El juez que tildó el Procés de "golpe de estado encubierto" frena ahora el derecho de voto de la 'ley de amnistía'

MadridEl juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que consiguieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

Fue en una conferencia en Granada en el Club de la Constitución, que se define como un “observatorio crítico” de la constitucionalidad en España con el objetivo de “mantener vivo el espíritu” de la Transición. Allí presentó el Procés como un “golpe de estado encubierto” y aseguró que era “mucho más grave” por sus “consecuencias” que el golpe de estado del 23-F instigado por Antonio Tejero: “Allí no estaba en cuestión una cosa tan esencial como el principio de soberanía y, sobre todo, el principio de la unidad de España dentro de su diversidad”, argumentó. Cuatro años más tarde, esto le dejó fuera de los debates sobre la sentencia del juicio del Procés.

Pero no es su único vínculo con Cataluña. En su etapa en el Constitucional, Antonio Narváez fue el ponente de la sentencia que confirmó la condena por los hechos del asedio al Parlament de 2011. El alto tribunal desestimó los recursos que habían presentado ocho manifestantes después de que el Supremo los condenara revocando la absolución que había dictado la Audiencia Nacional. Precisamente, la semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó el concepto de violencia ambiental que se inventó Manuel Marchena en aquella sentencia y que posteriormente utilizó en la sentencia del Procés. Por cierto, hace poco más de un año, Narváez asistió a la presentación del libro de Marchena.

Expresó el deseo de que Feijóo llegue a la Moncloa

Ahora bien, la hemeroteca a la que el PSOE se ha aferrado para desacreditar a Antonio Narváez se remonta a abril de 2023. En una cena que mantuvo Alberto Núñez Feijóo con medio centenar de fiscales conservadores en un hotel de Madrid, expresó su deseo de que el líder del PP se convirtiera en presidente del gobierno español, según explicó El País en aquel momento. “Personalmente, digo que ojalá y ya me significo”, dijo. Pero no se quedó ahí. En un momento en que era fiscal de Sala de lo Contencioso del Supremo –lo fue dos años y medio después de abandonar el Constitucional–, dijo que Bildu era una “organización filoterrorista” y acusó a Pedro Sánchez de haber provocado el “deterioro de las instituciones”.

Desde Ferraz, han aprovechado este precedente para cargar contra el juez. “¿Eso es ser independiente?”, se preguntaba este lunes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. “Los socialistas tenemos ojos en la cara”, añadía, considerando que hay jueces que utilizan el calendario de las causas para ir contra el gobierno español: “Hay algunos que quieren y otros que llevan doce o catorce años y envejecen”. Y lamentó que, con la ley de nietos, Vox está haciendo el “programa electoral” al PP. “Si son españoles, deben poder votar”, remachó.

La JEC acata la decisión del Supremo

Justamente este lunes, la Junta Electoral Central ha asumido la decisión del Tribunal Supremo de bloquear el derecho a voto de los nacionalizados con la ley de nietos y ha reclamado a los consulados que le aporten la “certificación” que acredite que las personas que han obtenido la nacionalidad por esta vía son descendientes de exiliados. Era una de las exigencias que impuso el alto tribunal. Será necesario que demuestren que nacieron “fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”, que sufrieron exilio por “razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación o identidad sexual” y que “perdieron o renunciaron” a la nacionalidad española.

Lo que está bajo el ojo del huracán es una instrucción de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública –que es la hermana del ministro Óscar Puente– que se publicó cinco días después de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática y que presumía la condición de exiliados a todos los que salieron de España de 1936 a 1955. En este sentido, la JEC también ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral que haga un “desglose” entre las personas que consiguieron la nacionalidad directamente a través de la ley de memoria democrática y las que se beneficiaron de la instrucción.