Un juez investiga a Montserrat Candini (PDECat) por presunta corrupción en un contrato publicitario

BarcelonaUn juzgado de Arenys investiga a la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini (PDECat), y tres personas más por la contratación, presuntamente a dedo, de una campaña publicitaria para la promoción turística del municipio. La Fiscalía se ha querellado contra Candini y la acusa de fraccionar varios contratos a la empresa adjudicataria, para evitar que se tuviera que hacer un concurso público para el proyecto. Esta no es la primera investigación contra Candini, que también estuvo imputada en una de las piezas que investiga la presunta financiación ilegal de CDC en la trama del 3% en la Audiencia Nacional.

En el caso de la campaña de promoción turística que ahora está bajo lupa judicial, la Fiscalía atribuye a la alcaldesa los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Además de Candini, el fiscal también se ha querellado contra el propietario de la empresa adjudicataria, que había trabajado en el departamento de Comunicación de la Generalitat cuando gobernaba Convergència i Unió, y contra dos trabajadoras más que habrían facturado a esta empresa las horas extras que hicieron por la campaña publicitaria.

El contrato bajo sospecha, por la campaña És Calella, se adjudicó por 14.953 euros, un importe "muy cercano al límite legal de los contratos públicos menores, establecido en 15.000 euros sin IVA", subraya la Fiscalía en su querella. A partir de este importe, los proyectos se tienen que adjudicar por concurso público. Más allá de esta práctica habitual en numerosas administraciones, sin embargo, el ministerio público asegura que, a pesar de que el proyecto se adjudicó en junio de 2020, la campaña estaba hecha ya desde el mes de mayo y que el proyecto no se modificó ni una sola línea. Según la Fiscalía, las campañas en prensa escrita y en radio acabaron costando 89.000 euros más al consistorio.

Una auditoría extra

La Fiscalía asegura además que la alcaldesa se puso de acuerdo con el propietario de la empresa adjudicataria para que fuera él quien asumiera el coste de las horas extras que habían hecho dos trabajadoras del Ayuntamiento por la campaña. Para "compensar" estos 1.590 euros de más, después el Ayuntamiento de Calella habría adjudicado un nuevo contrato menor a la empresa para que entregara una auditoría sobre la campaña publicitaria És Calella.

Este segundo contrato se adjudicó a la misma empresa por 15.064 euros. Según la Fiscalía, sin embargo, el documento que entregó la empresa era muy sencillo. Tanto que, de acuerdo con los metadatos consultados por los investigadores, el fiscal calcula que la empresa no necesitó más de una hora y media para elaborarlo. Tampoco ha encontrado facturas que justifiquen el pago a las dos trabajadoras.