Encallado el nuevo intento de hacer una ley electoral catalana

BarcelonaNadie dijo que fuera a ser fácil y, efectivamente, no lo está siendo en absoluto. El enésimo intento de impulsar una ley electoral propia para Catalunya, que se volvía a gestar en septiembre pasado, se ha vuelto a encallar. Tres meses después, los partidos todavía no se han puesto de acuerdo en cómo empezar a hacer el trabajo. Por ahora, pues, continuará vigente la anomalía de Catalunya como la única comunidad que no ha conseguido hacer una ley así desde la Transición y que se rige por la ley orgánica de régimen electoral general (Loreg), del 1985 y bastante anticuada en algunos aspectos. De cara al nuevo año, los partidos aseguran que lo volverán a intentar.

Contar las veces que se ha intentado hacer una ley electoral catalana resulta un ingente trabajo de hemeroteca. Con más o menos seriedad, una quincena. El 17 de septiembre de este año se produjo el último intento. Todos los grupos parlamentarios –excepto Vox– recibieron en el correo una propuesta formal de ERC para formar una ponencia conjunta en el Parlament y empezar a elaborar la ley. Solo había que firmarla y poner día y hora para reunirla, pero no se llegó a concretar. "Está todo exactamente igual. El intento de ERC no ha salido adelante", explica al ARA un diputado experimentado, que ya ha vivido varias tentativas.

El conflicto actual radica en el quién y lo cómo se impulsa este nuevo intento de hacer la ley. "Por nosotros no ha sido", defienden desde el grupo republicano, que consideran que poner en marcha una ponencia conjunta era el escenario ideal para empezar a trabajar, puesto que la responsabilidad recae en el Parlament. "De cara al año que viene lo retomaremos", se muestran confiados. Varias fuentes parlamentarias consultadas por el ARA aseguran que uno de los problemas es que Junts tiene un enfoque diferente sobre cómo se tiene que encarar la ley: quiere que el Govern tenga un papel preponderante. En definitiva, hay una pugna sobre quién lidera el proyecto o, lo que es el mismo, si la ley la redacta el ejecutivo o la cámara catalana. De hecho, la consellera en la materia, Victòria Alsina, ya ha dicho en más de una ocasión que hacer esta ley es uno de sus objetivos: "Me gustaría impulsar la ley electoral catalana esta legislatura", dijo hace unos meses al ARA . Desde el departamento confirman que continúa siendo "una prioridad", pero no dan más pistas.

El tercer actor destacado de la partida es el PSC, que todavía hace otra aproximación diferente sobre cómo afrontar el problema. Fuentes socialistas aseguran que la clave no es tanto que la ley la impulse el Parlament o el Govern sino que, antes de poner en marcha la maquinaria, los partidos tengan un acuerdo avanzado sobre cuál tiene que ser el nuevo sistema electoral de Catalunya, el mecanismo que traduce los votos en escaños. "Empecemos por el problema gordo. Tenemos que tener un acuerdo sobre esto, y todo lo demás ya vendrá", dicen. Creen, pues, que poner en marcha una ponencia legislativa o que el Govern presente su propio proyecto de ley será trabajo en vano si antes no hay un pacto en esta cuestión. De hecho, los de Salvador Illa recuerdan que, en los intentos anteriores para hacer la ley, "el 90% de la norma estaba acordada" y siempre fracasaba en el mismo punto: el sistema electoral.

La mayoría que lo complica

Este es, con todo, el núcleo del problema. Está mayoritariamente aceptado que el sistema actual beneficia a los partidos independentistas, con mayor implantación en el territorio, y perjudica a los constitucionalistas, que son más fuertes en zonas metropolitanas. Los votos de las circunscripciones de Lleida, Girona y Tarragona tienen más peso que los de Barcelona. Es el eterno debate sobre qué tiene que prevalecer, si la proporcionalidad del voto de cada ciudadano o que todos los territorios se sientan bien representantes en el hemiciclo. Nunca se ha encontrado una fórmula que genere consenso. Aun así, la fotografía electoral nunca es fija y, por ejemplo, ahora ERC ha ganado implantación en terreno metropolitano.

Sea como fuere, la fórmula electoral siempre ha hecho encallar la ley porque unos partidos vetan a los otros y, además, para aprobar la norma se necesita una mayoría cualificada de 90 diputados –y no de 68–, lo cual lo complica todo. La falta de acuerdo en este punto impide impulsar el resto de mejoras que podría traer la ley, como por ejemplo modernizar el proceso electoral –voto electrónico, digitalización del censo o agilización del voto por correo–, intentar reducir los gastos electorales –enviando la propaganda electoral de manera conjunta– o tener una sindicatura electoral propia que no fíe la resolución de las disputas a la Junta Electoral Central. Son aspectos que facilitarían el voto en el actual contexto de pandemia.

Teniendo en cuenta el hito de los 90 votos necesarios, cualquier solución pasa por que se pongan de acuerdo ERC, JxCat y el PSC, que suman 98. Difícilmente se puede prescindir de uno de los tres principales partidos para salir adelante. Hace unos meses habría sido impensable, pero recientemente los tres grupos han conseguido ponerse de acuerdo para desbloquear la renovación de órganos como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o el Síndic de Greuges, que hacía años que estaba encallada. El próximo reto en el horizonte, la ley electoral.