El gobierno español también contrata a una empresa condenada por la Gürtel

MadridPortavoces del PSOE, incluido Pedro Sánchez, de Podemos y de Compromís denunciaban este miércoles durante el pleno sobre la DANA en el Congreso que el gobierno de Carlos Mazón haya adjudicado contratos para la reconstrucción a empresas vinculadas a la Gürtel y en la financiación ilegal del PP. Tal y como se ha publicado en las últimas semanas, efectivamente, la Generalitat Valenciana ha otorgado proyectos a Pavasal, señalada en la sentencia del caso Taula como una de las compañías que hinchó la caja B del partido; Becsa, SA, cuyo administrador único fue condenado en el caso Gürtel, y, entre otros, CHM Obras e Infraestructuras, cuyo presidente fue condenado en el mismo caso a un año y nueve meses de prisión.

"54,7 millones de euros han acudido a empresas involucradas en tramas de corrupción y de financiación ilegal del PP", denunciaba el presidente español. El PSOE, incluso, ha hecho un recuento de las adjudicaciones que varios organismos de la Generalitat Valenciana han realizado con empresas salpicadas por la corrupción vinculada a la formación conservadora. Lo no incluido en el recuento es el contrato de emergencia que también ha firmado el ministerio de Transportes con CHM Obras e Infraestructuras por valor de 3.097.500 euros. El medio digital Valencia Plaza ya publicó el pasado 13 de noviembre qué empresas se habían beneficiado de las primeras adjudicaciones de urgencia para la reconstrucción de infraestructuras afectadas. Ya hablaba de contratos del ministerio con Pavasal y CHM, sin especificar cifras.

El ARA consultó la semana pasada en Transports si podía confirmar esta información. En paralelo, proliferaban noticias sobre los contratos de Mazón con empresas relacionadas con la Gürtel y el ministerio optó por el silencio. Ahora, sin embargo, ya se puede comprobar en el Portal de Contratación del Estado que CHM ha recibido la adjudicación por obras de reconstrucción del tramo de la carretera N-III afectado por la catástrofe de parte de la secretaría de estado de Planificación y Infraestructuras. "El dinero que debería ser de la gente ahora corre el riesgo de acabar en manos de los de siempre", se quejaba Sánchez este miércoles durante el pleno del Congreso a cuenta de las adjudicaciones de Mazón.

Cliente habitual del ministerio

De hecho, la constructora alicantina CHM Obras e Infraestructuras es una adjudicataria habitual del ministerio de Transportes. Sólo este año ya recibió, entre otros, un contrato por valor de 84 millones de euros como integrante de una Unión Temporal de Empresas (UTE) por las obras de la renovación integral de los 64 kilómetros de vía de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi. Y hace menos de dos meses, Adif adjudicó a una UTE en la que también participaba CHM un contrato de 71,3 millones de euros por trabajos de modernización en 45,6 kilómetros de vía de tren entre Buñol y Utiel.

El presidente del consejo de administración de CHM y uno de sus secretarios, los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, llegaron a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en 2018 en la pieza de la Gürtel valenciana que juzgaba la financiación ilegal de campañas electorales del PP en 2007 y 2008. Según la sentencia de la Audiencia Nacional, fueron condenados por el delito de falsedad documental a un año de prisión, gracias al atenuante de colaboración con la justicia. Su pena se sustituyó por multas.