Modelo Sant Cugat: Junts quiere priorizar a los vecinos de toda la vida a los recién llegados en la vivienda social
El alcalde plantea un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder
BarcelonaEl acceso a la vivienda, primera preocupación de los catalanes según el CEO, es en el centro del debate político. Las izquierdas y las derechas siguen manteniendo diferencias sobre qué hacer para bajar el precio del alquiler, pero todos los partidos parecen estar de acuerdo en algo: la crisis de la vivienda exige que las administraciones se pongan las pilas y empiecen a construir viviendas públicas después de años de inmovilismo. Esquerra y los comunes lo situaron como condición para investir a Salvador Illa, que se ha comprometido a habilitar 50.000 pisos protegidos en los próximos cinco años y ha anunciado este jueves, junto a Pedro Sánchez, que aprobará el martes una reserva de suelo público para poner manos a la obra. En un intento por encontrar pisos sociales de debajo de las piedras, los comunes incluso se han acercado a la Iglesia para plantear vías de colaboración. Al otro lado del hemiciclo, Junts también se mueve. Desde Sant Cugat ha lanzado una nueva propuesta: reformar la ley catalana para exigir que quienes quieran optar a la vivienda de protección oficial lleven al menos diez años empadronados en el municipio. La normativa vigente establece que la antigüedad mínima de empadronamiento exigible a los solicitantes no podrá superar los tres años.
La propuesta lleva el sello personal del alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que le ha trasladado en persona al expresidente y líder de Junts Carles Puigdemont. En conversación con el ARA, Vallès explica que la idea es evitar que las personas que llevan menos tiempo viviendo en ciudades y villas pasen por delante de aquellas que tienen más "arraigo" y vínculos. La iniciativa nace a partir de la realidad de Sant Cugat, un municipio con pisos caros, tanto de alquiler como de compra –en octubre de 2024 alcanzó su máximo histórico, 4.476 €/m², según Idealista–. "La gente joven que ha crecido aquí tiene que irse cuando quiere independizarse", lamenta el alcalde. A Vallès no le dan miedo las críticas de aquellos que puedan acusarle de querer priorizar a los vecinos de toda la vida por delante de los inmigrantes. "No me preocupa. Yo trabajo por la gente de la ciudad", asegura.
La reforma que plantea Junts per Sant Cugat supondría volver a una versión anterior de la ley de la vivienda, más restrictiva en cuanto al padrón. Hay que tener en cuenta que la normativa no obliga a estar empadronado en un municipio concreto para acceder a promociones de protección: sólo faculta a la administración a introducir este requisito con un límite de tres años y, además, habilita al Gobierno a establecer un porcentaje máximo sobre el total de las viviendas donde se puede exigir. El alcalde de Sant Cugat expondrá la propuesta de subir hasta los diez años lo mínimo para optar a vivienda de protección oficial en el espacio municipalista del partido, que preside él mismo.
Contra el empleo
Al mismo tiempo, Junts alarga la mano a los propietarios que miran con recelo las regulaciones más proteccionistas con los colectivos vulnerables. Ya lo hizo en la negociación del decreto ómnibus que tumbó en la primera votación, exigiendo que el Estado asuma los gastos de los inquilinos vulnerables que dejan de pagar. Esta vez vuelven a dar la batalla contra el empleo. Según ha avanzado el ACN, el partido ha registrado una proposición de ley en el Parlamento para que las comunidades de propietarios puedan pedir a los jueces echar a okupas de las fincas cuando "alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble". La vía pasaría por el propio Parlament: los junteros plantean modificar el Código Civil y la ley de vivienda, de acuerdo con lo que ya planteó el Colegio de Abogados de Barcelona. Es similar a una propuesta que Junts también llevó al pleno la pasada legislatura, y que la cámara tumbó. También esta semana el partido registró una propuesta para incrementar en hasta 400 millones más la dotación del Plan de Vivienda de la Generalitat.
El partido de Carles Puigdemont se ha llevado las críticas de las fuerzas catalanas de izquierda por haberse puesto de perfil en regulaciones claves sobre el derecho a la vivienda. Por ejemplo, en la regulación del alquiler de temporada a nivel estatal, que tumbó con PP y Vox. Habrá que ver qué hacen con la convalidación del decreto ley que el Gobierno pactó con los comunes y que sanciona con multas de hasta 900.000 euros el fraude de ley con el alquiler de temporada y los incumplimientos del tope del alquiler. Por ahora, la portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha fruncido la nariz con el anuncio de este jueves de Isla sobre suelo público y le ha reprochado ir prometiendo "millones y millones" cada semana sin tener presupuestos. "Parece más el director de una agencia de publicidad que el presidente de los catalanes", ha criticado.
