La Generalitat paga 2,1 millones de euros a Iturri con la causa por corrupción aún abierta

BarcelonaDesde enero del año 2022 que hay imputada la cúpula de Bomberos de la Generalitat en el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona por presunta corrupción: la empresa en el punto de mira es Iturri, encargada en ese momento, y desde hacía veinte años, del mantenimiento de la flota de vehículos del cuerpo, por presuntas irregularidades en la contratación y el coste de las facturas Ante esto, el Gobierno decidió detener los pagos (11 de enero de 2022) a la contratista al menos hasta que fueran o bien "objeto de auditoría la totalidad de los servicios prestados y facturas emitidas" o recayera "una resolución judicial firme que establezca la corrección de dicha facturación", es decir, que finalizara el proceso penal, según ha sabido el ARA, pero el ejecutivo ha optado por la primera opción y no se ha esperado. a que concluya la instrucción judicial para ver si existe delito: ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Iturri para abonarle buena parte de las cantidades que reclamaba, que suben a 2,1 millones de euros. De esta manera se ha puesto fin al procedimiento contencioso administrativo que la empresa había interpuesto contra el Gobierno para reclamar ese dinero. Ahora, sigue en curso sólo la instrucción penal, en que los Mossos concluyen que Iturri cobró un sobrecoste sistemático en la Generalitat.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la empresa Iturri ha aportado el acuerdo extrajudicial del proceso contencioso administrativo en el procedimiento penal para ganar argumentos ante la jueza "Las facturas emitidas entre abril de 2021 y en octubre de 2021, ahora validadas y pagadas por la Generalitat de Catalunya, fueron emitidas siguiendo idénticos procedimientos administrativos y protocolos de facturación y verificación de que las facturas que son objeto de esta causa", argumenta la empresa para defender su inocencia, afianzándose en que se limitó al trabajo solicitado por los bomberos y que lo cobraron de de acuerdo con los contratos. Es decir, el movimiento del gobierno catalán ha acabado sirviendo a Iturri para defenderse en el proceso penal, pese a que la Generalitat es perjudicada en la misma causa. ¿Por qué motivo?, según fuentes de Interior conocedoras del pleito, el Gobierno ha decidido pagar tras una auditoría aportada por Iturri, pese a que las que había encargado el ejecutivo previamente no eran del todo concluyentes. más tiempo la Generalitat se arriesgaba a pagar más dinero a la empresa en concepto de intereses si perdía el pleito y que verificaron los números con la auditoría de Iturri.

Las facturas pendientes

¿Qué es lo que ha pagado concretamente la Generalitat a Iturri? Los 2,1 millones de euros corresponden al pago de dos períodos distintos de facturación. Uno primero desde abril de 2021 a octubre de 2021 (1,2 millones de euros) y, un segundo, de noviembre de 2021 a junio de 2022 (959.093 euros). En el escrito al que ha tenido acceso el ARA, Iturri argumenta que el hecho de que se haya producido este acuerdo y la Generalitat haya "validado" las facturas emitidas por la empresa "evidencia que los trabajos que se incluyen en las facturas objeto de investigación [de la causa penal] se corresponden a servicios solicitados por los bomberos, prestados efectivamente por Iturri, y minutados conforme a las condiciones económicas del contrato". Y, por tanto, la empresa concluye: "El relato incriminatorio que contiene la denuncia según el cual se habrían sobrefacturado los trabajos realizados por Iturri, bien con un diferencial del 2% o incrementando artificialmente el número de intervenciones es radicalmente falso ".

El Gobierno dio luz verde a los pagos a Iturri (en el marco de lo contencioso administrativo) antes de que los Mossos aportaran a la causa penal su atestado de conclusiones. Si bien el pacto se presenta el 1 de octubre, la policía catalana aporta su atestado final el 21 de octubre, en el que ven indicios de ilícito penal en el comportamiento de Iturri. De hecho, existe una discusión en el marco del contencioso administrativo sobre qué es lo que realmente debe pagar la Generalitat a Iturri, teniendo en cuenta que hay un momento, cuando ya se ha extinguido el contrato, que la empresa sólo hace servicios esenciales a la espera de que llegue la nueva adjudicataria. Por este período Iturri reclama unas cantidades que, para el gobierno catalán, deberían ser menores. ¿Cómo se soluciona en el acuerdo? Si bien de entrada la empresa pedía 2,3 millones de euros más intereses, el pago final de la Generalitat es de 2,1 millones.

Según fuentes de la conselleria de Interior, fue el anterior departamento de Joan Ignasi Elena (ERC) el que decidió, a través de la entonces secretaria general, Tamara Garcia de la Calle, y los servicios jurídicos del Govern, iniciar un proceso de acuerdo. Las negociaciones se iniciaron en mayo del 2024 y finalizaron a finales de verano, por lo que el pacto se presenta en los juzgados ya con el nuevo ejecutivo de Salvador Illa y el mandato de Núria Parlon al frente de Interior y el secretario general, Tomàs Carrión.