El pasado como arma electoral: ¿qué se pierde si se deroga la ley de memoria?
Quedan en el aire miles de exhumaciones, la resignificación de Cuelgamuros o la auditoría de bienes expoliados
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BarcelonaEn las políticas de memoria en España todo avanza muy lentamente, porque por cada paso que se da, se deben superar mil y un obstáculos. Los últimos cuatro años, el gobierno estatal ha pisado el acelerador, pero va un poco tarde y muchos de los proyectos pueden quedar en papel mojado después de las elecciones del 29-N. En sus programas electorales, tanto el PP como Vox han dejado claro que derogarán la ley de memoria democrática de 2022.
Lo que ha sucedido en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha sirve de laboratorio para anticipar qué puede pasar a escala estatal. En Extremadura, la Junta inició el expediente para declarar Bien de Interés Cultural y blindar la Cruz de los Caídos de Cáceres, un símbolo franquista. En Madrid, la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, tiene un pasado bien oscuro: allí estaba la dirección general de Seguridad, donde la policía franquista torturaba. El gobierno español quería poner una placa que lo recordara, pero Isabel Díaz Ayuso consiguió que la Audiencia Nacional suspendiera cautelarmente la declaración como Lugar de Memoria y, además, retiró cursos de formación para el profesorado sobre el franquismo. No siempre es necesario derogar para frenar: en Andalucía se dejaron morir programas de investigación y la Junta se desentendió de las grandes fosas. Hace cuatro o cinco años, el gobierno andaluz participó en las exhumaciones de la fosa de Pico Reja, en Sevilla, o las de los cementerios de La Salud y San Rafael, en Córdoba. Actualmente, en cambio, ya no participa, según el ministerio de Política Territorial y Memoria, en la fosa Monumento (2.700 víctimas), en el cementerio de la Soledad de Huelva (1.100 víctimas) o en el cementerio de San Eufrasio de Jaén (1.800 víctimas).
Más de 10.000 víctimas todavía por exhumar
Aunque comunidades como Cataluña hace años que tienen su propia ley de memoria y de fosas, en gran parte del Estado el peso histórico había recaído, antes del 2022, en las entidades memorialistas. “Ahora el Estado ha cogido la sartén por el mango y está llegando a donde antes no se llegaba”, afirma Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Granada. Este impulso se ha traducido en una partida global anual de 13,9 millones de euros, incrementada recientemente para el programa 50 años, España en libertad. El balance deja cifras significativas: se han identificado 6.053 fosas y se han exhumado más de 6.800 víctimas exclusivamente con financiación estatal (una cifra que supera las 10.000 si se suman las de otras entidades). De estas, solo se han podido identificar 400. El mismo ministro Ángel Víctor Torres reconoció que el proceso se encuentra a medio camino: la previsión era recuperar unas 10.000 más en los próximos cuatro años. Decenas de miles de hombres y mujeres nunca se encontrarán por la complejidad del terreno o porque su rastro ha desaparecido para siempre.
Después de cincuenta años de democracia, el ministerio de Cultura también instó a la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco. Para Jordi Guixé, historiador y director del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), la ley peca, sin embargo, de algunas carencias: “El texto puede ser precioso, pero falta un poder que ejecute”. Guixé lamenta, entre otras cosas, que muchas declaraciones de Lugares de Memoria se hayan quedado en un gesto sin presupuesto asociado o no vayan más allá de poner una placa, como ocurre en la comisaría de Via Laietana.
Uno de los vestigios del franquismo más monumentales es el valle de Cuelgamuros. El gobierno español anunció en noviembre del año pasado que el proyecto ganador para resignificar el mausoleo era La base y la cruz y debía destinar un presupuesto de 30,5 millones de euros. Ya existe el proyecto básico de arquitectura, pero todavía no se ha picado piedra. Tras años de litigios, en el interior de las criptas ya se han identificado 27 víctimas, y se siguen exhumando restos de personas que fueron enterradas allí sin el permiso ni el conocimiento de sus familiares.
