El fiscal general se presenta como víctima de un "procedimiento injusto" y "sesgado"

MadridUn escueto no ha sido la única intervención del fiscal general del Estado en la primera sesión del juicio en el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz negó con este monosílabo que se considere "responsable" de la revelación de secretos de la que se le acusa, cuando le hizo la pregunta al inicio de la vista oral el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Ha sido su defensa la encargada de desplegar sus argumentos –no declarará hasta el próximo 12 de noviembre–. La abogada general del Estado Consuelo Castro hizo una enmienda a la totalidad a la investigación del magistrado Ángel Hurtado por considerarla "sesgada", "inquisitiva" y "prospectiva". "Fue sometido a un procedimiento injusto", remachó Castro, quien argumentó que García Ortiz sufrió "indefensión" y se le vulneraron una serie de derechos fundamentales entre ellos el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia ya la tutela judicial efectiva.

Con esta argumentación contra la actuación de Hurtado, la abogada del Estado a cargo de la defensa del fiscal general ha intentado desactivar uno de los elementos clave en la causa como es la ausencia de mensajes en los dispositivos intervenidos durante el registro de su despacho el 30 de octubre de 2024. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que el fiscal general les borró coincidiendo con su imputación. Lo que para las acusaciones es un indicio de su culpabilidad, para la defensa y la Fiscalía es un motivo para la absolución, ya que no se pudo encontrar prueba alguna que enviara a algún periodista el correo en el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido fraude fiscal y planteaba un pacto. Castro ha pedido la nulidad del registro y de las diligencias e informes que se han derivado, lo que vaciaría de contenido el procedimiento porque esta ausencia de mensajes no podría considerarse una prueba.

"El decomiso de terminales no es para determinar la culpabilidad, si lo dicen es porque saben que podría haber elementos incriminatorios", replicó una de las acusaciones populares, ejercida por la organización de extrema derecha Foro Libertad y Alternativa. Todas ellas se han opuesto a la petición de la defensa avalada por el ministerio público. El tribunal ha decidido no resolverlo hasta la sentencia ante la complejidad de un debate que ha provocado que los testigos previstos para este lunes hayan comenzado con retraso y no haya podido cumplirse el calendario establecido inicialmente.

Las contradicciones internas

En más de ocho horas y media de sesión declararon cuatro fiscales que intervinieron en los momentos críticos que derivaron en la filtración del correo. El interrogatorio de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el de la superior fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, con contradicciones entre ambas, ha evidenciado la batalla interna que se produjo en la Fiscalía. Según la versión de Lastra, advirtió a Rodríguez de que era un peligro dar información del caso a la Fiscalía General del Estado. "Pilar, los filtrarán. Por favor, no hagas nada", ha dicho que comunicó a la fiscal provincial ante las gestiones que estaba haciendo, a petición de García Ortiz, para conseguir los correos del fiscal Julián Salto, encargado de la investigación por fraude fiscal a González Amador.

Rodríguez ha negado que Lastra le comunicara este aviso. "Se me habría encendido una lucecita en el cerebro si alguien me dice esto. En todo caso, nunca pienso que ningún miembro de la Fiscalía pretenda realizar una filtración", replicó. Por su parte, Salto ha relatado cómo Rodríguez le dejó clara la noche del 13 de marzo de 2024, mientras él asistía a un partido de fútbol, ​​la urgencia del fiscal general por conocer los detalles del pacto de conformidad después de que El Mundo publicara que era iniciativa de la Fiscalía. Desde el estadio, Salto reenvió las comunicaciones que desmentían la versión del diario tanto a Rodríguez, que las envió al fiscal general, como a Lastra.

El fiscal de delitos económicos ha enmarcado en la "normalidad" y la "legalidad" el hecho de informar a sus superiores ante un asunto relevante mediáticamente debido a que la Fiscalía es una institución jerárquica que recoge "la obligación" de "dación de cuenta" al fiscal general. Aunque todos ellos tenían los correos a la hora en la que los investigadores situaron la filtración, Lastra coincidió tanto con el instructor como con las acusaciones al poner el foco en García Ortiz.

Lastra ha criticado las prisas del fiscal general así como el hecho de que estuviera dispuesto a difundir información personal que ella consideraba innecesaria en una nota de prensa. En cambio, Rodríguez ha relatado que la fiscal superior de Madrid tenía animadversión hacia el equipo de la Fiscalía General del Estado y tuvo que actuar ella frente a los bastones en las ruedas que estaba poniendo en la elaboración de la nota de prensa que desmintiera la versión falsa deEl Mundo. Lastra ha defendido sus reticencias a informar sobre González Amador porque era "un señor particular" y no un personaje público por mucho que fuera pareja de Ayuso.

El juicio continuará este martes con la declaración de ambos testigos de que la sala no ha tenido tiempo de escuchar –los responsables de prensa de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, y de la fiscalía de Madrid, Íñigo Corral–. Por la tarde será el turno de dos de los platos fuertes de la vista oral como son el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y la pareja de la presidenta madrileña.