Los periodistas exculpan al fiscal general y el gobierno español insiste en que "no hay pruebas"

MadridLa defensa que hizo el presidente español, Pedro Sánchez, el domingo en El País, de la "inocencia" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enervado a la derecha, que considera que es una forma de "presionar" al Tribunal Supremo. Nada más lejos de la realidad, según Moncloa. Este martes la portavoz del gobierno español y titular de Educación, Pilar Alegría, se reafirmó en que "no hay pruebas" para condenar al fiscal general del Estado, y lo dijo en base a los distintos testigos que desfilaron por el juicio al Supremo. Si la semana pasada un periodista deEldiario.es ya le exculpó, asegurando categóricamente que García Ortiz era "inocente" y que no era la fuente que le facilitó el correo filtrado, otros dos periodistas apuntalaron esta versión en la cuarta jornada de juicio. El periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, que publicó en la noche de la filtración el contenido del mensaje del 2 de febrero de 2024 con información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, también ha desvinculado al máximo responsable del ministerio público.

Campos ha explicado que, aunque le llamó esa noche, no habló con él. García Ortiz no le cogió el teléfono, no le devolvió la llamada y no intercambiaron mensajes. De hecho, el periodista de la SER aseguró que tuvo acceso al correo horas antes que el fiscal general. Si los investigadores sitúan a las 21.59 horas del 13 de marzo de 2024 el momento en el que García Ortiz obtuvo el mensaje, Campos relató que lo consultó a primera hora de la tarde de ese día. Lo hizo desde la pantalla del ordenador de su fuente –que solo le dejó tomar notas y no le reenvió ni imprimió el correo–, situado en un despacho de una "tercera planta". Una ubicación que pone el foco en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Tanto la defensa del fiscal general como la Fiscalía han insistido en sus preguntas a lo largo del juicio en ese espacio físico. La fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra –que en su declaración apuntó contra García Ortiz–, y el jefe de prensa de la Fiscalía madrileña, Íñigo Corral, ambos testigos en las primeras sesiones del juicio, trabajan en la tercera planta de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Otro periodista que ha atestiguado este martes, José Manuel Romero-Salazar, que trabajaba en El País en el momento de la filtración, ha ido más allá y ha apuntado directamente a la institución liderada por Lastra. Según Romero, conoció incluso antes que Campos, el día previo a la filtración, que el empresario Alberto González Amador había reconocido el fraude fiscal y ofrecía un pacto en la Fiscalía. Es decir, el contenido del correo del 2 de febrero. Sin embargo, no tuvo acceso directo, a diferencia de la SER. ¿Quién se lo contó? Una "fuente de toda solvencia" de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, ha afirmado el experiodista deEl País. Romero también negó haber hablado con García Ortiz en aquellos días y subrayó que su diario "sabía [el contenido del correo filtrado] antes de que el fiscal general se pusiera a buscarlo". Estos dos testigos ayudan a la defensa a sacar el foco del fiscal general, el único acusado, evidenciando que más personas pueden ser el origen de la filtración.

Campos ha afirmado, de hecho, que "cientos de personas" tuvieron acceso al correo antes de que García Ortiz lo recibiera, porque el anterior abogado de González Amador, Carlos Neira, le envió a un correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos. Según Campos, inicialmente llegó a 23 fiscales y cuatro funcionarios y, sin desvelar las fuentes que le empujan a afirmarlo, "se produjeron reenvíos". "La información sale un mes y once días después. ¿Quién puede garantizar que este correo no fue reenviado?", apuntó. El periodista ha subrayado que, además, también existió alguna copia impresa cuya custodia no estuvo garantizada.

La Moncloa se defiende

"Es una falsa polémica del PP", argumentó Alegría, en relación a las acusaciones de "interferencias" a la justicia que ayer lunes hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el presidente español. "No dijo nada que no hubiera verbalizado", afirmó sobre la defensa que Sánchez hizo de la "inocencia" del fiscal. A su juicio, el "respeto" a la justicia ya los jueces no es contradictorio con poder emitir estas opiniones sobre los procedimientos judiciales. Una actitud que choca con lo que piensa la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el sector, que cree que las declaraciones del gobierno español tienen la intención de "deslegitimar" al Supremo.

"Corresponde a los jueces juzgar, pero hasta ahora hemos visto que con los testigos no se ha establecido ninguna prueba: han declarado y han dicho que tenían la información antes de que el fiscal general tuviera la información", recordó Alegría en numerosas ocasiones durante su comparecencia, en la que añadió que sea cual sea el resultado del juicio, ". Para Vox, como para el PP, es "el enésimo ataque al poder judicial". "Esto tiene un nombre y es dictadura", remachó la portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Los mensajes borrados

Otro elemento central del juicio gira en torno a los mensajes que García Ortiz borró de sus dispositivos, lo que, a juicio de las acusaciones, es un indicio de culpabilidad por el hecho de que, a raíz de esta decisión, no se ha podido comprobar si filtró a la prensa el correo con información confidencial. El fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Agustín Hidalgo de Morillo, ha explicado que "por supuesto" que los cargos del ministerio público deben borrar mensajes y documentos, porque una "conservación ilimitada en el tiempo" puede poner en peligro información confidencial o reserva.

El fiscal ha dicho que García Ortiz "no tenía por qué informarle" ni del borrado de datos ni del cambio de móvil que hizo antes de que se registrara su despacho. Hidalgo de Morillo también admitió que "no hay una guía clara" sobre cómo proceder en cuanto a la eliminación de datos, pero que la instrucción general es borrarlo a menos que haya alguna excepción por la "relevancia pública" o por la relevancia para el "patrimonio documental" de un asunto que haya que conservar durante más tiempo.