Los comunes se acercan a la Iglesia en busca de vivienda

BarcelonaEl acceso a la vivienda es ya la primera preocupación de los catalanes. Tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el de Salvador Illa han captado el malestar social que genera el encarecimiento de los alquileres y ya han anunciado medidas para intentar remediarlo. Pero, desde la oposición, hay quien busca fórmulas para tratar de ampliar el parque público de vivienda sin necesidad de esperar el montón de años –entre tres y cinco– que pasan entre que un piso se dibuja sobre un plano y se entregan las llaves a los propietarios. Y aquí es donde los comunes, en Tarragona, han puesto una nueva propuesta sobre la mesa. Según explican al ARA fuentes de la formación, el concejal de En Comú Podem Jordi Collado lo ha hecho a través de cuatro cartas que ha enviado a cuatro destinatarios diferentes: el arzobispado de Tarragona, el Puerto de Tarragona, Adif y la Subdelegación de Defensa del gobierno central. ¿Qué tienen en común? Los cuatro nos tienen inmuebles que podrían estar vacíos, y los comunes les plantean un trato: que les cedan para uso social unos años a cambio de que el consistorio les rehabilite. Y tienen ya una primera respuesta. En ese caso, de la Iglesia.

El equipo de los comunes en Tarragona se ha reunido este jueves con el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, para explorar esta vía. Fuentes de ambas partes trasladan satisfacción por cómo ha ido el encuentro. Los comunes no forman parte del gobierno municipal, del PSC, pero desde el inicio de mandato han puesto el cuerno en las políticas de vivienda para resolver una situación que califican de dramática: la ciudad registra 200 desahucios al año y sólo en la Parte Alta de Tarragona, tiene hasta un centenar de personas viviendo en la calle. El arzobispado de Tarragona hace ya tarea social para atender a estas personas y otras en situación de necesidad (por ejemplo, con un comedor social). "Ha habido una sintonía clarísima con la propuesta", añaden fuentes del arzobispado.

Ahora, sin embargo, habrá que aterrizar la propuesta, de la que los comunes también han informado al gobierno municipal, que es quien debería terminarla firmando. El arzobispado de Tarragona hará un inventario de qué propiedades tiene en uso y cuáles no: algunas viviendas ya están en manos de Cáritas u ONG vinculadas a la Iglesia que, por ejemplo, las ponen a disposición de personas sin hogar para que puedan ducharse. Fuentes de la institución explican que en Valls sí tienen identificados inmuebles en mal estado que están vacíos y que podrían movilizarse. Pero habría que ver si también existen en la capital tarraconense.

Los que aún no han contestado son Adif, el Puerto de Tarragona y la Subdelegación de Defensa, que también tienen viviendas en desuso o que podrían rehabilitarse con cargo a una partida de 9 millones de euros en las cuentas municipales por compra, rehabilitación y construcción de vivienda. Según fuentes de los comunes, el dinero no sería un problema: "El Ayuntamiento de Tarragona dispone de la capacidad presupuestaria para rehabilitar estos inmuebles, vía remanente, y ponerlos a disposición de las familias más vulnerables", trasladó Collado a las cartas.

450 pisos a final de mandato

El déficit de parque de vivienda protegida en Tarragona se explica porque todo lo que se construyó en los años 2000 se vendió. En los últimos tres años, los comunes han situado la vivienda como condición para apoyar al exalcalde de ERC Pau Ricomà y al actual alcalde del PSC, Rubén Viñuales, a cambio de que el consistorio impulsara un programa de compra de vivienda para destinarla al alquiler: el objetivo del consistorio es llegar a final de mandato, en el 2027. Según los últimos datos oficiales de la Generalitat, en Tarragona existen 2.531 pisos en régimen de protección oficial. Sólo 221 son de alquiler.

La posibilidad de incorporar al parque público vivienda proveniente de la Iglesia y otras instituciones del Estado en Tarragona servirá como banco de pruebas por una vía que el partido lila quiere exportar al Parlamento y al Congreso de los Diputados. Fuentes de los comunes destacan que la Iglesia es un gran tenedor que debería ser especialmente receptivo a la propuesta, debido a su vocación de servicio social, y confían en poder encontrar una vía de colaboración. En el Parlament, y tras condicionar la anterior legislatura al final del Hard Rock, los comunes han escogido hacer de la vivienda su bandera, tanto en el acuerdo de investidura con Salvador Illa –la promesa de los 50.000 pisos es un acuerdo firmado por el PSC con ERC y con ellos– como en las primeras negociaciones con los socialistas en el Govern. La primera medalla se la han colgado con el régimen sancionador de la ley de la vivienda, aunque ahora tendrán que presionar al ejecutivo catalán para que habilite el cuerpo de un centenar de inspectores que tendrá que aplicarlo para que no sea papel mojado.