Indignación de Marchena por las acusaciones de fraude fiscal contra magistrados del Supremo

MadridEl Tribunal Supremo mueve ficha contra el exjuez Fernando Presencia, expulsado de la carrera judicial en noviembre de 2018 al ser condenado por prevaricación. A través del portal Acodap, las siglas de Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ha lanzado los últimos días acusaciones de corrupción contra varios magistrados de la sala segunda del alto tribunal y su presidente, Manuel Marchena, ha decidido poner los hechos en conocimiento del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que llevará las supuestas falsas imputaciones a la Fiscalía.

Detrás de títulos grandilocuentes como "Conmoción en el mundo judicial", "Nuevo escándalo en el mundo judicial" y "Carlos Lesmes será detenido en breve", se han difundido noticias que apuntaban a que jueces del Supremo guardaban dinero en paraísos fiscales, la mayoría en Liechtenstein. El penúltimo en la diana de Presencia fue el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, a quien se atribuían dos millones de euros en el extranjero en ocho depósitos de 250.000 euros cada uno. Este viernes ha colmado el vaso una nueva entrada en la web donde el señalado es Vicente Magro. Acodap lo acusa de tener 750.000 euros en Luxemburgo y aporta documentos sin distintivos del banco, como en el resto de los casos.

"Queremos hacer llegar la indignación que nos asalta no solo por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, sin ninguna relación con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el daño irreversible que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo", dice el presidente de la sala segunda, Manuel Marchena, en una carta dirigida a Lesmes. "El autor de estas imputaciones es Fernando Presencia, un juez expulsado de la carrera judicial y condenado por esta sala en dos ocasiones por delitos de prevaricación, que se sigue presentando como juez en todas sus comparecencias públicas y que rubrica la mayor parte de sus escritos con un pie de firma expresivo de su condición de juez, cargo por el cual fue expresamente inhabilitado", se queja.

Presencia se posicionó a favor de la dación en pago hace una década y considera que en aquel momento empezó una persecución contra él. A través de la web Acodap, que presenta como una organización sin ánimo de lucro con un buzón desde donde impulsar denuncias sobre corrupción, pide aportaciones económicas para él y su familia.