El fiscal general rehuye una defensa política y se centra en desvincularse de la filtración

MadridÁlvaro García Ortiz se sacó la toga de fiscal general del Estado que llevó durante todo el juicio para declarar finalmente como acusado durante hora y media. En la quinta sesión de la vista oral en el Tribunal Supremo, García Ortiz se ha sometido a un interrogatorio muy medido –solo ha respondido a las preguntas de su defensa y de la Fiscalía– en el que se ha centrado en desvincularse de la filtración del correo con información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El máximo responsable del ministerio público ha rehuido realizar una defensa política, pese a la evidente carga política que tiene el caso, y ha evitado también el cuerpo a cuerpo con las acusaciones que le piden penas de hasta seis años de cárcel por revelación de secretos.

Ha hecho una mención especial al empresario Alberto González Amador, que ejerce de acusación particular, acusándole de haber actuado con "deslealtad". "No existe una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", aseguró sobre su actuación desde el momento en el que formuló la querella. Según García Ortiz, es el novio de Ayuso quien propició que se hiciera un "uso político" de la información sobre su negociación con la Fiscalía para alcanzar un pacto de conformidad ante la investigación contra él por fraude fiscal.

Mientras García Ortiz ha asegurado que actuó movido únicamente por el interés de defender "el honor" de la Fiscalía, dañado por las insinuaciones de Ayuso y de su entorno, el fiscal general ha puesto en duda las intenciones de González Amador cuando reenvió a la mano derecha de la presidenta, caso, Julián Salto, enviado el 12 de marzo de 2024, en el que respondía la petición de pacto que le había planteado el anterior abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, en el correo del 2 de febrero. Un documento que habría filtrado presuntamente al fiscal general. García Ortiz ha negado el supuesto: "No le hice llegar a personas ajenas a la Fiscalía", ha remachado.

El fiscal general negó haber hablado con el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos que, también en la sesión de este miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situaron como el responsable de la publicación que reveló el secreto por el hecho de que fue el primero en publicar "frases textu". "No cojo llamadas [de periodistas] desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. Y menos aún esa noche", ha asegurado García Ortiz.

La polémica nota de prensa

"Había que defender la actuación absolutamente impecable de la Fiscalía", ha dicho el fiscal general para justificar su interés por conseguir los correos electrónicos intercambiados entre Salto y Neira. García Ortiz ha expuesto que Ayuso y su entorno trataron de "invertir un poco el foco". Primero con las declaraciones a los medios de la presidenta madrileña, que atribuyó la investigación por fraude fiscal a una persecución política, y con la difusión de una versión errónea, publicada en El Mundo a las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024 y utilizada para lanzar la idea de que el pacto de conformidad era un "cebo" diseñado por el fiscal general para perjudicar a la pareja de la presidenta madrileña.

García Ortiz ha negado que tuviera ninguna intención "de perjudicar ni su derecho de defensa ni su propia honorabilidad" y ha dicho que era ajeno a esta negociación de la que se enteró esa noche. Justamente esta falta de información previa, sumada a la voluntad de proteger la reputación de la Fiscalía, es lo que ha dicho que le llevó a la obtención de los correos para elaborar una nota de prensa que desmintiera El Mundo. En el comunicado, defendió, trató con "exquisitez" los datos de González Amador.

La tesis contraria del UCO

Los agentes de la UCO que han declarado como peritos han desplegado una tesis contraria a la del fiscal general, a la que han señalado como origen de la filtración. Según los investigadores de la Guardia Civil, el filtrador debe ser a la fuerza una persona que conociera que se estaba haciendo esta nota de prensa. Filtrar el correo para que la SER publicase fragmentos literales era, a su juicio, una manera de protegerse. Como la radio ya lo había publicado, la nota de prensa que estaban redactando dejaba de ser delictiva.

García Ortiz ha rechazado esta tesis -la filtración y la elaboración de la nota "son dos cursos causales absolutamente diferentes", ha dicho- y su defensa ha acorralado a la UCO cuestionando por qué, en su investigación, no valoraron hipótesis alternativas a la culpabilidad del fiscal general. La abogada del Estado Consuelo Castro ha preguntado por qué obviaron que en la noche de la filtración otras 16 personas tenían acceso a la cuenta de correo electrónico genérico de la fiscalía de delitos económicos a la que también llegó la comunicación con la información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Castro también ha cuestionado que no se analizaran los teléfonos de otros fiscales que, como García Ortiz, tuvieron acceso al correo al tiempo que sabían que se elaboraría una nota de prensa, como el fiscal del caso Julián Salto y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. La respuesta de los agentes de la UCO ha sido que, ya de entrada, disponían de "suficiente carga indiciaria" contra el fiscal general porque él era quien tenía "un dominio" y "jerarquía" sobre todo lo que ocurría en el ministerio público. Sobre Lastra, que también señaló a García Ortiz en su declaración como testigo de la semana pasada, también se ha pronunciado el fiscal general, evidenciando que hay una guerra interna en la Fiscalía. La fiscal superior de Madrid tiene "desafección" hacia él, dijo.

Los mensajes borrados

Otra pata de la defensa de García Ortiz fue justificar que sus dispositivos, cuando la UCO los registró, no tuvieran ningún mensaje. Lo que para las acusaciones es un atisbo de culpabilidad, el fiscal general lo ha enmarcado en la normalidad.

García Ortiz ha dicho que borra los mensajes mensualmente de forma "sistemática" por el tipo de información que tiene a su alcance. Si su móvil termina en manos ajenas "pone en peligro a muchas personas de este país", ha advertido. Los agentes de la UCO lamentaron, en cambio, no haber podido "recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación". Las explicaciones de García Ortiz no han convencido a las acusaciones de que, una vez terminada la declaración, han confirmado que mantienen las peticiones de prisión e inhabilitación contra el acusado –sólo Manos Limpias la ha modificado bajándola de cuatro a tres años de cárcel–. Este jueves, con los informes de las partes, el juicio quedará visto para sentencia. Si el tribunal se decanta por hacerles caso y condenarle en lugar de absolverle tal y como piden la Fiscalía y la abogacía del Estado, García Ortiz deberá quitarse la toga definitivamente.