El gobierno español denuncia el espionaje con Pegasus de los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles

MADRIDLa Moncloa ha denunciado este lunes que el año pasado se espiaron los teléfonos móviles del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el programa troyano israelí Pegasus. Así lo ha comunicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa de carácter urgente este lunes. Bolaños ha explicado que se trata "de una intrusión externa e ilícita" porque no tendría aval judicial. En el caso de Sánchez, se perpetraron dos intrusiones: un ataque en mayo del 2021 y otro en junio del año pasado, mientras que el ataque al terminal de Robles fue solo en junio del 2021, según ha explicado el ministro de la Presidencia. Bolaños también ha adelantado que ahora se están comprobando el resto de teléfonos móviles de los miembros del gobierno español para ver si el espionaje con Pegasus va más allá de Sánchez y Robles.

Fuentes del gobierno español aseguran que no se puede saber de dónde proviene el espionaje, si bien apuntan que es "externo" y que detrás "no hay ninguna institución pública española". Además, Bolaños ha asegurado que junio del 2021 es el último mes del cual tienen constancia que se ha utilizado el programa, es decir, que después de esta fecha no ha habido ningún ataque más con este software a los dos responsables políticos españoles. "En España, o bien para prevenir o bien para perseguir delitos, se puede solicitar autorización judicial y el juez puede conceder permiso [para intervenir un teléfono], pero en este caso no se ha producido [la autorización] y por eso calificamos las intervenciones de ilícitas y externas", ha reiterado Bolaños.

Las alarmas en el gobierno español han saltado este fin de semana, cuando el Centro Criptológico Nacional (CCN), que depende del CNI, ha hecho llegar al ejecutivo dos informes técnicos en los que se concluye que se produjo el ataque a los móviles de Sánchez y Robles. A raíz del Catalangate –el presunto espionaje masivo a la cúpula del movimiento independentista– y de las investigaciones del CNI para aclarar el alcance del uso de Pegasus en España, el gobierno español se vio empujado a comprobar sus propios teléfonos, explican fuentes del ejecutivo. Así, analizando los móviles de Sánchez y Robles se ha detectado que habían sido infectados con Pegasus. La inspección del terminal tarda entre unas 24 y 36 horas y durante este tiempo ni Sánchez ni Robles han podido usar sus teléfonos, añaden las mismas fuentes.

Casi tres gigas de datos extraídos

La cantidad de información robada de los dos terminales es muy grande, ha explicado Bolaños en rueda de prensa. En concreto, del teléfono móvil del presidente del gobierno español se habrían extraído 2,6 gigas en mayo y 130 megas de información en junio, mientras que del de la ministra de Defensa 9 megabytes, según han explicado fuentes del ejecutivo. La Abogacía del Estado ha presentado una denuncia este mismo lunes en el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en Madrid, en funciones de guardia porque este lunes es festivo en la capital española. El titular del juzgado es el magistrado José Luís Calama. Fuentes de la Audiencia Nacional explican que el magistrado ha decidido "enviar a reparto la denuncia", es decir, que en función del proceso judicial que haya que seguir se decidirá qué juzgado llevará la instrucción.

¿Qué ha fallado? Fuentes del gobierno español comentan que a todos los ministros o presidentes la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) se les entrega "un móvil seguro" protegido por un sistema de seguridad (encriptación, cortafuegos o, incluso, detección de intrusiones). El encargado de gestionar este sistema es el CCN, que depende del CNI y es el responsable de la ciberseguridad de los terminales de los miembros del gobierno y, por lo tanto, el organismo encargado de hacer las comprobaciones rutinarias para ver el estado de seguridad del móvil.

Ante las novedades alrededor del espionaje, desde el Congreso ya se ha ofrecido a los diputados que si quieren pueden ir a los servicios informáticos de la cámara para que se revisen sus móviles si creen que están infectados.

