La financiación singular de Aragonès y el pacto fiscal de Mas: dos propuestas casi idénticas

BarcelonaCon el Proceso ya superado, el Govern ha recuperado la idea de una nueva financiación, que parte de la misma premisa exacta que el pacto fiscal y que, de hecho, ha sido una reivindicación histórica de los sucesivos ejecutivos catalanes: la Generalitat debe recaudar todos los impuestos que se generan en Cataluña. Este hecho situaría a la Generalitat en una posición equivalente a la de los gobiernos del País Vasco y Navarra, ambas autonomías con un sistema foral reconocido por la Constitución y que ya tienen una Hacienda propia (en el caso vasco tres, una por provincia) que gestiona la fiscalidad en lugar de la Agencia Tributaria estatal.

La propuesta actual, llamada financiación singular para el Govern, es muy similar al pacto fiscal que en 2012 aprobó el Parlament y el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentó al gobierno español. Las circunstancias han cambiado, pero el grueso de la propuesta se asemeja mucho.

Contexto político diferente

La principal diferencia entre ambos documentos no está en el contenido, sino en el contexto político y económico del país. El pacto fiscal del 2012 fue una propuesta del Gobierno catalán que contaba con el apoyo del Parlament, que en julio de ese año aprobó una moción de apoyo para que la Generalitat reclamara un modelo de financiación diferenciado para Catalunya. En la cámara catalana, el texto contó con el apoyo de CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya, y el PSC también votó a favor de todos los puntos excepto de la idea de que Catalunya tuviera un modelo propio. El PP se abstuvo.

Mas se reunió con Rajoy en la Moncloa en septiembre de ese mismo año –en plena crisis del euro y menos de cuatro meses después de que la UE rescatara al Estado–, pero el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cerró de entrada la puerta a cualquier negociación. Mas respondió dando por terminados los acuerdos de legislatura que CiU tenía con el PP y convocando elecciones para diciembre. La reunión, resumida por Mas con la frase "eso no ha ido bien", se produjo pocos días después de la primera gran manifestación multitudinaria del independentismo de un Onze de Setembre, que había sido precedida anteriormente por otras grandes manifestaciones soberanistas, sobre todo la del 2010 a raíz de la sentencia del Constitucional que recortaba el Estatut .

El pacto fiscal, pues, quedó aparcado y se abría formalmente la etapa del Proceso, en la que los partidos nacionalistas viraron hacia posiciones independentistas.

Similitudes casi totales en el contenido

El pacto fiscal de Mas y la financiación singular de Aragonès son "prácticamente iguales", explica Guillem López Casasnovas, catedrático de economía pública en la UPF y actual presidente del Consejo Asesor en Política Económica de Catalunya (Capec), uno de los órganos que han asesorado al departamento de Economía para elaborar la propuesta. Además, también fue miembro del Carec, el Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento, que realizó la misma labor en 2012 con el pacto fiscal.

Ambas propuestas parten de la idea de que toda la recaudación, gestión e inspección del 100% de los impuestos que pagan los catalanes debe ir a cargo de la Agencia Tributaria de Cataluña y, posteriormente, la Generalitat y el Estado acordarían el pago de dos transferencias al Estado. La primera serviría para financiar los servicios que la administración estatal ofrece a los catalanes, que son muy variados: desde la diplomacia hasta el ejército, pasando por infraestructuras (Adif o Renfe son estatales) o instituciones, como el Banco de España o los reguladores de mercados y la competencia, entre otros.

La segunda transferencia correspondería a una cuota de solidaridad. Es decir, un pago adicional que Catalunya, como comunidad rica, haría para contribuir a la "nivelación territorial" de las finanzas públicas y ayudar a que las comunidades con menor renta tengan unos ingresos equiparables a los de las ricas. Si en un futuro Catalunya se ubicara entre las autonomías más pobres, esta transferencia sería positiva a favor de la Generalitat, pero de momento no es el caso.

Automatismo en la solidaridad

De hecho, el cálculo de esta transferencia es prácticamente el único punto en el que existen diferencias entre las propuestas de 2012 y 2024. En ambos casos se pone como condición que se respete el principio de ordinalidad, es decir , que Catalunya no acabe recibiendo menos dinero por ciudadano que comunidades que menos recaudan. Ahora bien, la propuesta que hizo Carec en 2012 incluía la creación de un mecanismo automático para calcular la transferencia de nivelación territorial, basado en el peso de la renta y de la recaudación de impuestos de cada autonomía.

En cambio, el texto presentado esta semana por el Govern no incluye este mecanismo, sino que la cuota de la transferencia queda abierta a "la negociación" entre la Generalitat y el Estado, explica Miquel Puig, secretario de Asuntos Económicos y Fondo Europeo de la Generalitat, profesor de teoría económica de la UB y uno de los artífices de la propuesta. El cálculo de las dos transferencias se haría, pues, como el cupo vasco en el caso del pago al Estado por los servicios e inversiones que realice en Catalunya y, en lo que se refiere a la cuota de solidaridad, en una "negociación similar a la actual" entre gobiernos.

"Lo que se acuerda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dura cinco años" oficialmente, pero en caso de que no haya un nuevo acuerdo se mantendría el modelo actual sin cambios, recuerda López Casasnovas. Es lo que ha ocurrido con el sistema de financiación actual, que habría tenido que revisarse en 2014 y 2019, pero no se revisó por falta de acuerdo político.