Uno de los puntos que incluye el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez es la cuestión de la financiación de Catalunya. En el apartado del escrito en el que desgranan las cuestiones que deben tratarse en la mesa de negociación en Suiza, con la presencia de un mediador internacional, se especifica la “superación de los déficits y las limitaciones del autogobierno”. Ahora bien, no concreta un pacto al respecto, sino que sólo recoge las posiciones de partida de cada parte negociadora. Juntos se compromete a poner sobre la mesa una "modificación de la Lofca que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad con la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat". Y, en este sentido, añade, que "facilite la cesión el 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". ¿Y qué defiende el PSOE? El documento recoge que los socialistas apostarán en esta negociación por medidas que permitan la "autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya", así como un "diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación". También se mencionaba la necesidad de un “plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña” de las empresas que se marcharon en 2017.
Junts y ERC compiten ahora por la medalla de la financiación
Ambos partidos tienen abiertas conversaciones con el PSOE sobre los recursos para Cataluña
BarcelonaLa competencia entre Junts y Esquerra es una tónica en la política catalana que se arrastra desde el inicio del Proceso y, tras las nuevas mayorías fruto de las elecciones del 12 de mayo, sigue siendo una variable clave de cara a las negociaciones para la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Si bien en el 2017 competían por quien era más unilateralista, seis años y medio después, con la aritmética fruto de las elecciones españolas del 23 de julio, la competencia es por quien se lleva más frutos de la negociación con el PSOE. Y si en los últimos meses todo se ha centrado en la amnistía, ahora cobra importancia el sistema de financiación. Un melón que tanto Esquerra como Junts pactaron abrir con el PSOE esta legislatura cuando decidieron apoyar a Pedro Sánchez.
Ahora bien, como ocurrió con la amnistía, que Junts y ERC negociaron en tablas separadas –solo a última hora hubo coordinación–, con el sistema de financiación se dibuja la misma dinámica. Para empezar, lo reclaman en dos marcos distintos. Como actores claves para hacer gobierno en Catalunya, ahora los republicanos han vuelto a situar esta cuestión sobre la mesa para investir a Salvador Illa. Una estrategia que ya critican desde Junts: fuentes del partido lamentan que ERC lo pida a cambio de apoyar al socialista en Catalunya, si Sánchez ya se había comprometido a abordarlo en el Estado. "Por el mismo precio [el PSOE] puede tener Isla investido y también presupuestos en el Estado", dice un alto dirigente juntero.
Y es que desde el partido que lidera Carles Puigdemont reclaman a Esquerra que no se negocie la financiación a cambio de la investidura catalana, sino que se condicione la estabilidad de Pedro Sánchez y los presupuestos del Estado. El propio Puigdemont aseguró en la campaña electoral del 12-M que no aprobaría las cuentas estatales del 2025 –que Sánchez necesita para seguir la legislatura– si no había un cambio legal para recaudar todos los impuestos desde Catalunya. Y el secretario general de Junts, Jordi Turull, se afianzó esta semana: "La negociación de la financiación propia para Catalunya no debería ir vinculada a una negociación sobre quién quiere ser presidente de Catalunya, sino sobre quién quiere tener presupuestos generales del Estado y ser presidente del gobierno de España". Desde Esquerra tampoco se ahorran las críticas a Junts. Remarcan que ERC hará su propia negociación con el PSOE y con el PSC, y alertan de que si Junts quiere sumarse que lo haga, pero que no quieren" jugadas maestras", ironizan.
La financiación de Aragonès
La propuesta que defienden los republicanos es la que presentó el propio presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, en marzo. El dirigente republicano defendió en ese momento que Catalunya tuviera la llave de la caja y establecer una cuota de solidaridad para aportar al resto de comunidades autónomas. Esquerra le puso el nombre de "financiación singular", lo que era, en la práctica, una propuesta casi idéntica al pacto fiscal que puso sobre la mesa al expresidente Artur Mas en el 2012 y que recibió el portazo del expresidente español Mariano Rajoy.
