El golpe de estado permanente

MadridMás allá de su conducta bonapartista de rasgos gaullistas tras llegar al Elíseo, François Miterrand denunció en 1964 la práctica de poder personalista del general Charles de Gaulle, quien, según escribía Mitterrand en su obra El golpe de estado permanente, había traicionado la promesa de 1958: el Presidente de la República es árbitro. Para Mitterrand, el Jefe de Estado se había vuelto todopoderoso: exhibía la debilidad del Gobierno y del Parlamento, que vivían marginados por el Presidente de la República.

Mira por dónde el concepto del golpe de estado permanente se ha convertido en realidad en España, casi sin que nadie se dé por enterado. Aquí no va sobre la presidencia del gobierno o la jefatura del Estado sino sobre las instituciones. Porque si bien todo el mundo coincide en que la parálisis que sufre la renovación de los órganos constitucionales es una barbaridad, la idea es que se trata de una reyerta entre el PSOE y el PP, un enfrentamiento más producto de la crispación política. 

Pero es mucho más que una reyerta. Cuestiona la Constitución, por supuesto, pero tiende a transformar al estado español en un estado fallido. El diseño consiste en que los dos grandes partidos con el control de las tres quintas partes en el Parlamento renuevan en tiempo y forma los órganos constitucionales. Puede haber, por supuesto, retrasos en ponerse de acuerdo. Los ha habido. En la época de la presidencia de Francisco Tomás y Valiente, la derecha puso un contador y recordaba cada día que pasaba sin la renovación del Tribunal Constitucional (TC). Pero en estos dos años y medio -el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió renovarse el 4 de diciembre de 2018- lo que se ha consolidado es un boicot. Si el PP se sigue oponiendo a esta renovación y esta solo será posible cuando Pablo Casado gane las elecciones, el Estado se descompone. Eso es lo que ha aflorado con la sentencia del estado de alarma y el confinamiento. 

Este martes y miércoles estaba convocado un nuevo pleno del TC. Por esta razón, porque había un nuevo pleno, el presidente, Juan José González Rivas, antes de proceder a la votación del estado de alarma, el miércoles 14 de julio, propuso acercar posiciones y alcanzar algún consenso. No era una exhortación buenista. Pero la mayoría desestimó sumariamente la iniciativa.

Pues este martes y miércoles solo acudieron al Pleno los autores de los votos particulares: el presidente, González Rivas; Andrés Ollero; Juan Antonio Xiol; María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido. Los otros seis magistrados que con su voto sacaron adelante la inconstitucionalidad del estado de alarma (la vicepresidenta Encarna Roca; el ponente Pedro González Trevijano; Santiago Martínez Vares, Antonio Narváez, Alfredo Montoya y Ricardo Enríquez) decidieron no presentarse. Es la expresión corpórea del boicot. 

¿Pero qué motivo pudo conducir, se preguntarán los lectores, a que gente que debería medir sus actos institucionales se embarcasen en este boicot? Se trata de un acto de provocación con fines que ahora resultan inconfesables. Buscan crear un precedente para ser utilizado en su momento. 

La corrección de Conde-Pumpido

Pero vayamos a los pretextos. El lunes pasado, la mayoría victoriosa a favor de la declaración del estado excepción, escribió una carta al presidente en la que amenazaban con no intervenir en los plenos, todo un ultimátum al presidente. Decían que no difundirían el escrito si se les pedía disculpas por parte del magistrado discrepante Cándido Conde-Pumpido, por su duro voto particular que consideraban insultante. Pero filtraron esa carta. Pedían una rectificación del magistrado y una petición de disculpas. El presidente del TC les dijo que la rectificación ya había tenido lugar. 

En efecto, el magistrado mantuvo el fondo de su oposición a la sentencia, pero quitó su calificación de la sentencia como propia de “juristas de salón” y señaló que sus colegas eran grandes juristas; y no incluyó lo que más había molestado a la mayoría, a saber que la argumentación para defender el estado de excepción era más propia de un “lego” que del máximo intérprete del Tribunal Constitucional. Un párrafo en el que calificaba la interpretación de “extravagante” la sustituyó por “contra legem” (contra la ley). Y allí donde el borrador señala que se creaba un “desaguisado” en la versión final se decía que creaba un “problema”.

Sin embargo, Encarna Roca pudo decir con irritación manifiesta en el debate del miércoles 14 que “estamos en el momento del incendio del Reichstag, que la Constitiución era un pasteleo, que ella seguía porque le pagaban, y que le había llamado la vicepresidenta, que no se había enterado de que era una persona a la que no se podía persuadir”. 

Tampoco les pareció mal que el magistrado Andrés Ollero insistiera en su voto particular en la “majadería” que suponía la sentencia, como ya había sostenido por escrito después del primer debate del mes de junio. Entre otras descalificaciones, Ollero no se corta: “A lo largo del desarrollo del estado de alarma se han expresado no pocas majaderías, incluso por portavoces autorizados, pero es de justicia reconocer que no se llegó a ese extremo”. Su alusión, pues, a la sentencia es por tanto evidente. Y no puede ser más irrespetuoso con el criterio que “los seis del estado de excepción” aplican a Conde-Pumpido.

Pero a la mayoría no le importa ni el momento del incendio del Reichstag en el que se apoyó la vicepresidenta Roca ni la majadería denunciada por OIlero. La carta del pasado lunes al presidente Gonzalez Rivas probablemente partía de la base de que Conde-Pumpido difícilmente rectificaría. Pero su rectificación desarmó el montaje como ya había echado agua al vino su voto particular a la filtración de párrafos de la sentencia el jueves 15 de julio. Los seis de la mayoría se justificaron con el argumento de que el magistrado ya les había hecho daño y que, además, no se disculpaba. Y aunque en apariencia la diana está en Conde-Pumpido, en realidad el objetivo inmediato es desgastar a González Rivas y precipitar su renuncia a la presidencia, a la cual aspira, sin ambages, Pedro González Trevijano.

Presidencia y la renovación

Esta presidencia es necesaria cuanto antes. Porque en 2022 el Gobierno nombrará a dos miembros que corresponden a su cuota en el TC y el CGPJ debería designar a otros dos. Si el gobierno los nombra, como va a ocurrir, y el CGPJ no es renovado y por tanto no los nombra, el TC puede maniobrar para neutralizar los nombramientos. 

Porque el Pleno del TC tiene que reunirse para dar el plácet a los nombramientos, es decir, darles posesión, comprobando si se han nombrado adecuadamente. No habrá problemas con ello pero como la Constitución dice que se renuevan por tercios, González Trevijano y sus amigos pueden decir que se requieren tercios completos. Por tanto, si no viene toda la terna se resistirán a dar posesión a los magistrados nombrados por la Moncloa. 

En el corto plazo, que ha empezado con la sentencia del estado de alarma, se trata de forzar la renuncia del presidente, colocar a González Trevijano y crear el ambiente para exigir la dimisión de Conde-Pumpido por sus actitudes “perturbadoras”.