El juez no ve delito en que Montoro conociera datos fiscales reservados de adversarios políticos

BarcelonaEl caso que afecta la presunta corrupción del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha dado un nuevo paseo. El juez de Tarragona que investiga la trama ha dejado claro en varias resoluciones, que han trascendido este jueves, que no ve delito en que Montoro, ahora imputado por múltiples delitos, recibiera correos de su equipo con datos fiscales de políticos de distintos partidos, incluidos adversarios. Así, deniega la personación como perjudicados del exministro del PP Rodrigo Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, porque no ve ninguna ilegalidad en esa sustracción de datos suyos, ya que estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibirla, según el juez. Por contra, ha aceptado la personación del PSOE, la única que ha validado, mientras que ha rechazado la de un periodista.

No ve el delito de revelación de secretos ni de infidelidad en la custodia de documentos en que Montoro recibiera de su equipo correos electrónicos con los datos fiscales. Según el relato judicial, fue el jefe de gabinete del ministro quien se encargó de transmitirla y apunta a que "no existe divulgación a terceros" porque no se publicaron. Además, sostiene que la Fiscalía, al revisar la documentación de la causa, ya concluyó que el contenido y la transmisión de correos no era delito. El juez que ha instruido siete años la causa bajo secreto de sumario también deja claro que aunque "algunos de los correos contienen datos muy concretos", "al ministro de Hacienda le corresponde la jefatura superior de la Agencia Tributaria y que, por tanto, puede conocer estos datos". También añade que para que fuera delito los datos deberían ser reservados y quien accediera no debería estar autorizado, por el carácter "indudablemente reservado", pero que "las personas que han accedido están legalmente autorizadas", tanto el ministro como el jefe de gabinete.

Montoro habría obtenido presuntamente datos fiscales de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el tenista Rafa Nadal, la baronesa Thyssen, del caso Gürtel del PP y del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El despacho, contra los periodistas

El caso ha puesto a Montoro en el punto de mira, así como al despacho Equipo Económico, una consultoría fundada por él –había llevado su apellido– y que habría sido una pieza clave para los supuestos trapicheos del ahora imputado. Pero este señalamiento judicial, que ha supuesto una treintena de imputaciones, no ha gustado en el despacho, que este jueves ha difundido un duro comunicado lleno de amenazas a los periodistas. "Equipo Económico se reserva el derecho de ejercer las acciones legales necesarias, incluso de orden penal, contra quien vierta acusaciones infundadas o difunda informaciones falsas, en defensa del buen nombre y prestigio profesional tanto de la firma como del conjunto de profesionales que la integran", remarcó.

Ahora bien, el largo escrito no sólo lanza avisos a los periodistas en defensa de su "honorabilidad y solvencia profesional", sino que también se dedica a negar varias acusaciones ya poner en entredicho la actuación de la justicia. Así pues, presentó este miércoles un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Tarragona, denunciando "graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio" y "niega rotundamente haber pagado obsequio, comisión o retribución ilícita a ningún funcionario o autoridad". Asimismo, pretende aclarar que "no ha cometido ninguna irregularidad en la prestación de sus servicios profesionales". Respecto a los cambios legales que se analizan en la causa, lo que supuestamente son las leyes a medida de los clientes del despacho fundado por Montoro con el beneplácito del ministerio de Hacienda, incluso sostienen que "estas leyes fueron aprobadas por las Cortes Generales, siguiendo los exigentes trámites previstos" en su ordenamiento. fuesen debatidas y aprobadas.

También aduce que los cambios normativos "no han sido modificados en los muchos años transcurridos desde su aprobación" y que su "validez y constitucionalidad" no han sido cuestionadas "en ningún momento por ningún partido político ni por ningún gobierno ni por ninguna otra institución". El comunicado llega a defender que las modificaciones no se produjeron "por decisión particular en interés de terceros". Por todo ello va a la carga contra la instrucción judicial, con duras acusaciones: denuncia la "indefensión" en el procedimiento "anómalo" de más de siete años de secreto de actuaciones y que después de estos años "la causa fue filtrada a los medios de comunicación y utilizada políticamente de forma inmediata, causando un irreparable daño reputacional". En este sentido, lamenta que no haya tenido la posibilidad de acceder a las actuaciones del procedimiento del último año, que no se haya dado "ninguna posibilidad de aclaración, explicación o contradicción de la información publicada" y que esto le haya expuesto a unas "conclusiones sesgadas, basadas exclusivamente en conjeturas y absolutamente erróneas", según su criterio.