De entrada, Aragonès quería plantear su propuesta en el marco de una nueva comisión bilateral, que debía crearse de acuerdo con el pacto de investidura de ERC y el PSOE durante el primer trimestre de ' este año. Pero un compromiso incumplido por el PSOE: ahora mismo no se ha puesto ni la primera piedra. Por eso esta semana la portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, reclamaba al PSOE "hechos y pasos firmes" para avanzar hacia el concierto económico. Los socialistas han descartado esta opción tanto en Cataluña como en el Estado. De hecho, la propuesta del PSC es desarrollar el Estatut, que preveía que dos años después de la entrada en vigor de la norma debía crearse un consorcio "paritario" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del 'Agencia Tributaria catalana. Por ahora los republicanos no se mueven y exigen tener la llave de la caja. En este sentido, el viernes la consellera de Economía en funciones, Natàlia Mas, decía que sería "aceptable" el consorcio que plantean los socialistas, siempre que fuera "con mayoría de la Generalitat", adscrito a la administración catalana y con capacidad para recaudar todos los impuestos.
La cooperación necesaria
Pero para llegar a un cambio en el modelo de financiación, ambos partidos necesitan cooperar. ¿Por qué? Porque como ocurrió con la amnistía, que requería el apoyo de toda la mayoría plurinacional en el Congreso, cualquier reforma que implique un sistema similar al concierto económico para Catalunya requiere una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades (Lofca). Y, por tanto, que se apruebe por mayoría absoluta en la cámara española y que se llegue a un entendimiento que pueda poner de acuerdo Esquerra i Junts. Pero no sólo: también el PNV y Bildu –que siempre han preferido no implicarse en el tema de la financiación catalana–, además de los socios más pequeños, que esta semana ya se han puesto en pie de guerra porque ven perjudicados a los suyos territorios, como Compromís y la Xunta Aragonesista.
¿Volverán a cooperar, pues, Esquerra y Junts en la financiación como hicieron por la ley de amnistía? El verano, en el que se producirán las negociaciones, será clave para saberlo, pero existe una diferencia respecto a la negociación sobre el olvido judicial: si hay pacto entre Esquerra y el PSOE y el PSC para un nuevo financiación, implica que habrá nuevo gobierno en Catalunya, con Isla de presidente. Un objetivo –el del PSC al frente de la Generalitat– que Junts no comparte y que es difícil que abone participando en un entendimiento que desemboque en ese horizonte. Hay que tener en cuenta, de hecho, que Puigdemont mantiene que quiere intentar una investidura en Catalunya, no sólo con el apoyo de Esquerra sino también con la abstención del PSC, lo que implicaría que Salvador Illa abandonara la carrera en la Generalitat. El líder socialista ya ha dicho por activa y por pasiva que esto no va a suceder, pero Junts mantendrá la presión con la aprobación (o no) de los presupuestos del Estado como principal palanca de negociación.
Los acuerdos para investir a Sánchez ya incluyen hablar del dinero para Cataluña
Aparte del compromiso por mantener la mesa de diálogo o también el traspaso de Cercanías, el documento que pactaron el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez también incluía abordar una reforma de la financiación de Catalunya. Ambos partidos se comprometieron a abrir una comisión bilateral entre ambos gobiernos durante el primer trimestre de este año –no se ha hecho– para abordar esta cuestión. Había que debatir "cómo conseguir una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña", además de "cómo asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión incluidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña". Socialistas y republicanos también ponían por escrito un “diagnóstico común” sobre la situación del actual modelo de financiación y establecían, por ejemplo, que Cataluña era “uno de los principales motores económicos del Estado y la tercera comunidad que más recursos aporta a el Estado”, y ambos partidos se comprometían a “abordar jurídica y económicamente” esta cuestión, así como el “problema de infraejecución de inversiones en materia de infraestructuras” o los “incumplimientos de las obligaciones de inversión” de el Estatut.
