El hermano de Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación sin prisión

MadridLa Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, el hermano del presidente español, a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. En cambio, evita la prisión y queda exonerado del delito de tráfico de influencias. Las acusaciones populares, integradas –entre otras– por Manos Limpias, Hazte Oír, el PP y Vox, pidieron seis años de prisión para él. La condena no es por la creación del puesto de trabajo que consiguió en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, sino por el cambio de nomenclatura de la plaza con el objetivo de crear, en realidad, un puesto de alta dirección con funciones “radicalmente diferentes”. Asimismo, la Audiencia de Badajoz ha condenado a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación en el momento de los hechos y líder del PSOE de Extremadura de 2024 a 2025, a dieciocho años de inhabilitación. Y Luis Carrero, amigo de David Sánchez y que fue asesor en la Moncloa, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. En el arranque del juicio, el tribunal declaró prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que se exponía a una multa de 32.400 euros.

La Fiscalía pidió la absolución para David Sánchez y para los otros diez acusados porque consideró que no quedó acreditada ninguna de las sospechas. La fiscal Begoña García Boró esgrimió que la plaza del hermano de Sánchez ya existía y que, durante su creación y adjudicación, no hubo ninguna advertencia de ilegalidad. Durante sus declaraciones, los acusados negaron un trato de favor. “No tenía una relación fluida con él y ni siquiera en aquella época era consciente de que tuviera hermanos”, verbalizó Miguel Ángel Gallardo sobre Pedro Sánchez, que durante el proceso de selección no era ni presidente del gobierno español ni secretario general del PSOE.

Por su parte, Emilio Cortés, el abogado de David Sánchez, alegó que era un “juicio de naturaleza contenciosa por unos actos administrativos del año 2017 que no han sido reclamados por nadie”. “Hay que distinguir si es un ciudadano real o un ciudadano de segunda categoría, a ver si resulta que tendrá que ir a vivir a una tribu porque es el hermano de quién sabe quién”, dijo. Al inicio del juicio, denunció que la investigación había sido “prospectiva” y había tenido una “inspiración de signo político”. “La raíz está podrida”, lamentó. Y lamentó que las acusaciones populares quisieran hacer un “escrutinio” o “déjà-vu histórico” sobre una contratación de hace nueve años

El juicio quedó visto para sentencia el 9 de junio. En la última sesión, el exlíder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, reiteró su inocencia: “Nuestra única culpabilidad es no tener las mismas ideas que las acusaciones populares”, proclamó. “Han perdido el interés del juicio porque nos han condenado socialmente”, añadió.