La oposición fuerza a Sánchez a comparecer en el Congreso por el caso Pegasus

Madrid / BarcelonaEl gobierno español empieza a quedarse solo ante el caso Pegasus. Este martes la oposición en bloque se ha aliado para forzar la comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso. Consideran que las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes y reclaman que el líder del ejecutivo dé la cara por el espionaje a líderes independentistas, pero también al mismo Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los grupos independentistas, junto al PP, Ciudadanos y Vox, han votado a favor en la junta de portavoces de esta comparecencia. Solo el PSOE y Unidas Podemos se han opuesto porque consideran que antes de que el presidente español comparezca en el Congreso, primero se deberían dar "pasos previos".

Los socialistas, de hecho, consideran que con las investigaciones internas abiertas ya hay bastante para aclarar el caso. En este sentido, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha censurado la posición del PP, que ha calificado de "de oportunista y demagoga". "La transparencia y las explicaciones públicas las tienen que dar el máximo responsable del gobierno del Estado", le ha replicado la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Ahora el Congreso tendrá que fijar la fecha de esta comparecencia, que se suma a la que también aprobó la junta de portavoces la semana pasada para que Sánchez compareciera en la cámara baja para dar explicaciones sobre su viaje a Marruecos y el giro en el conflicto del Sáhara Occidental. En este sentido, Gamarra ha pedido que no se mezclen las dos comparecencias.

Veto a la comisión de investigación

Ahora bien, la oposición no ha actuado en bloque a la hora de votar la comisión de investigación sobre el Catalangate. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra de esta petición que habían hecho los grupos independentistas y también el socio minoritario del gobierno español, Unidas Podemos. En este caso, el PSOE se ha aliado con los grupos de la derecha para vetar esta comisión con el argumento de que las explicaciones sobre este caso se tienen que dar en la comisión de secretos oficiales. Precisamente, el órgano se reunirá por primera vez este jueves a las 9 de la mañana después de tres años parado. La reunión de esta comisión es a puerta cerrada y todo lo que allí se explica es secreto. "Es allí donde se puede informar de algunos aspectos y donde queremos recibir la información. Sin haberla recibido, no emitiremos un juicio de valor. Una vez la tengamos, miraremos qué medidas más pedimos", ha argumentado Gamarra. La dirigente popular, sin embargo, ha evitado pedir la dimisión de ningún miembro del gobierno español.

En cambio, los socios del ejecutivo español y los grupos independentistas han vuelto a presionar al gobierno español para que depure responsabilidades en el caso Pegasus. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha avisado otra vez que la legislatura está en juego si el ejecutivo español no adopta medidas y ha asegurado, igual que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que el gobierno español no habría anunciado que Sánchez y Robles habían sido espiados si antes no hubiera estallado el Catalangate. EH Bildu y el PNV han presionado también al ejecutivo español, pero han evitado dar por rota la relación con la Moncloa. En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha insistido en pedir a su socio responsabilidades para construir la confianza con los socios de investidura.

La Generalitat se personará como acusación popular

Con la comisión de investigación vetada, la Generalitat mantiene que quiere explicaciones personalizadas de Sánchez al president Pere Aragonès. Este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha vuelto a presionar al ejecutivo español para que se produzca este encuentro. "No podrán evitarla", ha augurado. Hablen o no del tema, Sánchez y Aragonès se verán las caras el viernes en Barcelona en la reunión anual del Cercle d'Economia. Será en el acto de entrega del premio que la entidad otorgará a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Generalitat no considera que ese sea el lugar idóneo para hablar y quiere un encuentro específico. Eso sí, no conciben que Sánchez pase por este foro económico –tiene una intervención prevista aquel mismo día– sin tratar la cuestión: "¿Vendrá y se marchará sin dar explicaciones de un hecho tanto grave?", se ha preguntado Plaja. La Moncloa, por su parte, ha dicho que "no habrá ningún problema" para que Sánchez y Aragonès mantengan una conversación sobre el caso. Nadie, sin embargo, pone lugar, día y hora.

En paralelo, la Generalitat ha anunciado que se personará como acusación popular en todos los procedimientos judiciales vinculados al caso de espionaje con el objetivo de que se puedan encontrar a los responsables de los hechos. Además, no se descarta que también se persone en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que es donde se ha presentado la denuncia del gobierno español por el espionaje a Sánchez y la ministra Robles. Al margen de buscar ser acusación popular, la Generalitat mantiene que ofrecerá asistencia jurídica a todos aquellos espiados y presentará sus propias querellas. "Es tema prioritario para el gabinete jurídico", ha dicho Plaja. 

Intrusión en el móvil de González Laya

Este martes también se ha conocido que el gobierno español ya detectó hace un año una intrusión en el móvil de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, según han publicado El País y El Confidencial citando fuentes gubernamentales. Su teléfono fue hackeado, como el del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa Margarita Robles, en mayo del 2021, coincidiendo con la crisis diplomática entre España y Marruecos después de que los marroquíes instigaran la llegada irregular de más de 10.000 inmigrantes a Ceuta. A pesar de que los servicios secretos detectaron el espionaje al teléfono, no se llegó a determinar el malware que se había usado ni la autoría de la agresión, y no consta que entonces se presentara denuncia judicial por estos hechos. Cuando le han preguntado sobre la cuestión, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho en una entrevista a la SER que no conocía el hackeo a González Laya: "No me consta". También ha rechazado hacer hipótesis sobre la autoría del ataque. "No sabemos quién ha podido ser. Quizás lo sabremos dentro de un tiempo, y cuando así sea lo haremos público", ha dicho.