La familia Sumarroca se querella contra Sánchez-Camacho, Fernández Díaz y Villarejo por la 'operación Catalunya'

BarcelonaLa familia Sumarroca ha presentado una querella al Tribunal Supremo al considerarse víctimas de la llamada operación Catalunya, según ha avanzado El món y ha confirmado su abogado en un comunicado. Los empresarios han tomado esta decisión mientras son objeto de varias investigaciones abiertas desde hace años en la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones irregulares a la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, así como por la presunta entrega a CDC de comisiones en la llamada trama del 3%. La querella se presenta después de que varios medios hayan publicado una colección de grabaciones del excomisario de policía José Manuel Villarejo que demostrarían que existía una conjura entre altos cargos del Estado para desprestigiar el movimiento independentista catalán.

La querella se dirige contra la actual senadora del PP Alícia Sánchez-Camacho; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; Francisco Martínez, entonces número dos del ministro del PP; la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal; el propio Villarejo, y el exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino. Los impulsores de la querella, copropietarios de uno de los principales grupos constructores de Catalunya, piden que se los investigue por los delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial, detenciones ilegales, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

En el texto de la querella, los demandantes relatan que fueron víctimas de los responsables de las llamadas cloacas del Estado por los vínculos que tenían con la familia Pujol, “cuyo patriarca se consideraba el factótum del movimiento independentista”, y de los que se sospechaba que podrían haber actuado como testaferros del expresident.

En este sentido, acusan a Sánchez-Camacho de haber facilitado una "lista negra" a Villarejo en una reunión en su casa el 6 de noviembre de 2012, cuando era presidenta del PP catalán, que contenía nombres de personas a las que había que investigar y perseguir policialmente por los vínculos con el independentismo. Los demandantes afirman que sus nombres salían en la lista, y que provocaron la imputación posterior de Carles Sumarroca y su hijo en el caso Pujol, Petrum y Torredembarra. Según la querella –que ahora el Supremo tendrá que estudiar si admite a trámite–, la operación Catalunya “estaba orquestada desde la cúpula del PP y del gobierno, a quien Villarejo reportaba sobre el adelanto o no de las investigaciones prospectivas que habían iniciado”.

Denuncias nunca verificadas

El escrito recoge los audios que constatan que la familia Sumarroca fue señalada por Sánchez-Camacho a Villarejo como uno de los "objetivos a perseguir a finales del 2012", en plena eclosión del movimiento independentista. Así, los querellantes consideran que las grabaciones y las agendas acreditan como los ataques se construyeron "artificialmente" con "denuncias que nunca han sido verificadas". Los denunciantes hablan de "persecución prospectiva, inventada y premeditada" porque la familia "ha sido representativa y emblema de un modelo empresarial familiar de éxito que ha contribuido al desarrollo económico territorial de Catalunya".

"Con esta voluntad tendenciosa y delictiva de manipular la realidad y condicionar un momento político, la selección de la familia Sumarroca como cabeza de turco no ha sido gratuita", añaden, antes de denunciar que “la investigación ha sido totalmente prospectiva y dirigida a personas en concreto”. Así, se recogen las anotaciones y audios con "referencias e informaciones totalmente inventadas en algunos casos con el objetivo, parece, de construir un relato de proximidad y conexión con la familia Pujol y Convergència". "Hay afirmaciones rocambolescas y carentes de todo rigor, como por ejemplo que Carles Sumarroca fue a recoger a Jordi Pujol a la prisión a finales de los años 60 y que lo acogió en su casa en aquel momento", apunta el escrito.