¿Cómo van a intentar los jueces detener la amnistía?
La derecha judicial ya ha empezado a moverse por boicotear la aplicación de la ley
MadridSantos Cerdán ha reconocido que Junts ha tenido que revisarse en detalle la ley de amnistía tras el movimiento del juez Manuel García-Castellón en la causa del Tsunami Democrático. Y es que antes de que José María Aznar llamara a actuar desde cualquier resorte contra el pacto de investidura, la derecha judicial ya había empezado a moverse. La aplicación del olvido judicial del Proceso dependerá de los tribunales y aquí es donde se instalará la principal batalla una vez que la amnistía vea la luz. ¿Qué harán los jueces para boicotearla?
El Tribunal Constitucional, primer paso
La cuestión de inconstitucionalidad detendría los procedimientos judiciales abiertos
El primer movimiento que presumiblemente harán los jueces refractarios en aplicar la ley de amnistía será presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esto propiciaría la paralización de los procedimientos judiciales abiertos y, por tanto, no se archivarían automáticamente. El tribunal de garantías debería estudiar si la norma tiene encaje en la carta magna y, posteriormente, los jueces que tuvieran causas vinculadas con esa amnistía deberían actuar en consecuencia. Si el TC avala la ley, podrían dictar el sobreseimiento, o bien continuar con la lucha contra la aplicación de la norma en Europa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, segundo paso
Preguntar en Luxemburgo si el olvido judicial del Proceso es contrario al derecho europeo
Este paso no debe ser necesariamente el segundo, si bien es cierto que apelar directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sin pasar por el Constitucional sería una forma de desconfiar del máximo intérprete de la Constitución –ahora con mayoría progresista – que iría en contra de la imagen de la esfera judicial española. Así, agotada la vía interna, los jueces contrarios a la amnistía podrían dirigirse al TJUE para preguntar si esta nueva ley es compatible con algunas reglas del derecho comunitario. La denominación jurídica de esta consulta es la cuestión prejudicial. perdonen delitos de malversación –enmarcados en la corrupción– y terrorismo, en los que existe un especial interés en Europa que sean perseguidos. Para desactivar la aplicación de la amnistía, García-Castellón ya ha intentado vincular a una víctima mortal con la situación caótica que se produjo en el aeropuerto de El Prat el día que se publicó la sentencia del Supremo contra el Proceso. Este miércoles el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, va enviar una carta al gobierno español pidiéndole información "más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley".
Interpretar que la amnistía no es válida
Un juez puede considerar que la ley no vincula su causa
Cuando se reformó el delito de malversación, el Tribunal Supremo consideró que los hechos del 1-O no estaban vinculados por ese cambio legal. Ahora, antes incluso de los dos pasos explicados anteriormente, algunos de ellos podrían hacer lo mismo con la amnistía. Sobre todo aquéllos que estén instruyendo causas no directamente relacionadas con el referéndum, con el caso Volhov como uno de los más paradigmáticos. PSOE y Junts han acordado que una comisión de investigación en el Congreso determine qué procedimientos relacionados con el lawfare o la judicialización de la política deberían verse afectados por la ley de amnistía y, si es necesario, realizar cambios legales para asegurarlo, pero ya hay algunos que, en función de cómo quede redactada la norma, podrían quedar sujetos a la interpretación de los jueces.
Joaquín Aguirre, el juez que investiga al Volhov, podría considerar que la norma no afecta a su causa porque no ve que esté relacionada con el Proceso y mantener el procedimiento, aunque la Fiscalía y las partes le pidan archivar el procedimiento. Esto abriría una fase de recursos y, eventualmente, posibles querellas por prevaricación contra el juez.
