El gobierno español desclasificará mañana los documentos del 23-F: "Saldamos una deuda histórica"

Barcelona / MadridEl gobierno español aprobará este martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F. Cuando se cumplen 45 años exactos de los hechos de 1981, el ejecutivo da el paso para saldar una "deuda histórica" con la ciudadanía, según ha reivindicado Pedro Sánchez en un mensaje en la red social X. La desclasificación se hará efectiva este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de ese momento, toda la documentación estará disponible para "todas las personas interesadas" en la página web de la Moncloa, según fuentes del gobierno español. La noticia ha sido aplaudida por los socios del PSOE, si bien ya han reclamado ir más allá y desbloquear la reforma de la ley de secretos oficiales, que data del franquismo.

"La memoria no puede estar cerrada con llave. [...] Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", ha defendido el presidente español en su mensaje en X, desde donde ha dado las gracias a quienes "abrieron camino". En su tuit incluye un vídeo de un acto de noviembre pasado en el Congreso en el que el escritor Javier Cercas, autor del libro sobre el intento de golpe Anatomía de un instante (2009), le pide que desclasifique los documentos del 23-F contra las mentiras difundidas sobre aquellos hechos. "Hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya", pedía entonces Cercas a Sánchez, en el marco de la presentación de la serie de ficción inspirada en el libro de Cercas.

El catedrático de historia contemporánea de la UAB Josep Maria Solé i Sabaté explica en conversación con el ARA que una de las incógnitas "clave" a resolver en torno al 23-F sigue siendo el grado de "conocimiento" que Juan Carlos I tenía del alzamiento. El emérito se desvincula en sus memorias de la operación militar liderada por el teniente coronel Antonio Tejero y se reivindica como salvador de la democracia española, pero Solé i Sabaté apunta a una posible versión alternativa: "Podría ser que tuviera información de las dos bandas y al final se sumara al carro ganador", dice.

El historiador también confía en que los documentos que verán la luz aclaren "quién pagó" el intento de golpe y qué entidades bancarias dieron apoyo y cuál fue la posición de los gobiernos y organismos europeos e internacionales. "Siempre se ha dicho que Estados Unidos dijo que era un problema interno de España, que aquello no iba de defender la democracia y que se lavaban las manos. Pero también que [la primera ministra británica] Margaret Thatcher dijo que de ninguna manera apoyaría una dictadura militar", explica.

El catedrático se muestra escéptico con el resultado de la desclasificación y con el hecho de que las evidencias de lo que pasó quedaran recogidas de forma "explícita", pero deja claro que los documentos –entre los cuales cita posibles registros de entrevistas del emérito o comunicaciones internas del ejército– pueden confirmar que el 23-F "no fueron 4 militares, sino algo mucho más profundo".

La ministra portavoz, Elma Saiz, dará más detalles sobre el levantamiento de los secretos este martes en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Con todo, hay que tener en cuenta que la desclasificación de los documentos relativos al franquismo y la Transición se incluye ya en la nueva ley de secretos oficiales que se está tramitando en el Congreso, donde está encallada en la fase de enmiendas –cada semana se amplía el plazo–. La norma fue presentada por el gobierno de Sánchez en agosto de 2022, durante mucho tiempo estuvo guardada en un cajón y no fue hasta julio del año pasado que el ejecutivo la desencalló y envió a la cámara baja, donde los socios de investidura le reclaman cambios para agilizar plazos de desclasificación.

Con el texto en la mano, cuando se apruebe la ley del ejecutivo español es cuando debería levantarse el secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más, cosa que incluiría el 23-F, si bien el texto excluye los contenidos que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional o la defensa. Lo que hará este martes el ejecutivo central, pues, es levantar directamente los secretos del intento de golpe sin esperar la ley. Y lo hará en un contexto en el cual Sánchez necesita revulsivos, después de dos derrotas electorales consecutivas en Extremadura y Aragón, sin presupuestos, con casos judiciales que afectan a su entorno acumulándose en los tribunales y en un momento de reconfiguración de los partidos a la izquierda del PSOE. Desde el PP, de hecho, ya han calificado la medida anunciada de "cortina de humo". "Se cumplen los pasos del colapso total", ha reaccionado en X la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. "Nadie debe tener miedo a la verdad", ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respecto a las palabras del PP.

Los secretos de los GAL y del 17-A

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la medida de "primer paso" y ha admitido que igualmente hay que culminar la reforma de la ley de secretos oficiales, vigente desde 1968. De ahí que el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, haya aplaudido el anuncio de este lunes, pero lo haya calificado de "insuficiente".

También el PNV ha reclamado ir más allá del 23-F y levantar los secretos en torno a l'assassinat de Mikel Zabalza a mans de la Guàrdia Civil el 1985 y de la muerte por disparos de la policía de cinco obreros en Vitoria el 3 de marzo de 1976. Por su parte, EH Bildu ha añadido la muerte de Germán Rodríguez por los disparos de la policía en Pamplona durante los Sanfermines de 1978 y los crímenes de los GAL.

Lo cierto es que esta reforma es una reivindicación histórica de los jeltzales, que incluso han impulsado iniciativas propias en el Congreso para reformar la ley franquista de secretos oficiales, que no han acabado prosperando. En este sentido, el paso que dio Pedro Sánchez en julio del año pasado responde a un compromiso con el PNV. Fuentes socialistas se muestran optimistas por encontrar un punto en común entre la ley del gobierno español y la propuesta de los nacionalistas vascos, pero en el PNV reina el escepticismo: "El gobierno, cuando tiene interés, puede hacer lo que hasta ahora nos ha negado: desclasificar documentos por voluntad política en un consejo de ministros. Si no tiene intención de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante la reforma, le pedimos que con la misma voluntad política de hoy [lunes] desclasifique muchos más documentos", exigen fuentes del PNB.

Junts ha coincidido en que el gobierno español se queda corto y su secretario general, Jordi Turull, ha llamado a desclasificar los documentos relativos a las cloacas del Estado y a los atentados del 17-A de Barcelona y Cambrils, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha puesto sobre la mesa qué documentos deberían ser públicos como mínimo del 23-F: el sumario, para saber la "trama militar real", y las llamadas que entraron y salieron del Congreso "para saber la trama civil", ha dicho a través de la red social X. "El resto será cotilleo, interesante pero sabido", ha asegurado. Los republicanos lamentan que la desclasificación llegue tarde. "Es un síntoma de la calidad democrática en la que se encuentra el Estado", ha dicho la secretaria general del partido, Elisenda Alamany.