El Supremo mueve pieza para decidir si acepta la causa de Puigdemont por terrorismo

Barcelona / MadridMientras las negociaciones sobre la ley de amnistía continúan, la causa de Tsunami Democrático sigue su andadura en los tribunales. El Tribunal Supremo se ha activado este lunes y, después de tener el expediente sobre la mesa durante dos meses, ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre el escrito que le remitió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón reclamando investigar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas (todo junto, coincidiendo con la negociación de investidura del PSOE y los independentistas sobre la amnistía). García Castellón volvió a estar en el centro de la polémica la semana pasada, cuando desestimó el recurso de la fiscalía contra la imputación, confirmando así su voluntad de que el Supremo investigue a los dirigentes independentistas. Ahora, la Fiscalía deberá posicionarse sobre si cree que el tribunal debe asumir esta investigación.

Paralelamente, siguen las conversaciones sobre el redactado final de la ley de amnistía. Los independentistas están más satisfechos ahora que hace un mes a raíz de los cambios introducidos la semana pasada, pero todavía creen que se puede blindar más ante las actuaciones del poder judicial: por eso negocian in extremis con el PSOE para intentar introducir modificaciones, sobre todo en el apartado del terrorismo, que los socialistas se niegan a suprimir de la ley. A lo largo de este fin de semana ha habido negociaciones entre el PSOE y Junts y entre Junts y Esquerra, según fuentes consultadas por el ARA.

¿De qué tratan las conversaciones? En la proposición de ley el terrorismo consta como un delito excluido de la amnistía en caso de sentencia firme, pero tanto Esquerra como Junts quieren redactarlo de forma diferente con dos objetivos: pasar el filtro del Tribunal Constitucional y que tanto el caso de los CDR como el de Tsunami Democrático -donde están imputados por terrorismo Carles Puigdemont y Marta Rovira- queden amparados por la amnistía.

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha insistido este lunes en que las negociaciones con Junts y el PSOE siguen abiertas. "La voluntad de ERC es que la ley de amnistía sea aplicable para todos -afirmó-. Hemos trabajado con mucho rigor ante la ofensiva judicial que nos espera", ha añadido. Desde los socialistas, la nueva portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, ha enfriado la posibilidad de realizar cambios. "Defenderemos nuestras enmiendas técnicas y en el debate de mañana martes en la comisión podremos hablar de todo -ha afirmado-. Hay muchos grupos y hay que llegar a una mayoría. La tarea de seducir y convencer les toca a otros", ha añadido Peña, en lo que ha parecido una especie de invitación a Junts y ERC a buscar a otros aliados para sacar adelante las enmiendas.

Fuentes socialistas no han querido avanzar más sobre la posibilidad de tocar el apartado de terrorismo de la ley, pero tienen la esperanza de que el caso de Tsunami Democrático encaje sin problemas en función de que decida la sala penal de la Audiencia Nacional . Los recursos de apelación de la Fiscalía y las defensas contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de imputar por terrorismo a Puigdemont, Rovira y al resto de investigados todavía están pendientes de resolverse. Si la sala considerase que los hechos encajan en desórdenes públicos, tal y como sostiene la Fiscalía, desaparecería el problema en esta causa. Otra cuestión es la de los CDR, donde el ministerio público sí acusa por terrorismo.

La duda de inconstitucionalidad

La proposición de ley define las conductas que quedan amparadas por la amnistía y las que quedan excluidas. En el apartado de las excluidas, el PSOE y Junts decidieron introducir los casos de terrorismo cuando hubiera sentencia firme, por lo que entendían que así tanto los CDR como Tsunami Democrático quedarían incluidos porque ahora mismo están en fase de apertura de juicio oral y de instrucción -respectivamente-. Ahora bien, después de registrar la ley, desde Junts y también desde Esquerra —que no lo veía claro desde el principio— han revisado este apartado y creen que puede haber dudas de constitucionalidad. ¿Por qué? Ahora mismo la ley establece diferencias entre los delitos que son excluidos de la amnistía: si bien en el caso de terrorismo debe haber una sentencia firme, no existe este requisito en el caso de otros delitos como los de traición a el Estado o quienes van en contra de los intereses financieros de la Unión Europea. Este contraste dentro de la misma ley, apuntan juristas que asesoran a los partidos, podría no pasar el filtro del Constitucional.

¿Cuál es la solución? Como el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ya se ha negado a suprimir el terrorismo de la ley, ahora negocian realizar cambios en el redactado. Por un lado, resolver esta diferencia en la norma para pasar el filtro del TC, y, por otro, definir más allá de lo que dice la directiva europea qué es terrorismo. Para Junts i Esquerra el problema es que el juez García-Castellón está tildando de terrorismo las movilizaciones del aeropuerto del 2019 y quieren desactivarlo dejando claro a la ley de amnistía que las protestas postsentencia no encajan en ese delito.

El otro apartado delicado, y en el que insiste sobre todo Junts, es el de las medidas cautelares. Actualmente la proposición de ley establece que, aunque se interponga una cuestión de constitucionalidad por parte de un juez, igualmente deben caer todas las medidas cautelares de las causas amparadas por la amnistía, sean las euroórdenes o la prisión preventiva. Esto permitiría a los exiliados —entre ellos Puigdemont— devolver una vez que la norma entrara en vigor sin esperar a que estuviera aplicada al 100% por parte del poder judicial. Ahora bien, no hay ninguna referencia a lo que ocurriría si existe una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde los jueces también prevén acudir. Por este motivo, los junteros quieren introducir en la ley una referencia explícita, pero hasta ahora el PSOE se ha negado.