Muchas personas llevan décadas reclamando poder enterrar dignamente a sus familiares; se calcula que cualquier persona en el estado español se encuentra a menos de 50 kilómetros de una fosa común, pero chocan con otro obstáculo: identificar los restos. El 7 de octubre se aprobó el real decreto que regula el Banco Estatal de ADN, pero no entrará en vigor hasta abril de 2027. El gobierno español subraya, sin embargo, que ya dispone del software Bonaparte para integrar perfiles.
Sin auditoría de los bienes confiscados
Por otro lado, la ley de 2022 daba un año para realizar la auditoría de los bienes confiscados por el franquismo y el inventario de mano de obra forzada. Aunque se han encargado estudios a universidades, como la Rovira i Virgili, siguen siendo asignaturas pendientes. La política archivística recibe las críticas más duras de Del Arco: “El caso de los archivos del ministerio del Interior clama al cielo: no hay un catálogo ni una apertura normalizada, todo se hace con cuentagotas, y eso dificulta mucho cualquier investigación”. Finalmente, a pesar de la creación de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, los tribunales continúan archivando las querellas contra los criminales franquistas amparándose en la ley de amnistía y la prescripción de los crímenes. Del Arco considera que es la parte “más floja” y ambigua de la ley. Guixé añade la falta de contundencia en la calle: “En Berlín, si sacas una esvástica nazi, enseguida te demandan. Aquí hace falta un texto más explícito sobre los símbolos anticonstitucionales”.
Si las urnas dan la mayoría a la derecha, la hoja de ruta es bastante explícita. En su programa electoral, el PP se compromete a derogar la actual norma por una “ley de concordia”, que omite la condena al golpe de Estado y a la dictadura y pone el foco en el legado de la Transición. A pesar de prometer mantener exhumaciones exclusivamente “humanitarias”, se abren interrogantes sobre el Banco de ADN, el catálogo de vestigios franquistas o el futuro del proyecto en Cuelgamuros, y abre la puerta a reescribir los currículos escolares. Vox, directamente, exige una derogación total.
Ante este horizonte, Del Arco avisa de que el desmantelamiento será fácil y rápido: “El derecho de las víctimas del franquismo no está blindado porque depende de los presupuestos. Actuarán por ese lado: no les hará ni falta derogar la ley, solo tendrán que no poner dinero”. Sin inversión pública, las exhumaciones de las 10.000 personas que restan bajo tierra pueden quedar paralizadas, dejando que el silencio vuelva a ganar la partida.
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PSC: Consolidación de la ley de memoria democrática
Los socialistas plantean desarrollar el Plan de Exhumaciones y el Censo de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, resignificar el Valle de Cuelgamuros, ampliar la red de lugares de Memoria Democrática e impulsar el Banco Estatal de ADN.
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Frente Amplio: Cierre de las fundaciones franquistas
La coalición propone un despliegue legal profundo de la ley de memoria democrática, el cierre de las fundaciones franquistas, la aprobación de una ley de bebés robados y la reformulación de la ley de secretos oficiales.
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ERC: El traspaso de la comisaría de Laietana, en el centro
Los republicanos hacen dos propuestas de ley (de desaparición forzosa de menores y de memoria y reparación LGBTI+), proponen finalizar la auditoría de bienes expoliados por el franquismo y reclaman el traspaso de la comisaría de la Policía Nacional de Vía Laietana 43.
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Junts: Vía Laietana y los retornos patrimoniales
Los juntaires condicionan la memoria a la denuncia de la represión en Cataluña. Piden la cesión de la comisaría de Policía de Vía Laietana, el retorno íntegro de los Papeles de Salamanca y una nueva ley de secretos oficiales, entre otros.
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PP: Derogación de la ley de memoria democrática
Los populares se han comprometido a derogar la ley de memoria democrática para sustituirla por la “ley de concordia”. Mantienen el carácter humanitario de las tareas de búsqueda e identificación de desaparecidos y cambios en el currículo escolar.
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Vox: Derogación de la ley de memoria democrática
El partido de extrema derecha propone eliminar la ley de memoria democrática porque pretende “imponer una verdad oficial”. Rechazo frontal a cualquier intervención institucional en la interpretación de la historia y protección del patrimonio y las tradiciones.