¿Una condena sin pruebas al fiscal del Estado?
MadridEn estas páginas ya hemos recordado en otras ocasiones que el 2 de noviembre del 2017, la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, avisó de que lo que la justicia española, de la mano del PP, hacía contra el independentismo –encarcelar a todo un gobierno–, algún día se giraría contra el PSOE. Que ese momento ha llegado se vuelve a demostrar con el inicio del juicio en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un punto álgido de la guerra que la cúpula judicial española dominada por la derecha inició contra Pedro Sánchez cuando pactó una amnistía con Junts a cambio de mantenerse en el poder. Ejecutivo, porque sería inadecuado no especificarlo.
Tampoco está de más recordar que José María Aznar pidió que "quien pueda hacer, que haga", y el poder judicial ha decidido discutir el poder político en el gobierno español y en el Congreso, dominados por el PSOE. Este contexto es imprescindible para entender varios factores que rodean al juicio de García Ortiz. Uno es que en circunstancias normales habría dimitido por afrontar la vista oral y que, de no hacerlo, es porque sería un precedente peligroso para el futuro que una "mentira" –sostiene su entorno– pueda acabar con toda una institución como la del fiscal general del Estado.
La segunda tiene que ver con la sentencia. Cuando termine el juicio, el tribunal se encontrará con el dilema de absolver a García Ortiz o bien condenarlo sin pruebas. "También se condena sólo con indicios", anotan fuentes jurídicas. Y es que éste es el escenario diabólico de esta causa, que llega a juicio a pesar de que los periodistas hayan negado que el fiscal del Estado filtrara el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso –es más, algunos han dicho que lo tenían antes de que él lo recibiera– y pese a que el juez no haya encontrado por mensajes que le incrimen motivo, alega García Ortiz.
¿Se puede permitir la sala segunda del Supremo una condena sin pruebas al fiscal general del Estado? ¿Puede permitirse la derecha judicial –al menos cinco de los siete miembros del tribunal son considerados conservadores– absolver a García Ortiz, lo que implicaría una estocada en el relato del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y un soplo de aire a Pedro Sánchez?
Fuentes de la calle Fortuny número 4, la sede de la fiscalía general del Estado, se resisten a verbalizar que una hipotética condena sea por "motivos ajenos a la inferencia lógica". Es decir, por intereses políticos. Pero justamente esta semana ha sido de tour mediático un juez ya jubilado, Manuel García-Castellón, que mientras PSOE y Junts negociaban retoques a la amnistía a principios del 2024, imputaba presuntas actuaciones a los investigados por el Tsunami Democrático que no quedaban amparadas por la ley. Las maniobras del magistrado obligaron a realizar cambios en el redactado para esquivar sus intentos de torpedear la amnistía.
¿Quién levantará la voz?
Una hipotética condena de dudosa cimentación abrirá un nuevo momento para impugnar pilares tan fundamentales del Estado como el Tribunal Supremo. Sectores como el independentismo y Podemos ya han hecho un cuestionamiento estructural, pero ¿se atreverá también a hacerlo el PSOE, el partido que se reparte con el PP los principales altos cargos de la judicatura española? El juicio al fiscal general del Estado, como lo fue el del Proceso, es trascendental.
