Illa choca con la realidad: 100 primeros días de un Govern ligado a ERC
El ejecutivo no podrá cumplir con su objetivo de tener aprobados los presupuestos el 1 de enero
BarcelonaHasta finales de octubre, cuando las conversaciones con ERC y los comunes todavía estaban en pañales, el Govern se resistía a renunciar a su primer objetivo de la legislatura: tener en vigor los presupuestos del año el 1 de enero del 2025. "Lo vemos viable", dijo la portavoz del ejecutivo, Silvia Paneque, hace sólo diez días, aunque entonces el PSC ya sabía que debería esperar a saber qué saldría de los congresos de los comunes –el próximo fin de semana– y, sobre todo, de ERC –el 30 de noviembre–. Una semana más tarde, el relato ha cambiado. "La primera quincena de noviembre no será posible [aprobar los presupuestos en el consejo ejecutivo]. Será difícil tenerlos para el 1 de enero del 2025", dijo la propia Paneque el pasado martes en rueda de prensa. A punto de llegar a sus 100 primeros días –el próximo sábado les hará desde su investidura y unos días después desde la toma de posesión del Gobierno–, el Gobierno choca con la realidad que le acompañará durante toda la legislatura: el ejecutivo tendrá las manos atadas a las exigencias de Esquerra y también de los comunes. Una realidad que Salvador Illa tiene asumida, pero que pretende minimizar cumpliendo con los acuerdos de investidura y ofreciendo unos presupuestos que puedan avalar a los dos socios (aunque lleguen más tarde de lo previsto).
Desde que el 8 de agosto los socialistas lograron convencer a los 68 diputados que abrieron las puertas del Palau de la Generalitat a Illa, el ejecutivo ha intentado aislarse de las turbulencias que han afectado especialmente a uno de sus dos socios de investidura, ERC. Ahora bien, ya durante la configuración de su Gobierno, la atención se puso en qué cargos de los republicanos continuaban en el ejecutivo y si había algún pacto para que algunos nombres continuaran. El ejecutivo tuvo que justificar haber mantenido algunos de ellos, pero no aclaró si llegó a algún tipo de acuerdo con Oriol Junqueras. La guerra interna de los republicanos salpicaba los primeros pasos del nuevo gobierno. estado escasas. Desde el partido aseguran que sólo han mantenido una reunión oficial con el Gobierno y que después todo han sido conversaciones informales. de la comisión de seguimiento a realizar la semana pasada y que se aplazó. En todo caso, la dirección de los republicanos no tomará ninguna decisión sobre los presupuestos, sino que la dejará en el tejado de la cúpula que salga de su congreso. Es decir, por mucho que la ejecutiva actual de Marta Rovira hubiera cerrado un acuerdo con el PSC por las cuentas, el visto bueno final no habría llegado hasta, al menos, en diciembre. Teniendo en cuenta que la tramitación de los presupuestos tarda según fuentes parlamentarias al menos cinco semanas, ya sería demasiado tarde para que las cuentas pudieran entrar en vigor a principios del próximo año. Las reuniones con los comunes han sido más frecuentes, pero nada cerrado. El partido que lidera Jéssica Albiach en el Parlament pide más avances en vivienda y sostienen que las conversaciones están atascadas en este punto. Reclaman, en este sentido, convocar la mesa de vivienda pactada con el Govern para esta negociación, informa Martina Alcobendas.
Desde que es presidente, Illa ha ido repitiendo que cumplirá con todos los acuerdos de investidura, desde la nueva financiación singular hasta lo pactado en vivienda. En el debate de política general, el jefe del ejecutivo intentó, de hecho, hacer un guiño a sus dos socios anunciando la construcción de 50.000 viviendas de cara a 2030, una cuestión pactada previamente con Esquerra y los comunes. El Gobierno también creó el grupo de expertos que debe coordinar el desarrollo de la financiación singular. Un paso para intentar calmar los ánimos de los republicanos, aunque siguen exigiendo más concreciones y lo vinculan a la negociación de presupuestos. El ejecutivo, en cambio, les pide que se sienten a hablar de las cuentas para dotar de recursos acuerdos como el de financiación.
Gestión y perfil político bajo
Queda todavía un buen grueso de los acuerdos de investidura con ERC y los comunes por cumplir, aunque es cierto que la legislatura no ha hecho más que empezar. Ahora bien, sí que hay un par de cuestiones que van con retraso. Por un lado, la convención nacional para resolver el conflicto político pactada con Esquerra debía ponerse en marcha durante el primer pleno ordinario en el Parlament, pero ambas partes acordaron aplazarlo y ahora mismo no tiene fecha. Tampoco se ha cumplido el calendario para sacar adelante el Pacto Nacional por la Lengua, que debía constituirse antes de los primeros 100 días de gobierno –el ejecutivo prevé movimientos en breve–. Habrá que ver, además, cómo Illa redefine el plan piloto por la renta básica universal, después de que relevara a la persona que lo dirigía, algo que puso en alerta a ERC.
Las infraestructuras también han sido un elemento clave durante estos primeros pasos del gobierno socialista. Después de renunciar de facto en el Hard Rock, Illa mostró su intención de salir adelante la ampliación del aeropuerto de El Prat, lo que hizo fruncer la nariz a sus socios. El ejecutivo también ha tenido que hacer frente al paro del servicio de Cercanías en Tarragona a raíz de las obras por el corredor mediterráneo y ha puesto en marcha el sistema de emergencia ante la DANA que ha afectado a Catalunya. Y en medio, ha reactivado el calendario de las infraestructuras hídricas previstas para combatir la sequía.
En el Palau de la Generalitat consideran que han comenzado la legislatura en un momento complicado, pero valoran el arranque. Han reactivado la ley para regular la agencia de atención integrada social y sanitaria de Cataluña y también el Estatuto de municipios rurales, dos normas que proceden del gobierno de Pere Aragonès. El ejecutivo también ha creado un comisionado para poner en marcha el plan de barrios y un plan de reforma de la función pública que eliminará por ley la cita previa obligatoria.
Con la llegada de Salvador Illa al Govern, un presidente de la Generalitat ha vuelto a visitar el Palacio de la Zarzuela después de casi diez años y Cataluña ha vuelto a formar parte de la tribuna de autoridades autonómicas en el tradicional desfile de la fiesta del 12-O. La tesis del presidente para dar la vuelta a la tónica de los últimos gobiernos independentistas es que quiere recuperar la "normalidad institucional". Illa ha marcado poco perfil político y, las pocas veces que lo ha hecho, ha sido para responder a las críticas de los varones del PP por la financiación singular. El presidente quiere centrarse en la gestión y políticas del día a día y abandonar la carga simbólica que han tenido los ejecutivos independentistas.
- Mesa para ampliar el aeropuerto de El Prat
- Comisión de expertos por la financiación
- Calendario de infraestructuras hídricas
- Ley para crear la agencia de atención integrada social y sanitaria
- Comisionado por el plan de barrios
- Ley del Estatuto de municipios rurales
- Plan de reforma de la función pública
- Reforma del Código Civil por la autonomía de las personas con discapacidad
- 50.000 viviendas públicas hasta 2030
- Plan territorial para llegar a un mínimo del 15% de vivienda social dentro de 20 años