El Govern restringe "al mínimo" las relaciones con el Estado y aparca la mesa de diálogo

BarcelonaLa mesa de diálogo está desde hoy algo más congelada del que lo estaba ayer. Si hasta ahora la Generalitat era quien mostraba más interés por reactivarla, el Catalangate ha hecho que también desde la plaza Sant Jaume se ponga freno a este instrumento de negociación, al menos momentáneamente. Este martes el Consell Executiu ha aprobado un acuerdo que establece que el Govern a partir de ahora restringirá "las relaciones políticas" con el Estado a las "mínimas imprescindibles". Por si quedaba alguna duda, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado que la decisión impactará directamente en la mesa. "No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar", ha dicho en la comparecencia posterior a la reunión del ejecutivo.

Como explicaba el ARA este lunes, el caso de espionaje también afectará a las relaciones Estado-Generalitat más allá de la negociación del conflicto político. Así, el Govern evitará al máximo los encuentros entre consellers y ministros, y también se resentirán las comisiones bilaterales entre las dos administraciones. Según ha explicado Plaja, esto se justifica porque el Catalangate supone una "crisis sin precedentes" y hasta ahora las explicaciones que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez han sido "insuficientes". No todas las vías de contacto entre gobiernos estarán rotas. Se mantendrán las reuniones sobre temas sectoriales que afecten al día a día de los ciudadanos, y también los encuentros que tengan que ver, precisamente, con el caso de espionaje como la que tuvieron el domingo la consellera Laura Vilagrà y el ministro Félix Bolaños.

Lo que no queda claro es hasta cuándo quedarán restringidas al mínimo estas relaciones. "Como mínimo hasta que haya explicaciones válidas y convincentes", ha dicho Plaja. El problema de cara al futuro es que los dos socios de gobierno, ERC y JxCat, tienen una aproximación diferente a la mesa de diálogo. Para los primeros, la bandera de la negociación continúa teniendo vigencia a pesar del espionaje –Oriol Junqueras es quien lo ha dicho más claro–, mientras que, para los segundos, el tiempo de la mesa hace tiempo que expiró –así lo ha reiterado Carles Puigdemont–. Sea como fuere, la portavoz ha precisado hoy que la mesa está "congelada, aparcada", pero no enterrada. El ejecutivo catalán continúa creyendo que es "imprescindible la negociación para resolver el conflicto político". También queda por ver qué presión le puede generar a Sánchez congelar un instrumento que él también ha querido congelar en más de una ocasión. Probablemente la respuesta se encontrará en si es capaz de encontrar en el Congreso un socio alternativo a ERC que le dé estabilidad parlamentaria. Hasta ahora no lo ha conseguido.

Más medidas

La decisión de restringir relaciones con el Estado es solo uno de los puntos que ha aprobado hoy el Govern. Hay otros, como por ejemplo impulsar "todas las acciones legales necesarias" para intentar aclarar el caso de espionaje. Por este motivo ya ha encargado al gabinete jurídico de la Generalitat que proponga "las actuaciones procedentes" ante las instancias judiciales y policiales pertinentes. Por ahora, el ejecutivo no quiere dar pistas de por dónde podrían ir estas decisiones.

Uno de los focos de la polémica está centrado en el papel que ha tenido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el asunto. Para intentar arrojar algo de luz, el Govern también exige directamente al consejo de ministros "levantar el secreto de todas las actuaciones relacionadas" con el papel de los servicios secretos, como por ejemplo "el acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar" entre el CNI –o cualquier otra agencia estatal– y la empresa NSO Group, la creadora del programa espía Pegasus.

Las últimas informaciones apuntan que el CNI admite que usó el programa, pero que lo habría hecho con autorización judicial. Tampoco esto sería una explicación que ablandara al Govern, que no se lo acaba de creer: "En una democracia el todo por la patria no tendría que ser justificación suficiente para que un juez autorice a vulnerar tantos derechos fundamentales".