La jueza de la dana pide a El Ventorro la factura del almuerzo de Mazón y fotos del reservado

Vox decidirá si vota a favor de la investidura de Pérez Llorca después de escuchar su intervención el jueves

Uno de los rótulos descolgados del restaurante El Ventorro de Valencia.
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ValenciaNuevo movimiento de la juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana. Con el objetivo de esclarecer la cronología de la tarde del 29 de octubre, la instructora pidió al propietario de El Ventorro, el restaurante de Valencia donde comieron Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana, que aporte información sobre el encuentro y el reservado donde tuvo lugar el almuerzo. En concreto, le requiere que aporte la factura de la comida y que detalle las dimensiones y envíe fotografías de la sala donde el jefe del Consell en funciones y la comunicadora estuvieron comiendo cuando las trombas de agua ya provocaban las primeras víctimas.

¿Pero por qué la magistrada quiere fotos de este reservado? En una resolución enviada a las partes este lunes, la instructora recuerda que son claves para determinar qué pudieron oír y qué no las personas que coincidieron con Mazón en el restaurante (desde sus escoltas hasta el propietario, pasando por Vilaplana). La togada también quiere aclarar una contradicción, dado que durante su declaración la periodista afirmó que no oía las conversaciones telefónicas de Mazón porque éste se levantaba y "se apartaba" para hablar con más discreción aprovechando que el reservado era amplio, mientras que el restaurador viernes dijo que no oyó hablar por teléfono en ningún momento a Mazón, que no le vio levantarse de la mesa y que el espacio era pequeño. Ruiz Tobarra también ha solicitado la factura y el contenido de la comida con el objetivo de precisar "la extensión de la comida".

La juez también ha reclamado que se contrasten los mensajes de WhatsApp que el día de la dana intercambió el candidato a relevar a Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, junto a la ex consellera Salomé Pradas, y quien era su segundo en el departamento de Justicia e Interior. Además, ha requerido la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat, donde es alcalde Pérez Llorca. Desde este terminal, el también secretario general del PP del País Valenciano telefoneó a Mazón a las 18.57 hy se comunicó con Pradas a las 18.57 h (no le cogió el teléfono), las 18.58 h (14 segundos de conversación) y las 18.59 h (9 segundos). Para conocer estos detalles, la magistrada cuenta con la colaboración del político del PP, que se ofreció el viernes a facilitar la información.

El dirigente conservador también ha sido noticia este lunes porque Vox ha anunciado que no desvelará si votará a favor de su investidura hasta escucharle en las Corts este jueves. Así lo ha dicho el portavoz estatal de los ultras, José Antonio Fúster, quien ha señalado que su formación "estará muy atenta" a las palabras del candidato popular. Fúster ha destacado el interés de su formación por conocer las propuestas de Pérez Llorca sobre la construcción de infraestructuras que eviten que una tragedia similar a la del 29 de octubre del año pasado "vuelva a ocurrir". En este sentido, ha detallado que no quieren firmar un nuevo acuerdo con sus socios porque los de Núñez Feijóo les han "engañado en muchas ocasiones". "Hemos aprendido a bofetadas que [los pactos] son ​​letra muerta [...], por eso esperamos su discurso de investidura", ha concluido el político de extrema derecha, quien ha destacado que si Pérez Llorca adopta "posiciones bipartidistas" votarán en contra.

"El retraso fue culpa de los técnicos"

Este lunes la dana también fue la protagonista en el Congreso, donde comparecieron la vicepresidenta valenciana y consellera de Servicios Sociales y Vivienda, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. La primera se ha sacudido la responsabilidad y ha justificado su desconexión de la reunión del Cecopio porque "no fue convocada" y ha destacado que si mantuvo la agenda para asistir a un acto de la patronal esa misma tarde fue por "responsabilidad". También defendió el funcionamiento del servicio de teleasistencia, pese a la muerte de más de 37 usuarios. "Cumplieron con la obligación. Los profesionales hicieron tantas llamadas telefónicas como pudieran para atender a los usuarios, movilizaron todos los recursos que pudieran. En unos casos lo consiguieron y en otros no", resumió.

En su turno, Mompó defendió desconocer los motivos del retraso del envío de la alarma, aunque apuntó que los posibles responsables son el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ahora ya jubilado. "La sensación no era que los políticos dirigieran el Cecopio, sino los técnicos", enfatizó. Se trata de la misma versión que expusieron los dos únicos acusados ​​hasta ahora en la causa, Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Durante su comparecencia, Mompó también ha afirmado que, por "increíble que parezca", el mensaje enviado a las 20.11 se difundió por la situación del embalse de Forata –que regula el río Magro y que se temía que podía colapsar– y no por el desbordamiento del barranco de Poio.

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