Judicialización

El fiscal del Supremo desmiente las presiones para descartar terrorismo en Tsunami Democrático

Sin embargo, Álvaro Redondo confirma que hizo un primer borrador donde avalaba la tesis de García-Castellón y luego otro en sentido contrario

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, saludando al presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán

MadridEl fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo desmiente que haya recibido presiones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por oponerse a la imputación de terrorismo en el Tsunami Democrático. Este lunes el diario El Mundo publica que este fiscal, encargado de elaborar el informe en el que el ministerio público debe posicionarse sobre si el Tribunal Supremo debe asumir o no la causa contra Carles Puigdemont, hizo un primer texto en el que avalaba la tesis del juez Manuel García-Castellón. Y que después, a raíz de una conversación con García Ortiz, cambió de criterio. Redondo explica que hizo un primer borrador el 24 de enero y que al cabo de unos días hizo otro en el que descartaba que pudiera atribuirse terrorismo al Tsunami Democrático. Todo esto antes de verse con el fiscal general del Estado, rechazando así que le hayan presionado. En concreto, Redondo relata en un escrito enviado a los medios de comunicación: "El martes 30 de enero, a primera hora de la mañana, acudí a una audiencia con el fiscal general, en la que le adelanté el sentido del borrador de la ponencia. Se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción, y no consideró necesario recibir, tal y como le ofrecí, una copia del mencionado borrador".

En la misma línea, también se ha pronunciado el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Ha hecho un comunicado en el que asegura que "ha respetado y respeta absolutamente la libertad de criterio del fiscal Álvaro Redondo" y, por tanto, "niega taxativamente las informaciones que afirman que ha influido en su decisión". "Rechaza con toda rotundidad cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad y honorabilidad de los dos fiscales que, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, han informado sobre esta causa", añade. El fiscal de la Audiencia Nacional al que hace referencia es Miguel Ángel Carballo, quien también se opone a investigar por terrorismo los hechos atribuidos al Tsunami Democrático. Además, García Ortiz pedirá a los medios que han difundido informaciones sobre las supuestas presiones a Redondo "que rectifiquen de inmediato", y se plantea también emprender acciones legales.

Este martes está prevista la celebración de una junta de fiscales del Supremo en la cual Redondo elevará formalmente su ponencia. En el comunicado de este martes dice que, en la reunión que tuvo lugar el pasado martes de esta junta, el mismo día que se reunió con García Ortiz, ya compartió informalmente a algunos de los colegas su impresión sobre el caso Tsunami Democrático. Ahora bien, según El Mundo, cuando esto ocurrió algunos fiscales ya habían leído el primer documento en el que sí avalaba las tesis de terrorismo y estaba de acuerdo en que el Supremo asumiera el caso de que ahora pilota García-Castellón. Por este motivo, siempre según este diario, les sorprendió que luego cambiara de opinión. Habrá que ver si algunos de los fiscales más beligerantes, como Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, protagonistas del juicio del Proceso, levantarán la voz en la reunión de la junta de este martes. Y es que el informe de Redondo debe ser aprobado por la mayoría de la junta de fiscales antes de enviarlo a la sala de lo penal del Supremo.

Marchena decidirá

De momento, lo que defiende Redondo es que no encuentra una "conducta concreta" o algún "indicio o principio de prueba que pueda servir a esta imputación" contra Puigdemont por terrorismo. El fiscal también destaca que para que haya habido terrorismo es necesario que se haya cometido un delito grave contra la libertad, lo que no cree que sucediera en los hechos del aeropuerto de El Prat. Redondo remarca que no hubo "ninguna detención ilegal" y que, "en todo caso", podría hablarse de algún delito de coacciones.

Sea como fuere, este informe de la Fiscalía no vincula a la sala segunda del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena. Será la sala, de hecho, quien tendrá la última palabra: el Supremo decidirá si se queda la causa por terrorismo que ahora instruye la Audiencia Nacional y, por tanto, si es dirigente contra Puigdemont, que es aforado.

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