Podemos pide "depurar responsabilidades"

Las reacciones al anuncio de La Moncloa no se han hecho esperar. Dentro del ejecutivo, las primeras han salido de la formación lila. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han pedido depurar responsabilidades. "La obligación del gobierno [español] es la de garantizar la seguridad. La ciudadanía se merece respuestas", ha expresado Díaz a través de Twitter, que ha pedido que "la investigación vaya hasta el final". A su vez, Belarra ha dicho que el espionaje a los teléfonos de Sánchez y Robles "muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado". "Venga de donde venga, el fallo es inasumible", ha escrito en Twitter.

Quien también ha pedido "asumir responsabilidades" es el president de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha denunciado que "todo espionaje político es de extrema gravedad", pero ha recriminado al gobierno español el "silencio y las excusas" cuando este se dirige a "institucions catalanas y al independentismo".

A su vez, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que considera una "casualidad política no menor" que se conozca el espionaje a Pedro Sánchez en "pleno debate" sobre el caso de presunto espionaje a líderes independentistas y cómo ha impactado en "la estabilidad" del gobierno de coalición, ha dicho desde Madrid, coincidiendo con los actos festivo del 2 de Mayo en la capital.

¿Quién está detrás?

En todo el mundo, diferentes políticos se han encontrado en situaciones similares, como es el caso del del presidente francés, Emmanuel Macron. En el caso del gobierno español, el último precedente es el del ministro de Justicia Juan Carlos Campo y el de una ministra cuya identidad se protegió y que según el CNI fueron espiados en agosto del 2020. La pregunta ahora es quién y con qué motivos ha espiado a Sánchez y Robles. El gobierno español ha insistido en no "especular" sobre los motivos que habrían motivado este espionaje. Los meses en los que se llevó a cabo el espionaje, la política exterior española estuvo marcada por la entrada en el Estado del líder del Frente Polisario, Ibrahim Galí, y la consecuente crisis migratoria con Marruecos: en pocas horas cruzaron la frontera hasta 8.000 personas. Además, faltaban pocos meses para la retirada de tropas de Afganistán.

A escala estatal, en mayo del año pasado el presidente Aragonès llegaba a la Generalitat de Catalunya y se activaba el debate de los indultos a los líderes independentistas, que finalmente los recibieron el 22 de junio del 2021. También tuvo lugar la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Además, a finales del mes de abril el gobierno español tuvo que afrontar un alud de ciberataques a las páginas web de diferentes ministerios, entre ellos Justicia, Educación y Economía, así como al Instituto Nacional de Estadística (INE). En aquel momento, fuentes del CNI apuntaban a Rusia, según publicó El Confidencial.

Sea como fuere, el anuncio llega después de semanas convulsas marcadas por el Catalangate. El espionaje masivo a buena parte de la cúpula del independentismo, así como a personas de su entorno, ha abierto una gran crisis dentro del gobierno español y, en particular, con uno de sus socios habituales, ERC, que ha pedido incluso la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El CNI ha admitido que ha utilizado el programa de espionaje israelí que solo pueden adquirir estados y que lleva por nombre Pegasus. Según ha publicado El País, el servicio de inteligencia español ha confirmado que lo ha utilizado de manera individualizada y con autorización judicial, pero el CNI no ha explicado ni a quién ha espiado ni cuándo. Aun así, el servicio de inteligencia, así como la misma ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de saber que a ella también la habían espiado, lanzó sospechas sobre la investigación de CitizenLab que destapó el escándalo de espionaje a al menos 65 independentistas con Pegasus con el argumento que en el informe había participado el investigador catalán Elies Campo, vinculado al entorno independentista.

Con todo, desde el ejecutivo no se prevé alterar la agenda de esta semana. Está previsto que Robles comparezca en la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados este miércoles y que la directora del CNI, Paz Esteban, lo haga ante la Comisión de Secretos Oficiales, que se constituyó la semana pasada, después de dos años y medio bloqueada. Para destensar las relaciones con ERC, pero también con Bildu y el PNV, la cámara baja española aprobó rebajar las mayorías para elegir sus miembros. La medida ha permitido evitar el veto de los grupos de la derecha y extrema derecha a que formaran parte de este órgano los grupos independentistas catalanes y vascos. De este modo, Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts) y Albert Botran (CUP), además de Mertxe Aizpurua (EH Bildu) han entrado a formar parte de la comisión.