de que no quieren "ni la Cataluña de los 10 millones, ni la Cataluña del odio" que atribuyen a Aliança Catalana.