Ismael Peña López: "Tenemos directivos públicos que saben, pero tienen el trasero alquilado al partido"

BarcelonaIsmael Peña López (Mataró, 1973) fue el director de la Escuela de administración pública la pasada legislatura. Dimitió el 8 de octubre, con el cambio de Gobierno, pero admite que llevaba tiempo sin encajar en las "dinámicas de partido".

¿Qué hace la Escuela de administración pública?

— Formar a los funcionarios. Son unas 350.000 personas en toda Cataluña que la Escola les actualiza en las competencias que necesitan. Pero lo que hemos hecho en los últimos tres años es orientarnos hacia la gestión integral del talento, incluida la selección de personal.

¿Qué se ganaría si la Escuela organizara las oposiciones en lugar de la dirección general del Gobierno?

— No tiene sentido seleccionar a la gente de una manera y después de que la formes de otra. Ahora en la administración tú puedes entrar siendo economista y terminar en el ámbito de la meteorología.

La reforma de la administración suele estar en la agenda de los gobiernos, pero nunca acaba materializándose. ¿Por qué?

— Los políticos, en general, de gestión pública saben poco y no les interesa. La reforma es a largo plazo, nadie es capaz de arreglar la administración en cuatro años, ni siquiera tendrías un resultado parcial.

¿Entonces el problema es de los políticos? ¿No existe una resistencia de la administración de ser reformada?

— Clarísimamente es de los partidos. En primer lugar, tienen una aversión enfermiza a la diagnosis. No digamos que las cosas van mal, porque quizá dirán que es nuestra culpa. En segundo lugar, tenemos a políticos que no son especialistas en sus carteras. Esto no significa que sean estúpidos, sino que los partidos tienen un sistema de incentivos o de colocar a la gente que no obedece a las necesidades reales del gobierno. Y, en tercer lugar, el famoso tacticismo.

¿Es por estos incentivos que dice que tienen los partidos de colocar a una serie de gente en puestos de la administración que no se profesionaliza el directivo público?

— La Generalitat coloca a unas 600 personas con cualquier cambio de gobierno, sumando cargos y otros ámbitos de influencia. Perfectamente, podemos ir a 2.000 o 3.000 puestos de trabajo que dependen de que un partido te conozca o no. Esto genera unas cuotas de poder muy difíciles de renunciar.

¿Y cómo se resuelve?

— El incentivo ahora es colocar a personas porque también colaboran con la financiación de los partidos. La solución puede ser darles la financiación que necesitan. La democracia es cara. Deberíamos llegar a un pacto con los partidos para que, a cambio de no poner a sus personas inexpertas en un lugar de poder (y pusieran de expertas), les diéramos más financiación para poder tener a la gente liberada y que hagan lo que deben hacer, que es pensar. No puede que la plantilla de un partido, en lugar de estar a sueldo de la formación, lo esté de la ciudadanía para que pueda trabajar por el partido.

Pero aumentar la financiación de los partidos es polémica.

— Sí, pero es la mejor opción. Yo no quiero decir que los directivos públicos que tenemos no sepan o no sean buenos, pero tienen el trasero alquilado al partido. Hay muchos políticos competentes, pero a veces no están en el sitio que tocan o no son suficientemente autónomos. Tiene un coste muy alto encararse al partido.

¿Pero Cataluña debería ser como en el Reino Unido? ¿Que los altos directivos no cambian con los cambios de gobierno porque son funcionarios? Esto lleva al clásico problema de la serie del Sí, primer ministro.

— A mí me gusta más el modelo inglés que el catalán, pero también es interesante el modelo chileno que mezcla una alta dirección pública que viene de fuera, pero que realiza unas pruebas antes de entrar (no sólo por confianza política).

¿Con qué se ha encontrado usted en su experiencia en la escuela?

— En los dos primeros años en la Escuela tuve mucho apoyo político, mientras repensaba la propia Escuela. En el momento en que debían tomarse riesgos ya fue más complicado.

¿Dimiti del cargo por eso?

— Desde hace un año me encontraba incómodo con las dinámicas de los partidos y no veo que ahora el nuevo gobierno cambie esta dinámica.

¿Qué quería hacer?

— Dejar de realizar oposiciones generalistas y hacer más especialización. Esto significaba cambiar el sistema de selección, de formación, de transparencia... Afectaba a todo el mundo. Los sindicatos creen que esto quita movilidad a los trabajadores, que es cierto, pero debemos encontrar el equilibrio entre movilidad y eficiencia.

¿Cree que la reducción de la temporalidad que pedía Europa, a través del proceso de estabilización, se ha realizado correctamente?

— No había ningún método correcto. Una manera era echar a la gente que no ha entrado bien; la otra, hacer exámenes normales, que es parecido a echarla; y la otra, unas pruebas fáciles o una amnistía general sin pruebas. Se ha optado por las pruebas fáciles y por valorar méritos, y seguramente era la que generaba menos efectos secundarios y problemas.

Pero ¿hay ahora dos categorías de funcionarios?

— No, en absoluto. Sólo de facto porque hay gente que hace veinte años entró con unas oposiciones como Dios manda y ahora hay gente, sobre todo en el mundo local, que ha entrado porque el alcalde le puso a dedo y ha hecho un examen nyigui-nyogui. Pero da igual un funcionario que otro.

¿Y esto no genera un problema de desigualdad de trato?

— Hay un problema de cuadros sin conocimiento en materia de subvenciones, contratación, licitaciones... Pero el proceso de estabilización afectaba entre el 40% y el 50% del sector público, echarlos con la afectación a sus respectivas familias habría generado un problema de primer orden social. Es cierto que se han creado muchos agravios comparativos y gente que no debería ser funcionaria ahora lo es y con igual igualdad de condiciones, pero la alternativa era muy perversa.

Los trabajadores públicos del Parlamento se mantienen en régimen especial, fuera de la función pública general, con trienios excepcionales. ¿Deben entrar en el paquete general?

— Los políticos han cedido a los chantajes de un grupo pequeño de funcionarios que han sabido convencer a los diputados de que merecían una serie de prebendas. Si nos creemos de verdad que debemos trabajar más por funciones y competencias y no tanto por memoria, esto se desmonta. Debe ser lo mismo ser un lingüista en una administración o en otra. Debería haber movilidad horizontal entre todas las administraciones.

¿Hay mucha diferencia ahora entre ser un trabajador público y uno privado?

— Dicen las estadísticas que los menos calificados están mejor pagados a la pública y los más calificados menos bien pagados. Ojalá todo el mundo cobrara igual que a la pública, las condiciones son justas. .La mayor parte de la gente que he conocido yo se exige, pero es cierto que no hay manera de echar a los que no lo hacen.

¿Qué falta en la nueva reforma que plantea el Gobierno?

— Sobra prisa y falta tiempo. Falta una planificación operativa. El comité de expertos puede diagnosticar, pero no aportar soluciones, que son decisiones políticas.