Un juez investiga a Casado por sus declaraciones contra el catalán
La Generalitat se había querellado contra él por decir que hay profesores que no dejan "ir al baño a niños porque hablan castellano"
BarcelonaLas descalificaciones de la derecha española contra el catalán y el modelo de inmersión lingüística son recurrentes, pero esta vez podrían tener consecuencias judiciales. Según ha podido saber el ARA, un juez de Barcelona investiga al expresidente del Partido Popular Pablo Casado por un posible delito de injurias –y no descarta uno de calumnias y otro de odio o discriminación– por unas polémicas declaraciones de diciembre del año pasado. Además, lo ha citado a declarar el 30 de enero. Esto es consecuencia de la querella que presentó la Generalitat contra el ya ex líder y que ha sido admitida a trámite después de un buen periplo judicial. Esta vez, las palabras del popular podrían no salirle gratis.
Los hechos se remontan a diciembre del 2021. La inmersión volvía a estar en boca de todo el mundo porque una familia de Canet había conseguido que la justicia obligara a un centro a introducir más clases de castellano, hecho que desató un intenso debate sobre la cuestión. Aquellos días representantes del PP, Vox y Cs hicieron símiles de la inmersión con la Alemana nazi, el apartheid, los abusos sexuales y el terrorismo de ETA. Y cuando parecía que la espiral no podía ir a más, Casado todavía hizo un último comentario: "¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones de no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano?" Unos segundos después todavía añadió que había niños a los que por hablar castellano en el patio les ponían "piedras en la mochila". Y lo afirmó sin aportar ninguna prueba.
A pesar de que es difícil calibrar si aquellas fueron las palabras más graves de aquellos días, sí son las que generaron más revuelo porque ponían directamente en la diana a los profesores de Catalunya. El soberanismo –y también el PSC– salió en tromba a criticar las declaraciones y fue el proprio president de la Generalitat, Pere Aragonès, quien anunció que pondría aquellas "declaraciones infames" en manos del gabinete jurídico de la Generalitat. Unos días después, se presentó la querella por los presuntos delitos de injurias, de calumnias y de odio o discriminación. Ahora el juez considera en su auto que aquellos hechos "pueden ser constitutivos al menos de un delito de injurias" –sin perjuicio de los otros dos que se denuncian–, y concluye que la querella reúne todos los requisitos para ser admitida a trámite para intentar "aclarar los hechos" y las personas que "participaron en ellos".
El juez no solo cita a Casado a declarar por videoconferencia, sino que también requiere al Partido Popular que aporte la "grabación completa" de la rueda de prensa en la que el querellado hizo las declaraciones y la "relación de medios de comunicación que asistieron". Este auto es un primer paso para investigar a Casado, pero ni mucho menos se puede dar por hecho cómo acabará. Para empezar, el querellado todavía puede presentar recurso en contra de esta decisión judicial.
Un periplo de casi un año
Si los procedimientos judiciales no son ágiles de por sí, estos en concreto se han encontrado con algunas trabas extra. Como, cuando al hacer las polémicas declaraciones, Casado todavía era líder del PP y diputado en el Congreso, la Generalitat presentó la querella ante el Tribunal Supremo por su condición de aforado. Pero al cabo de dos meses Casado dejó la presidencia del partido y el escaño al salir derrotado del pulso con Isabel Díaz Ayuso. Al perder la condición de aforado, el Supremo archivó la querella afirmando que ya no era competente para investigarlo.
El Govern no desistió y presentó la denuncia ante un juzgado de instrucción de Barcelona, que se inhibió a favor de un juzgado de la Coruña porque los hechos habían ocurrido en un acto de partido en esa ciudad. La Generalitat presentó recurso contra el traslado y, al final, el caso se ha quedado en Catalunya. Todavía está por ver, sin embargo, si este movimiento del juez tendrá algún efecto disuasorio. El PP post-Casado no ha demostrado muchos más miramientos con la inmersión y Alberto Núñez Feijóo consideró hace muy poco que en Catalunya hay un "apartheid lingüístico".
